Ex alcaldes de Durango y Poanas IMPUNES Por millonario fraude a constructores
Fernando Miranda Servín.
En marzo de 2012, los alcaldes en funciones de Durango y Poanas, Adán Soria Ramírez y Raúl Piedra Macías, respectivamente, asignaron a varios empresarios de la construcción duranguenses millonarios contratos para realizar obras públicas, sin participar en concursos de licitación, a cambio de que depositaran el 1% del valor total de los contratos en cuentas bancarias pertenecientes a “gestores” cercanos al entonces secretario de Hacienda y Crédito Público y actual senador de la República, el panista Ernesto Cordero.
Fueron seis empresarios los que depositaron más de 10 millones de pesos en la cuenta bancaria del Consorcio R&G S.A. de S.V., para que esta a su vez entregara esta cantidad de dinero a los personeros de Ernesto Cordero, el Lic. Rafael López Esquer y el Mayor Bernardo Terrazas Salgado; sin embargo, a pesar de haber hecho los depósitos solicitados y de haber firmado los contratos con los alcaldes de Durango y Poanas, jamás recibieron los recursos para iniciar las obras públicas.
La maquinación de este fraude comenzó en septiembre de 2011, en la ciudad de Puebla, en donde Adán Soria Ramírez y Raúl Piedra Macías se contactaron con el Lic. Rafael López Esquer, colaborador del Mayor Bernardo Terrazas Salgado, supuesto funcionario cercano al en ese momento secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo. López Esquer les manifestó a los alcaldes duranguenses que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaban disponibles partidas millonarias de dinero pertenecientes al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y al Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM), pero para acceder a esos fondos era necesario que los solicitaran por escrito al mismo secretario de Hacienda, y el 28 de septiembre de 2011, mediante los oficios con números DOP/600-D/11, PRES/093/2011 y MVGOP/0116, solicitaron al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, la inclusión de sus municipios en el FIDEM y, efectivamente, el 7 de octubre y el 14 de noviembre de ese mismo año, respectivamente, recibieron por parte de la SHCP las llamadas carátulas oficiales de las obras a realizar, así como el monto “preautorizado” de las mismas.
“El ex presidente municipal de Vicente Guerrero, Ing. Enrique García Solís, y su hijo Fernando García Quezada, nos buscaron para contactarnos con Adán Soria y Raúl Piedra, ellos nos mostraron los documentos oficiales de la secretaría de Hacienda que ‘preautorizaban’ las obras”, comenta uno de los empresarios defraudados.
“El ex presidente municipal de Vicente Guerrero, Ing. Enrique García
Solís, y el actual delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Ing. Abraham Moreno García, como intermediarios, nos dijeron que no habría concursos de licitación, que nos iban a asignar las obras por adjudicación directa, y al ver esos documentos oficiales tuvimos confianza en que las cosas se harían de manera legal”, expresa otro de los empresarios timados.
A finales de enero y principios de febrero de 2012, los constructores duranguenses firmaron sendos contratos millonarios con los alcaldes de Durango y Poanas para realizar diversas obras públicas, contratos que superaban los 100, 200 y 300 millones de pesos.
“Fueron Adán Soria Ramírez, Raúl Piedra Macías, Enrique García Solís y Abraham Moreno García los que nos sentaron a platicar con nuestros defraudadores, el Lic. Rafael López Esquer y el supuesto Mayor Bernardo Ramón Rafael Terrazas Salgado, quienes una vez que los alcaldes de Durango y Poanas nos asignaron los contratos y los firmamos nos pidieron el 1.1% del valor del monto total de cada una de las obras que nos habían asignado; esto, según ellos, porque los municipios no tenían dinero para pagar los estudios de factibilidad, que eran un requisito indispensable que se tenía que entregar a BANOBRAS para que se pudieran bajar los recursos federales”, agregan los empresarios despojados.
“Adán Soria y Raúl Piedra nos dijeron que ese 1.1% nos sería devuelto cuando la Secretaría de Hacienda y BANOBRAS les entregaran los recursos del FONADIN y del FIDEM”, abunda el Ing. Julio César Rodríguez Martínez, propietario de Construcciones Nueva Vizcaya S.A. de C.V., quien fue defraudado con más de 5 millones de pesos.
Al ver que pasaban los meses y las autoridades municipales de Durango y Poanas no cumplían con las entregas millonarias de dinero para que comenzaran a realizar las obras públicas que les habían sido asignadas bajo contrato, el 24 de enero de 2013 los empresarios decidieron acudir a la Fiscalía General de Durango para presentar su denuncia de hechos y solicitar la averiguación previa correspondiente por el delito de fraude y lo que resulte en contra del Lic. Rafael López Esquer y el Mayor Bernardo Ramón Rafael Terrazas Salgado, supuestos asistentes del ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, y también en contra de los ex alcaldes de Durango y Poanas, Adán Soria Ramírez y Raúl Piedra Macías, pero hasta la fecha esta averiguación previa se encuentra “congelada” en la Fiscalía General de Durango, a cargo de la Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso.
“Ya pasaron más de 7 meses y la Fiscal General de Durango no hace absolutamente nada para detener a nuestros defraudadores, a pesar de las pruebas documentales que le hemos entregado, como son las fichas de depósito de las cantidades de dinero que nos robaron y los contratos con los que nos engañaron los alcaldes de Durango y Poanas, Adán Soria y Raúl Piedra”, manifiesta indignado el Ing. Julio César Rodríguez Martínez.
Ahora, este empresario de la construcción y los otros cinco que se atrevieron a denunciar estos hechos están vetados por la administración del actual presidente municipal de la ciudad de Durango, el priísta Esteban Villegas, y por el gobierno estatal, encabezado por Jorge Herrera Caldera, ya que, manifiestan, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Arq. César Guillermo Rodríguez Salazar, no les otorga contratos a sus empresas.
Este funcionario corrupto, quien ya lleva ocupando el mismo cargo desde el sexenio anterior, en numerosas ocasiones ha sido señalado por solicitar dádivas a los empresarios de la construcción a cambio de favorecerlos con contratos para realizar obras públicas; también, César Guillermo Rodríguez Salazar fue exhibido recientemente por el ex subdirector del Instituto de Cultura del Estado de Durango, Arq. Fernando Andrade Cansino, por manifestar costos abultados de las demoliciones que la secretaría a su cargo ha hecho de algunos edificios, como el de Sears, que se ubicaba en pleno centro de la ciudad capital de Durango. “El titular de Obras Públicas, César Guillermo Rodríguez Salazar, dice que la demolición del edificio de Sears costó 15 millones de pesos, pero ese trabajo no vale más de 5 millones”, dijo el Arq. Fernando Andrade a algunos medios de comunicación locales.
Hoy, es un grupo muy selecto de constructores allegados a este titular de Obras al que frecuentemente se le conceden contratos millonarios sin participar en concursos de licitación. Pero algunos se quejan: “hemos hecho tramos carreteros que van a dar a las propiedades de algunos gobernantes y ex gobernadores, y no nos pagan estos trabajos”.
Y la especie que ya corre como reguero de pólvora en los corrillos duranguenses es que este gobernador, Jorge Herrera Caldera, está realizando obras “públicas” para elevar la plusvalía de algunas propiedades de ex gobernadores y famosos empresarios que recientemente han decidido invertir sus fondos en la capital de este estado norteño.
Así, utilizando los recursos públicos para favorecer intereses particulares, Jorge Herrera Caldera cumple tres años de gobierno, un gobierno marcado por la ineficacia y corrupción de la mayoría de los integrantes de su gabinete, y por la impunidad y falta de transparencia en el manejo del erario.
