¿Quién peca más? Chemours y la ignominia “jurídica”
La jueza de Saltillo mutiló el acta constitutiva de la asociación Pro Defensa Del Ciudadano A.C., pues no vio que su principal objeto es: defender y dar asesoría jurídica gratuita en materia de derechos humanos, en todo el territorio nacional, que tenemos domicilio en el municipio en donde va a instalarse la fábrica contaminante The Chemours Company Mexicana, S.A de R.L., su miopía le impide ver que LA VIDA ES EL PRIMER DERECHO HUMANO, porque sin vida no hay más derechos, frente a un veneno que producirá esta fábrica de cianuro y que de instalarse producirá el envenenamiento masivo de los pobladores de Dinamita, La Aurora, El Siete, etc., (llamado Valle Hermoso, en donde habitan cerca de 20 mil personas) región ubicada a 15 minutos de la Comarca Lagunera. Los que no emigren morirán envenenados, el cianuro es un veneno MUY POTENTE, tal como lo determinó en su resolución la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del 20 de mayo de 2017, eso está fuera de toda duda. Y el gobierno nos está engañando.
La jueza de Saltillo dice que ella no le entra al fondo del asunto porque no está permitido a esta asociación que defendamos a los pobladores, pero la realidad es que no le convino entrar al fondo porque está ayudando a la empresa química, le está supliendo la queja cuando no le es permitido. Estos argumentos se los sacó debajo de la manga, para favorecerla. The Chemours Company, no lo dijo así al contestar la demanda de amparo, luego resultó que esta empresa no tenía permisos de cambio de uso de suelo, ni federal, ni municipal, tampoco respecto a la calidad del aires ni mucho menos del transporte de materiales contaminantes (porque en el municipio no existen contenedores para esos residuos), la jueza cree que Chemours puede sacar los residuos en una bolsita de basura e irlos a tirar al poblado La Aurora, que está pegado a la fábrica.
Las tesis que cita la jueza operan en contra de su propio razonamiento, pues indican que no debe sobreseerse, tal como lo hizo, que debe entrarle al fondo del asunto, y no sabe diferenciar entre un amparo colectivo y uno individual, que fue como resolvió.
Por supuesto que recurriremos a la revisión ante el Tribunal Colegiado, pero también solicitaremos la intervención del Consejo de la Judicatura Federal para que examine la posible corrupción de la jueza de distrito, que entre otras cosas no sabe que la vida es un derecho humano. La sabionda no sabe que “El Derecho A Un Medio Ambiente Sano” es un derecho colectivo. Tal como se hizo valer en la demanda de garantías.
¿Quién peca más? ¿El que paga por pecar o la que peca, pero por la paga?
Decídalo Usted Sr. Lector, porque después de todo los pobladores están luchando contra el poder económico, y nosotros junto con ellos, ni un paso atrás. La ambición de esta empresa química y de las empresas mineras no debe sobrepasar al valor del ser humano.
Atte.
Pro Defensa Del Ciudadano A.C.
Colegio de Abogados
Lic. Victor Manuel Pinedo Ledesma.
Director General.