La Justicia Selectiva, Garantía De Seguridad Para Políticos Corruptos
No dejan de ser positivas las investigaciones que el gobierno federal, a través de la PGR, realiza sobre las actividades ilícitas de la empresa denominada Oceanografía, que a través del tráfico de influencias fue contratada por PEMEX para prestar servicios que no estaba capacitada para proporcionarlos, haciéndolo a cambio de cobros exorbitantes que dañaron severamente el erario. Y en este entramado corrupto han salido a relucir, una vez más, los nombres de los hijastros del ex presidente Vicente Fox y otros personajes privilegiados cercanos a la jerarquía panista, que se enriquecieron de manera ilegal durante los sexenios foxista y calderonista.
Pero como sucede en la mayoría de estos casos, la ciudadanía testimonia investigaciones y algunos encarcelamientos pero difícilmente ve que se restituyan al patrimonio nacional los miles de millones de pesos sustraídos por estas auténticas bandas delincuenciales.
Y en este esquema, nos hemos acostumbrado a observar estos acontecimientos como meros ajustes de cuentas entre bandos políticos. Ajustes de cuentas que nada tienen que ver con la aplicación real de justicia ya que, dependiendo de quien ostente el poder, se ejercen acciones penales, se dilatan o se desechan, y esto no es lo que necesitamos los contribuyentes para inhibir de una vez por todas los saqueos indiscriminados que los carteles de la partidocracia llevan a cabo en todas las instituciones que conforman el Estado mexicano.
Los ciudadanos nos hemos acostumbrado también a atestiguar mudamente y hasta a participar de la manera más común en los festejos insultantes que realizan no pocos de nuestros gobernantes, en los que dilapidan millones de pesos que han obtenido de forma ilegal durante el desempeño de sus funciones, como el caso del ex gobernador duranguense y actual senador de la República, Ismael Hernández Deras, quien en su cumpleaños se gastó por lo menos 10 millones de pesos. ¿Quién hace ese tipo de fiestas en nuestro país? Solo los narcotraficantes y los políticos bandidos a quienes no les cuesta mucho trabajo conseguir esas sumas de dinero.
Hoy, desgraciadamente, los ciudadanos no vemos verdaderas contiendas políticas para disputarse el poder sino vulgares pleitos callejeros entre mafias para adueñarse de los botines que les representan los gobiernos estatales y el gobierno federal.
En este contexto, la ley del gremio gangsteril más fuerte es la que impera, la que domina, ya que a pesar de delinquir no puede ser sometido porque es el que ostenta el poder y, obviamente, no va a castigarse a sí mismo.
Y eso es exactamente lo que sucede con nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien ahora, luego de encarcelar a Elba Esther Gordillo, a Joaquín Guzmán Loera e iniciar las investigaciones de los millonarios fraudes del panismo con la empresa Oceanografía, en PEMEX, se encuentra en un gran dilema ante las revelaciones del presidente de la Comisión de Investigación del caso Monex, del Congreso de la Unión, el diputado Roberto López Suárez, quien al presentar su informe preliminar manifestó recientemente que esta comisión determinó que en su campaña electoral que lo llevó a la presidencia de la República se gastaron 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos, los cuales no se fondearon únicamente a través de las tarjetas Monex, sino también con otras, como las de Soriana-CTM, y representan ¡13 veces más del tope legal establecido por las leyes electorales de nuestro país!
¿Quién investigará la procedencia de ese dinero? ¿Quién sancionará a Enrique Peña Nieto por haber llegado a la presidencia violando las leyes? ¿Acaso el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, aplicará la ley en contra del presidente, de la misma manera como lo hizo con Elba Esther Gordillo, con El Chapo Guzmán o como está obligado a hacerlo con cualquier indiciado?
Mientras la justicia sea selectiva, la mayoría de los políticos corruptos que conforman la partidocracia seguirán impunes, restregándonos en nuestras caras las posiciones obtenidas ilegalmente, los bienes mal habidos que poseen y sus fiestas millonarias organizadas con el dinero robado a los contribuyentes.
Esto es lo que los ciudadanos debemos exigir que se termine, y recordarles a nuestros gobernantes que son nuestros empleados, nuestros empleados públicos, y si no se someten a las leyes que nos hemos establecido, nosotros, como sus patrones, como sus mandantes, tenemos el derecho de despedirlos, de exigirles enérgicamente sus renuncias, así sea un senador saqueador o un presidente de la República infractor.