La clase política corrupta, el otro crimen organizado
Recientemente, el equipo de investigación del portal digital de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad que denunciaron el sistema fraudulento basado en 128 empresas fantasmas por medio del cual funcionarios del gobierno federal se robaron 3 mil 433 millones de pesos entre los años 2013 y 2015, conocido como “La estafa maestra”, fueron galardonados con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018, otorgado por la empresa que edita el prestigiado periódico El País, en Madrid, España.
Sin embargo, como se sabe, hasta el momento no se han fincado responsabilidades penales a ninguno de los actores de semejante latrocinio, a pesar de las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación presentó en su momento ante la Procuraduría General de la República.
Luego de estos hechos supimos de los desvíos de 250 millones de pesos perpetrados desde la secretaría de Hacienda, bajo la administración de Luis Videgaray Caso, para financiar las campañas electorales del PRI, en 2016, en algunos estados de nuestra nación, sin que, nuevamente, se hayan vinculado a proceso y encarcelado a los principales responsables de estos delitos, mas que al ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, quedando impunes el ex gobernador de Chihuahua César Duarte y el mismo Luis Videgaray Caso.
Hoy conocemos ya el brutal gasto ilegal de casi 2 mil millones de pesos que el ex secretario de Educación, Aurelio Nuño, realizó en esta dependencia tan solo en 2017 para promocionar su imagen en desvirtuadas campañas publicitarias realizadas en medios de comunicación masiva, en contra de lo establecido por el Congreso de la Unión, que solo le autorizó disponer de 70 millones para este rubro. Aurelio Nuño hoy es el coordinador de campaña del grisáceo candidato priísta a la presidencia de la República, José Antonio Meade, y no se ve que autoridad alguna pretenda obligarlo a resarcir ese daño ocasionado al erario.
Con infinidad de atropellos como estos perpetrados a lo largo y ancho del territorio nacional por funcionarios federales y mandatarios estatales, nos hemos venido convirtiendo en una especie de paraíso para políticos ladrones, y hoy no nos cabe la menor duda de que al frente de la mayoría de las instituciones públicas se encuentran verdaderas mafias delincuenciales que con el garlito de “servir al pueblo” realizan millonarios negocios personales con recursos públicos; y otros “gobernantes”, en el colmo de la desvergüenza, prácticamente se roban terrenos y edificios públicos para, dolosa y ventajosamente, venderlos a testaferros, a familiares y amigos, bajo la protección de las autoridades que supuestamente están encargadas de impartir justicia y del Congreso de la Unión y Congresos estatales, que se hacen de la vista gorda ante estos atracos en despoblado.
Un ejemplo de esto está sucediendo en este momento en el municipio de Gómez Palacio, Durango, en donde a través de maquinaciones fraudulentas y violando las leyes la anterior administración municipal, encabezada por el priísta José Miguel Campillo Carrete, al final de su gestión, en 2016, vendió a un particular el terreno en donde se encontraban las instalaciones del DIF municipal; posteriormente, en septiembre de 2017, ese particular vende dicha propiedad, “casualmente”, a la cuñada de la actual alcaldesa de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera Ale.
Este hecho está detallado en el extraordinario reportaje publicado el pasado 10 de mayo por el prestigiado periodista lagunense Juan Monrreal López, director del portal digital Demócrata Norte de México, sin que hasta el momento ninguna autoridad del estado de Durango, específicamente el Congreso local, se haya pronunciado al respecto.
Así las cosas, y en medio de esta contienda electoral, al mismo tiempo que nos enteramos de estas rapacerías, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) da a conocer cifras aterradoras de sus estadísticas del año 2016, señalando a los estados con menor ingreso corriente mensual por persona, colocando a Chiapas con mil 794 pesos, Oaxaca con 2 mil 48 pesos y Guerrero con 2 mil 746 pesos, entidades que, coincidentemente, en los últimos sexenios han tenido gobernadores extremadamente corruptos.
Es innegable que somos un país de pobres con gobernantes ladrones extraordinariamente ricos. Y lo peor de todo es que hoy las opciones partidistas e independientes que los ciudadanos tenemos para votar (con honrosas excepciones de algunos candidatos independientes) son muy parecidas por los largos historiales de corruptelas, ineficiencias y despotismos que la mayoría de los candidatos cargan en sus espaldas, antecedentes que los hacen detestables e indeseables.
En este contexto, los electores del estado de Durango tienen más que bien identificados a no pocos personajes que aunque se cambien de partido político son y siempre serán los mismos pillos que durante décadas les han metido las manos en los bolsillos, por lo que no es lejana la posibilidad de que la ciudadanía de esta entidad norteña deseche a esos perfiles harto conocidos por sus tropelías y traiciones políticas y elija a caras nuevas.
Por lo demás, es necesario en lo que resta de esta campaña hacerles saber a los candidatos que nos pidan el voto que de ninguna manera estamos de acuerdo con los gobiernos emanados de sus partidos pues, desde hace muchos años, invariablemente, se han dedicado a agredirnos con sus malas administraciones gubernamentales y pésimas iniciativas de ley que solamente han servido para despojarnos de nuestras riquezas nacionales y encarecernos la vida.
Ya no podemos ser condescendientes con quienes nos ofrecen una sonrisa en las campañas electorales y luego, como gobernantes y legisladores, nos entierran un cuchillo en el estómago.