La justicia mexicana, reflejo de un estado decadente

Editorial raza cero

El caso Florence Cassez, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó libre a esta ciudadana francesa acusada de secuestro por las presiones que ejerció el gobierno francés argumentando que los derechos de su connacional fueron violados al momento de su detención, no es más que un reflejo del desaseo absoluto con que se llevan a cabo los procedimientos penales en nuestro país, no de ahora sino desde que existe el Estado mexicano como tal.

Este asunto, que termina de poner en tela de juicio la preparación no solo del ex secretario de Seguridad Pública calderonista, Genaro García Luna, sino de todas las policías de los tres niveles de gobierno del país, debería ser un parteaguas para comenzar a realizar una depuración y profesionalización seria, tanto en las dependencias policíacas como en las instituciones encargadas de impartir justicia. Pero a estas alturas en que la corrupción de nuestros gobernantes se ha recrudecido aún más que en épocas anteriores y todas estas instancias públicas han sido permeadas por el crimen organizado, esta tarea se antoja casi imposible.

La ambición de estrellato de Genaro García Luna al montar con el duopolio televisivo un operativo actuado de la detención de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiacos, a la que pertenecía Florence Cassez, dejó estrellada a la justicia mexicana y desprotegidas a las víctimas de estos delincuentes que, impotentes, vieron salir de prisión a la ciudadana francesa que reiteradamente señalaron como una de sus secuestradores.

Como bien lo apunta Pedro Echeverría en su artículo que publicamos en esta edición, aparte de la ineficacia de las policías, el principal problema que tenemos los mexicanos es que los principales órganos impartidores de justicia, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta los tribunales superiores de justicia estatales, no son autónomos en los hechos ya que la mayoría de sus ministros, magistrados y jueces son impuestos por el presidente de la República y gobernadores en turno, y aquellos hacen lo que estos les ordenan.

Mientras no exista una verdadera división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, como nación seguiremos dando esta clase de espectáculos penosos; y más aún, miles de delincuentes igualmente peligrosos que los secuestradores como lo son los defraudadores del erario, seguirán impunes, burlándose de la inexistente justicia mexicana, como la gavilla de colaboradores cercanos del ex mandatario panista, Felipe Calderón Hinojosa, que de manera descarada se enriquecieron ilícitamente tanto saqueando el erario como haciendo negocios pingües con el otorgamiento de licencias para casinos, entre otras operaciones ilegales que seguramente no tardarán en conocerse.

Lo mismo sucede con los enormes robos que todos los días se llevan a cabo en PEMEX, en la CFE y en las arcas de todas las secretarías de Estado y gobiernos estatales.

En base a impecables investigaciones periodísticas documentadas se ha logrado saber cómo y quiénes han perpetrado esos atracos, pero siempre las máximas autoridades del país se han hecho de la vista gorda protegiendo a estos delincuentes o intercambiando su libertad por inconfesables intereses políticos. Hoy, da escalofrío saber que los altos mandos de la PGR siguen estando coludidos con el crimen organizado y que no pocas fiscalías generales estatales están en poder de falanges de diversos carteles de las drogas e inclusive gobernadores como el de Durango, Jorge Herrera Caldera, han sido señalados ya, directamente, por los tratos que tienen con los principales capos del narcotráfico.

¿Quién investiga este tipo de actos oprobiosos? ¿la actual PGR cuyo titular, Jesús Murillo Karam, recientemente se negó a hacer su declaración patrimonial de bienes? ¿el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien en su declaración patrimonial de bienes manifestó haber recibido enormes propiedades inmuebles de valor incalculable como “donativos” cuando fue gobernador del Estado de México?

¿Quién aplica la ley cuando un país está en manos de mafias delincuenciales?

Hoy más que nunca urge la movilización ciudadana, pero al margen de los partidos políticos que han demostrado muy poca ética y moral para representar una verdadera oposición a los regímenes canallescos que padecemos. Hoy más que nunca urge la unión de los mexicanos para quitarles a estas mafias el monopolio de la política y, por consiguiente, el control del país, para evitar que sexenio tras sexenio lo sigan destruyendo y entregando nuestro patrimonio a la oligarquía nacional e internacional… de no hacerlo les estaremos dando un cheque en blanco para que sigan enriqueciéndose brutalmente y nos sigan dejando en la vil calle con sus gasolinazos mensuales, criminales tarifas de electricidad y aumentos de impuestos a las medicinas y alimentos, mientras se gastan millones de pesos promocionando su incongruente “cruzada nacional contra el hambre”.