Aispuro boicoteando a Aispuro
Fiscal Anticorrupción, la sociedad debe decidir
Fernando Miranda Servín.
Desde el 27 de mayo de 2015 el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción. El 18 de julio de 2016 se publicaron las leyes secundarias que dan vida a este sistema, y desde ese momento las entidades federativas tuvieron la obligación de adecuar sus leyes locales para crear sus respectivos Sistemas Locales Anticorrupción, ya que el plazo se vencía el 18 de julio pasado.
Así, la mayoría de los gobiernos estatales cumplieron con esta tarea de manera satisfactoria y otros, como Durango, de forma regular, haciéndose notorios Chihuahua y Veracruz por su total ausencia de trabajo. Después de todo, ¿qué urgencia debían tener algunos gobernantes, en su mayoría corruptos, por tener a tiempo un Sistema Local Anticorrupción eficaz y libre de controversias que pudiera ser capaz de encarcelarlos a ellos mismos en un momento dado?
Hoy, cumplido el plazo Constitucional, la mayoría de los gobiernos estatales, incluyendo el federal, aunque ya tienen el marco jurídico que sustenta el funcionamiento de dicho sistema, no han nombrado a sus respectivos Fiscales Anticorrupción, un tanto porque no les interesó, otro tanto porque no realizaron un buen cabildeo legislativo para consensar el nombramiento de su Fiscal y, lo más importante, porque no le tomaron parecer a la ciudadanía.
Este último punto está causando fuerte polémica en Durango, entidad norteña que apenas hace un año se libró de la dictadura priísta corrupta que mantuvo en su poder la gubernatura durante los últimos 90 años, pero aún sostiene una tambaleante mayoría en el Congreso local, y es que en la sesión del pasado 18 de julio la mayoría conformada por los diputados del PRI (y apoyados por la ausencia de la diputada panista Gina Campuzano González, quien no acudió a dicha sesión, según ella, “por motivos de salud”) desecharon la propuesta del gobernador de corte panista-perredista, José Rosas Aispuro Torres, para que el Lic. Héctor García Rodríguez fuera el ungido para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción.
Héctor García Rodríguez tiene en su historial el haber sido delegado de la PGR en Chihuahua y Coahuila, durante los sexenios de Jesús Reyes Baeza Terrazas y Humberto Moreira, respectivamente, y quizá por este detalle de haber pertenecido a una institución altamente corrompida el gobernador Aispuro Torres debió de considerar más de una vez su propuesta.
Otra razón que motivó el rechazo de la bancada priísta a la propuesta del gobernador panista-perredista fue el hecho de que Aispuro Torres había anunciado que tomaría parecer a la ciudadanía para proponer al Congreso local el nombre del Fiscal Anticorrupción, cosa que no sucedió pues apenas unas horas antes de que Aispuro Torres presentara su propuesta al Congreso, su secretario de Gobierno, el Arq. Adrián Alanís Quiñones, y las cúpulas de los principales organismos empresariales de Durango le tomaron el pelo a la ciudadanía haciendo la pantomima de que el gobierno de Durango tomaba en cuenta a los empresarios recibiendo de ellos 19 propuestas para, finalmente, entregar al Congreso la propuesta elegida desde un principio por el gobernador, es decir, la de Héctor García Rodríguez, causando el malestar de la ciudadanía que de inmediato comenzó a manifestarse en las redes sociales.
De esta manera, José Rosas Aispuro Torres, principal exponente del “gobierno del cambio”, perdió una oportunidad de oro para ser considerado un auténtico estadista que realmente está de lado de la ciudadanía y la toma en cuenta, porque boicoteándose a sí mismo no previno desde hace tiempo trabajar con el pueblo duranguense y presentar al Congreso una propuesta enteramente ciudadana que la bancada priísta no se hubiera atrevido a rechazar.
Hoy, el pueblo duranguense está siendo rehén de dos grupos de poder que a toda costa quieren imponer a capricho a un Fiscal Anticorrupción a modo: los priístas, a uno que no encarcele a los ex funcionarios que se fueron; y los panistas-perredistas, a uno que no encierre a los que acaban de llegar.
Es indudable que al líder de la bancada priísta, Luis Enrique Benítez Ojeda, principal operador del rechazo a la propuesta aispurista por considerarla antidemocrática, le sobra colmillo para manejar estos asuntos en el Congreso local de Durango, y es evidente que al gobernador Aispuro Torres le hacen falta verdaderos asesores políticos, pues es inaceptable que quienes ayer formaron parte y apoyaron rabiosamente a la dictadura priísta hoy se ostenten como paladines de la democracia.