El Poder Judicial al servicio de corruptos para reprimir a periodistas críticos
Fernando Miranda Servín.
Nunca antes en la historia de Durango se había visto una persecución tan obsesiva en contra de un periodista, como la que actualmente lleva a cabo la alcaldesa corrupta de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera Ale, en contra del comunicador lagunense Juan Monrreal López, director del portal informativo digital Demócrata Norte de México.
El hostigamiento, como se sabe, inició desde el año 2016 después de la campaña electoral que llevó a ésta cacique gomezpalatina a la presidencia municipal de esta demarcación.
Así, el asedio comenzó con una “investigación” clandestina emprendida por el ex diputado local priísta Sergio Uribe Rodríguez y Jorge Clemente Mojica Vargas, director del periódico Victoria, propiedad de la alcaldesa Juana Leticia Herrera Ale, para conocer la vida, hábitos y rutinas de Juan Monrreal López.
En ese momento, lo que habría molestado sobremanera a la presidenta municipal Herrera Ale fue la publicación de un reportaje en donde el periodista Juan Monrreal reseñó el oscuro pasado de su coordinador de campaña, Francisco “El Paco” Bardán Ruelas, detenido en Saltillo, Coahuila, el 13 de abril del año 2000 por posesión de drogas y armas de fuego. Bardán Ruelas en ese entonces era Jefe de Alcoholes del municipio de Saltillo y fue aprehendido por agentes de la PGR mientras conducía un vehículo oficial propiedad del ayuntamiento coahuilense. A la postre, Francisco “El Paco” Bardán fue nombrado Oficial Mayor del municipio de Gómez Palacio por la alcaldesa Juana Leticia Herrera Ale.
Inmediatamente a estos acontecimientos, Juan Monrreal presentó su denuncia de hechos ante las instancias correspondientes en el gobierno del estado de Durango y en el Congreso local, así como también ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo que emitió una petición al gobierno estatal de Durango, encabezado por José Aispuro Torres, para que protegiera la vida y el patrimonio de Juan Monrreal López.
Posteriormente a esta agresión, el 30 de mayo de 2017 la mayoría de los regidores del municipio de Gómez Palacio se presentaron en la Vicefiscalía de esta jurisdicción, encabezados por Silvia del Carmen Nevárez Rodríguez e Hiram Brahim Mansur, de los partidos PAN y PVEM, respectivamente, para denunciar penalmente al periodista Juan Monrreal “porque en sus publicaciones dice que no hay transparencia en Gómez Palacio y que nosotros los regidores le damos información de supuestos actos de corrupción que suceden en este municipio y esto no es cierto, a este pseudoperiodista ni siquiera lo conocemos porque no se para en el cabildo”, declararon los regidores de marras.
Esta agresión, de nueva cuenta, fue orquestada por la alcaldesa Juana Leticia Herrera Ale en represalia por las publicaciones que con frecuencia hace Juan Monrreal en su medio informativo detallando los actos de corrupción que se cometen en la administración municipal.
En marzo de 2018, la represión subió de tono al presentar la alcaldesa Herrera Ale una demanda por “daño moral” en contra de Juan Monrreal, acusándolo de que sus publicaciones le producían “una afectación consistente en el grado patológico psíquico y depresivo” (sic). Esta vez la alcaldesa Juana Leticia Herrera se enfureció porque Juan Monrreal denunció en su portal informativo el contrato irregular que ella y el cabildo de Gómez Palacio hicieron con la empresa recolectora de basura Círculo Recolector S.A. de C.V., un contrato plagado de ilegalidades con una empresa formada al vapor por un par de personajes que viven en casas de interés social, pero tienen poder adquisitivo para comprar una flotilla de camiones que vale más de 14 millones de pesos.
La demanda por “daño moral” en contra de Juan Monrreal quedó fincada en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Durango, a cargo del juez Gerardo Ramírez Juárez quien, de acuerdo al periodista Juan Monrreal, “inclusive asesora a la alcaldesa Juana Leticia Herrera corrigiéndole la plana en los errores que han cometido sus abogados, convirtiéndose en juez y parte para perjudicarme”.
“En este juzgado, de manera dolosa no aceptaron mi contestación a la demanda que me hace la alcaldesa pues, según ellos, presenté mi escrito cuando ya se había vencido el plazo, cosa que es absolutamente falsa pues mi contestación la presenté en tiempo y forma ante la oficialía de partes del Tribunal”, denuncia Juan Monrreal.
Esta demanda adolece de inconsistencias graves, como el hecho de que el Código Civil solo regula conflictos entre particulares y no entre un particular y una autoridad.
En esta batalla desigual en la que la alcaldesa caciquil Juana Leticia Herrera en contubernio con el Poder Judicial del estado de Durango pretende aplastar al periodista Juan Monrreal para que de manera ilegal le impongan una fuerte sanción económica, mucho ha tenido que ver la nula actuación del gobierno estatal encabezado por el panista José Aispuro Torres, pues la Secretaría General de Gobierno, instancia en la que recayó la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger la vida y patrimonio del periodista Juan Monrreal no ha hecho absolutamente nada para evitar el atropello que está padeciendo el conocido comunicador lagunense.
“El Arq. Adrián Alanís Quiñones, titular de la Secretaría General de Gobierno del estado de Durango, no ha hecho ninguna diligencia efectiva para proteger mi vida, y en este caso mi patrimonio, pues es evidente que la alcaldesa Juana Leticia Herrera, en complicidad con el juez Gerardo Ramírez Juárez, es decir, utilizando al Poder Judicial del estado de Durango, pretende afectarme económicamente buscando a toda costa que de manera ilegal se me sancione por haberle ocasionado un supuesto ‘daño moral’, cuando en los hechos ellos son los que están violando la libertad de prensa y la libertad de expresión pues todo lo que he publicado sobre esta alcaldesa y los regidores de su cabildo está debidamente documentado”, expresa Juan Monrreal, y agrega:
“El Arq. Adrián Alanís Quiñones hace caso omiso de la petición de la CNDH porque tiene intereses políticos y personales creados, ya que el hermanastro de la alcaldesa Juana Leticia Herrera Ale, el Lic. Manuel Ramos Carrillo, es el Subsecretario de Gobierno para La Laguna”.
Este alto funcionario estatal, Adrián Alanís Quiñones, tiene viejos antecedentes de corrupción como empresario de la construcción y hoy, se sabe, bajo el amparo de su poder varios de sus familiares son beneficiados con jugosos contratos en la Secretaría de Salud estatal, contratos que lesionan gravemente el erario duranguense.
Como respuesta al intenso hostigamiento de que ha sido objeto, el pasado 7 de junio Juan Monrreal demandó dos juicios políticos en el Congreso de Durango en contra de la alcaldesa Juana Leticia Herrera Ale, uno por las innumerables faltas a sesiones de cabildo que esta presidenta municipal ha tenido y que ameritan su destitución, y otro en contra de la alcaldesa y de todos los regidores que integran el cabildo municipal de Gómez Palacio por la contratación ilegal de la empresa Círculo Recolector S.A. de C.V.
Será la legislatura entrante del Congreso local, cuyos diputados de los partidos Morena y PT serán mayoría, a la que un grupo de conocidos periodistas y activistas sociales duranguenses le exijan que dé trámite inmediato a dichos juicios políticos, y le exijan también tomar cartas en este asunto para frenar de una vez por todas los ataques arteros que la alcaldesa Juana Leticia Herrera Ale y el juez Gerardo Ramírez Juárez le están propinando al periodista Juan Monrreal, violando sus derechos humanos con la complacencia del Secretario General de Gobierno del estado de Durango, Arq. Adrián Alanís Quiñones.