El Dictador
Según la Real Academia Española, dictadura, en la época moderna, es el régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o a veces en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales.
Otra definición, del prestigioso sitio web Wikipedia, expresa: La dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo o élite, generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto, que se caracteriza por una ausencia de división de poderes, una propensión a ejercitar arbitrariamente el mando en beneficio de la minoría que la apoya, la independencia del gobierno respecto a la presencia o no de consentimiento por parte de cualquiera de los gobernados, y la imposibilidad de que a través de un procedimiento institucionalizado la oposición llegue al poder.
El 30 de agosto de 1990, en el “Encuentro Vuelta” organizado por Octavio Paz y transmitido por Televisa, un invitado incómodo, que veinte años después ganaría el premio Nobel de Literatura, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, definió al sistema político mexicano como “la dictadura perfecta”, argumentando que, a pesar de no tener un régimen militar, funcionaba de manera muy eficaz, “camuflageado”, en el que no era un solo hombre quien ejercía el poder sino un partido, el PRI.
Hoy vemos que el término “dictadura perfecta” de Mario Vargas Llosa se ha sofisticado más con la presencia de otros partidos, de derecha e izquierda, a quienes el PRI les delegó una pequeña parte de su poder para “legitimarse”, conformando la partidocracia criminal.
En este contexto, Enrique Peña Nieto (definido por el escritor Francisco Cruz en su libro titulado “Los Golden Boys” como un junior sin ideología política -cuya única bandera es la del atraco a las arcas públicas- y con escasa preparación académica), llega a la presidencia de la República de manera ilegal, pisoteando las leyes electorales comprando votos y violentando en mucho el tope de gastos de campaña, apoyado por grupos de políticos mafiosos y por los poderes fácticos, es decir, por esa élite del empresariado delincuencial depredador que sexenio tras sexenio se ha venido apoderando de las instituciones del Estado mexicano para saquear tanto el erario como los recursos naturales de la nación.
En pocas palabras, estos clanes de políticos y oligarcas hamponeriles, con el dinero que nos roban, nos impusieron en la presidencia a un sujeto insensible y frívolo que no tiene ni la menor idea de lo que significa conducir a un país para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de sus habitantes. Por el contrario, Enrique Peña Nieto ha beneficiado solamente a esos gremios delictivos que lo empotraron en la silla presidencial.
Y las consecuencias de estas ambiciones sin límites las está padeciendo el pueblo de México con un balance dramático: disminución de ingresos económicos en las familias mexicanas por la explotación laboral y el desempleo; aumento de la pobreza con más de 55 millones de ciudadanos en esta condición (dos millones más en lo que va del sexenio de Peña Nieto); privatización gradual de PEMEX y CFE, con la consiguiente “escasez” premeditada de gasolina y aumento en las tarifas de energía eléctrica; estallamiento político-social en los sectores educativo y de salud por las reformas constitucionales impuestas que perjudican a los trabajadores de estos ramos y a la ciudadanía, y benefician a la oligarquía; devaluación del peso en un 20% (al terminar el anterior sexenio su cotización era de 13 pesos por dólar y al momento de cerrar esta edición es de 16 pesos por dólar), y un incremento alarmante de inseguridad.
A todo lo anterior se suma la complicidad abierta del gobierno federal con el crimen organizado (con la anuencia de Washington), tanto para facilitarle a los carteles de las drogas el trasiego de estupefacientes hacia los Estados Unidos como para proteger a bandas de extorsionadores en amplias regiones del país. En ambos casos, el Ejército, la Marina y las fuerzas policíacas federales, bajo las órdenes de Enrique Peña Nieto, están ejerciendo prácticas de exterminio dirigidas en contra de la población civil y de activistas políticos que se oponen al dominio de estas agrupaciones criminales y al mismo tiempo rechazan las políticas antinacionales de la élite gubernamental que encabeza Peña Nieto, ya sea negándose a ser extorsionados, impidiendo la explotación irracional de recursos naturales o defendiendo los territorios que el gobierno peñista pretende expropiarles para cumplir la reforma energética pactada con intereses extranjeros.
En este panorama se han dado las liberaciones y “fugas” de importantes capos (Rafael Caro Quintero y Joaquín El Chapo Guzmán) y el apresamiento de líderes sociales como el Dr. Mireles, la comandante Néstora Salgado y el líder comunitario de Ostula, Cemeí Verdía Zepeda, cuya aprehensión provocó el asesinato de dos niños y un anciano por parte de elementos del ejército en esta población, ubicada en el municipio de Aquila, en Michoacán.
Así las cosas, al parecer esa orden que Enrique Peña Nieto ha dado a las fuerzas armadas de “abatir delincuentes en horas de oscuridad” se ha ampliado asesinando a ciudadanos inocentes a plena luz del día, atacándolos inclusive con helicópteros artillados.
Quizá Enrique Peña Nieto pretende, a base de matanzas, desalentar los estallamientos sociales que seguramente se avecinan en los próximos años electorales.
Después de los genocidios y asesinatos de Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Ostula y muchos otros en los que ha estado involucrado el ejército de Peña Nieto, solo al pueblo le corresponde terminar con esta dictadura y darse de inmediato otra forma de gobierno… o seguir viviendo esta larga noche en la que la pobreza y la sangre tocan cada día más puertas.