Los golpes mediaticos que no logran legitimar a Peña Nieto

    Julián Le Barón, incansable activista social que refleja el sentir de la mayoría de los mexicanos.
     

    A estas alturas, nadie en su sano juicio cree el teatro mal montado de la solitaria “captura” del famoso narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, personaje del hampa que siempre andaba custodiado por al menos una docena de elementos de su cartel, el cartel de Sinaloa, y quien, sin embargo, fue detenido como detienen a cualquier vulgar ladrón. Es evidente que a Joaquín Guzmán Loera le ordenaron entregarse porque ya no le era funcional a la clase gobernante mafiosa, porque lo inflaron y lo protegieron tanto que ya era insostenible mantenerlo en libertad, y el grupo en el poder aprovechó el desgaste de este capo para dar un golpe mediático e intentar, nuevamente, legitimar al titular del Poder Ejecutivo de la nación, debilitado en extremo por las protestas nacionales en contra de su política privatizadora y la pérdida del control de la seguridad nacional.

    Este acto carpero es el mismo que el gobierno federal dio al apresar a la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, que, en los hechos, al pueblo de México no le ha servido de nada, pues, que sepamos, hasta la fecha permanece intacto el patrimonio multimillonario que esta mujer amasó de manera ilegal, es decir, que se robó, y que nos pertenece a todos los mexicanos.

    Al pueblo de México ya no se le puede engañar tan fácilmente, ya que sabe muy bien que si Elba Esther Gordillo está presa también lo deberían estar, con igual o más razón, otros personajes sórdidos como el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, el ferrocarrilero Víctor Flores Morales, los ex gobernadores de Coahuila y Durango, Humberto Moreira Valdez e Ismael Hernández Deras, y muchos otros que difícilmente podrían justificar las fortunas insultantes que poseen… fortunas producto de sus atracos al erario.

    “Si la captura de El Chapo Guzmán es una medida seria del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, el ex presidente Felipe Calderón y su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, deberían de estar muy preocupados”, declaró recientemente la escritora y periodista Anabel Hernández, experta en temas del narcotráfico, como también deberían de estar preocupados otros políticos prominentes que estuvieron al servicio de este jefe mafioso o lo protegieron.

    Otro experto en este terreno, el investigador de la Universidad de Columbia, Nueva York, y presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, Edgardo Buscaglia, argumenta que de nada sirve la captura de Joaquín Guzmán Loera si no se desmantela toda su red financiera, soportada en empresas “legales” que sirven para realizar el “lavado de dinero”, producto del narcotráfico, y para extender su poderío; “también se debe detener a todos esos políticos que brindaron protección o sirvieron a El Chapo Guzmán”, dice Buscaglia. “Cuando empiece a haber esas detenciones de políticos y esos desmantelamientos, incautaciones y decomisos de activos reales, voy a ser el primero en aplaudir”, remata el también experto en seguridad.

    Y mientras en el Coliseo mexicano todo es algarabía y euforia porque uno más de los “esclavos” del imperio fue echado a los leones, nuestros legisladores siguen adelante con la reforma energética, cuyas leyes secundarias aprobarán a como mejor convenga a sus intereses partidistas y personales, y a como mejor convenga a los intereses de los empresarios extranjeros, que en breve explorarán y extraerán nuestro petróleo a discreción.

    En materia de transparencia, los ciudadanos seguiremos siendo impedidos de conocer en detalle cómo dispone del erario la partidocracia hamponeril que nos gobierna, y seguiremos sin poder atarles las manos a los gobernadores  y ediles de los estados para que ya no sigan endeudándonos solicitando millonarios préstamos bancarios, buena parte de los cuales van a parar a sus bolsillos.

    Finalmente, nos interesa que encarcelen a los delincuentes, pero los ciudadanos queremos atestiguar una justicia pareja y no selectiva, y, sobre todo, queremos ver que esos peces gordos que están en la cárcel, y los que están en libertad, nos devuelvan todos los miles de millones de pesos que han sustraído del erario, con los cuales muy probablemente podríamos bajar considerablemente los dramáticos índices de pobreza que tiene nuestro país.

    Apliquemos pues la máxima que los integrantes del 3er. Congreso Nacional Ciudadano, llevado a cabo el 20 y 21 de febrero en la ciudad de Monterrey, nos recordaron: que nosotros, los ciudadanos, somos el Primer Poder, somos los mandantes, y nuestros gobernantes son nuestros empleados. Tomémonos la libertad de no votar por ellos, de despedirlos cuando nos engañen, cuando nos roben, cuando vendan lo que no les pertenece, y cuando se nieguen a respetar nuestro derecho de elegir a quien nosotros queramos que nos gobierne.

     

     

     

     

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