La estafa maestra, los “dreamers” y el gobernador nepotista
No cabe duda que la corrupción ha inundado todas las dependencias de gobierno en el país, de cualquier nivel. Por desgracia, esto no es algo nuevo ni un secreto a voces, y con la tecnología actual muchísimos más casos de corrupción se han dado a conocer, pero a pesar de esto existe la misma impunidad de antaño y la misma indiferencia pues como sociedad nos hemos acostumbrado, sin ningún pudor, a tolerar actos deleznables de nuestros gobernantes sin exigirles enérgicamente que paguen las consecuencias de sus latrocinios.
Un robo más, un robo menos, qué importa, al fin de cuentas nada pasará. Los mismos grupos de saqueadores se cubren unos a otros. Sin embargo, no dejó de sorprendernos la publicación del portal digital Animal Político titulada “La estafa maestra”, una investigación realizada en conjunto con la organización social Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que revela datos precisos de cómo por lo menos 11 dependencias del gobierno federal han desviado miles de millones de pesos de programas sociales utilizando prestanombres, empresas fantasmas y hasta universidades públicas como intermediarios, desconociéndose, hasta el momento, el destino final de esas enormes cantidades de dinero que ascienden a más de 7 mil millones de pesos.
Algunos de los implicados son personajes como Rosario Robles cuando fue titular de la Sedesol; Alfredo del Mazo al frente de Banobras; Emilio Lozoya en PEMEX, y altos funcionarios de la Sedeco, SCT, Fovissste, Inea, Registro Agrario, Senasica, Sagarpa y la SEP, más los sórdidos dueños de las empresas fantasmas y, lo más penoso, los directivos de las instituciones educativas que se prestaron a ese robo.
Ahora lo importante es saber si después de esta estruendosa denuncia alguien hará una investigación para detallar responsabilidades.
Así las cosas, hasta la iglesia católica ha criticado este vergonzoso hecho, y ha pedido que se devuelva el dinero para que llegue a los programas destinados, en su mayoría para atender a sectores de muy escasos recursos.
Este escándalo, que involucra a varios integrantes prominentes del gabinete presidencial, es un descalabro más para Enrique Peña Nieto, que apenas en su quinto informe de gobierno declaró que “México está mejor que hace cinco años”.
Ahora, con la determinación de Donald Trump de eliminar el programa que apoyaba a los jóvenes “dreamers” (más de 800 mil mexicanos), se tiene la duda si realmente el gobierno de Enrique Peña Nieto pueda brindarles una oportunidad de trabajo y estabilidad en caso de que sean deportados, ya que este gobierno ni siquiera es capaz de atender a los jóvenes que habitan en los estratos más desprotegidos del país, en donde son pocas las oportunidades de laborar con un salario digno y acorde a los estudios realizados.
Los soñadores (“dreamers”) no hablan español, y además de todo no quieren regresar a sus países de origen (la gran mayoría son mexicanos). Mientras tanto, el canciller Luis Videgaray viajó a Estados Unidos para reunirse con los “dreamers”, como si de veras algo pudiera resolver, pero este viaje más bien lo hizo para promocionar su imagen rumbo al proceso electoral de 2018, como todos los actores políticos que aprovechan cualquier situación para ponerse frente a los reflectores, aún en medio de tragedias como las acaecidas en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, fuertemente golpeados por el terremoto del pasado 7 de septiembre, y Veracruz tras el paso del huracán Katia, entidades en las que los gobernadores, sus familiares y funcionarios federales no perdieron el tiempo para hacer proselitismo político a su favor en medio de la desgracia de los damnificados, aparentando falsas posturas “caritativas”. Por fortuna, es mucho más fuerte y auténtica la solidaridad que el pueblo se da a sí mismo.
Falta muchísimo por hacer en una sociedad tan agraviada por la clase política, que ya sin ningún recato nos restriega en la cara sus abiertos actos de corrupción, como el caso del gobernador duranguense de extracción panista, José Rosas Aispuro Torres, y su esposa Elvira Barrantes, quienes al día siguiente de que tomaran posesión de sus cargos, hace un año, como mandatario estatal y presidenta del DIF, inmediatamente colocaron en cargos relevantes del gobierno local a más de media docena de parientes, practicando un indignante nepotismo, además de haber nombrado como integrantes de su gabinete a algunos personajes que cuentan con historiales verdaderamente delincuenciales. Otro detalle que refleja la corrupción de este gobernante y sus tratos inconfesables se manifiesta en las principales ciudades de Durango, en las que abiertamente se ejerce el narcomenudeo a plena luz del día, situación que no se daba ni siquiera en los gobiernos priístas corruptos.
Esperemos que en el 2018 la ciudadanía en su conjunto tenga otro más de sus despertares y pueda sacudirse a una buena parte de políticos indeseables que solo buscan el poder por el poder y, por supuesto, seguir metiéndonos las manos en los bolsillos.