La doble moral del santón “izquierdista” y sus morenistas

Comienza 2019 y, ya con un nuevo régimen que se dice izquierdista, el pueblo de México espera que realmente haya cambios sustanciales en la forma de gobernar. Y debe haberlos, sobre todo en el combate a la corrupción, que definitivamente es el peor mal que lacera el progreso de cualquier nación.

Sin embargo, en este rubro comenzó con el pie izquierdo el “izquierdista” presidente Andrés Manuel López Obrador, “perdonando” desde su campaña electoral a los ladrones que nos gobernaron el sexenio pasado, como Enrique Peña Nieto y su ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade, personajes que además de andarse paseando por nuestro país presumiendo su impunidad comprada hasta se atreven a cuestionar las medidas que está tomando el gobierno lopezobradorista en algunos temas de carácter económico, como el ex candidato presidencial priísta Meade Kuribreña, quien recientemente señaló las “pérdidas” que a su juicio tendremos los mexicanos por la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

Las contradicciones del santón “izquierdista”, Andrés Manuel López Obrador: ya está combatiendo a los “huachicoleros”, pero comenzó 2019 con un gasolinazo.
Este 1 de enero, en el 25 aniversario del levantamiento armado de 1994, el EZLN manifestó su oposición total a los proyectos del presidente López Obrador, como el Tren Maya y la Guardia Nacional, calificándolo como “tramposo” y “mañoso”.

Lo deseable sería que José Antonio Meade y otros pillos de su calaña hicieran ese tipo de cálculos desde la celda de cualquier CERESO por los desvíos multimillonarios que cometieron, pero el primer mandatario tabasqueño, quién sabe bajo qué acuerdos inconfesables, hasta el momento ha preferido proteger a éste y otros peligrosos saqueadores del sexenio pasado.

Dentro de estas contradicciones, es aplaudible la decisión del gobierno de López Obrador de combatir de raíz el escandaloso robo de gasolina, conocido como “huachicoleo”, que se da en muchos puntos de la República mexicana, y en este contexto la ciudadanía espera ya las sanciones correspondientes y encarcelamientos de prominentes directivos de PEMEX, así como de algunos líderes sindicales que, en complicidad con el crimen organizado, han amasado enormes fortunas negociando un bien que le pertenece a todos los mexicanos.

En este aspecto, el presidente López Obrador y los legisladores morenistas ya se están tardando en resolver dos puntos que, indudablemente, le están restando adeptos a su proyecto político: la eliminación de la reforma energética, prometida en su campaña electoral, y el castigo a los responsables del caso Odebrecht, que enlodó a nuestro país a nivel internacional. Pero, por lo que se ve, estos asuntos parecen haber sido completamente “olvidados” por esa nueva mafia que conforma la clase política “izquierdista” que rodea al jerarca tabasqueño.

A tres meses de haber llegado al poder en el Senado, la Cámara de Diputados y Congresos estatales, y a un mes de haber arribado a la presidencia de la República, las huestes morenistas y su máximo líder, el santón “izquierdista” Andrés Manuel López Obrador, han mostrado muchos contrastes y dobles caras, beneficiando a algunos privilegiados de siempre, conocidos más por sus actos nefastos que por sus buenas obras, e ignorando peticiones de amplios sectores de la sociedad. Así, hoy vemos a prominentes delincuentes y políticos de baja estofa ocupando cargos relevantes para emprender la “Cuarta Transformación”, convocada por López Obrador. Por esto, no deja de ser interesante la postura crítica que han asumido algunos grupos de morenistas que por lo menos en Durango ya han advertido que rechazarán públicamente los nombramientos de este tipo de personajes sórdidos; y más aún, impugnarán por la vía legal, es decir, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todas las candidaturas que en este proceso electoral que ya está en curso no reúnan los requisitos que exigen los estatutos de Morena. En pocas palabras, ya no quieren que más prianistas ocupen cargos relevantes en el Congreso local ni en las delegaciones federales, pues, como se sabe, gracias a las negociaciones sucias que el mismo López Obrador hizo con ex gobernadores priístas duranguenses, la franquicia de Morena quedó bajo el control de éstos, por lo que han tenido la libertad absoluta de colocar a sus incondicionales tanto en el Congreso duranguense como en algunas delegaciones federales, específicamente en SEDESOL.

Por desgracia, esta es la realidad que se vive en la política mexicana, que no es otra cosa más que la búsqueda de posiciones por determinados grupos de poder para beneficiarse a sí mismos, dejando en última instancia a la ciudadanía.

Por todo lo anterior es preciso insistir en que los ciudadanos debemos de permanecer vigilantes del proceder de nuestros representantes y reclamarles enérgicamente sus acciones u omisiones que conlleven en sí mismas la ejecución de actos de corrupción que nos lesionen. En este aspecto debemos remarcar la postura ambigua del Congreso de Durango, que con mucha eficacia y prontitud dio trámite al juicio político contra El Alcalde Opaco del municipio de Durango, Dr. José Ramón Enríquez Herrera, atendiendo el ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para sancionarlo por utilizar recursos públicos para promocionar su imagen en pleno proceso electoral, en 2017. Dicha sanción podría derivar en la destitución e inhabilitación del presidente municipal capitalino; sin embargo, éste mismo Congreso mantiene archivadas dos demandas de juicios políticos presentadas por el periodista lagunense Juan Monrreal en contra de la alcaldesa de Gómez Palacio, Juana Herrera Ale, por graves actos de corrupción debidamente documentados.

El diputado morenista Pablo César Aguilar Palacio, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Durango, debe explicar por qué al Alcalde Opaco de Durango, Dr. José Ramón Enríquez Herrera, sí se le inició juicio político para destituirlo e inhabillitarlo, y a la alcaldesa de Gómez Palacio, Juana Herrera Ale, no, en cuanto a las dos demandas de juicios políticos presentadas por el periodista lagunense Juan Monrreal contra la cacique represora.

La ley se debe aplicar a todos por igual, y la justicia no debe ser negociable, por lo que el Congreso de Durango, con mayoría de diputados morenistas, está quedando en entredicho, evidenciando que actúa de manera muy selectiva en detrimento de los intereses de la ciudadanía en general.

Carlos Medina Alemán, auténtico militante morenista y destacado exponente de la izquierda duranguense, junto con importantes grupos impugnará por la vía legal, ante el TRIFE, cualquier candidatura que no cumpla con los requisitos que exigen los estatutos del partido Morena.

Es mucho lo que la “nueva” clase política camuflageada de Durango (apenas hace menos de un año todavía eran priístas y panistas, y ahora ya son “morenistas”) le debe a la ciudadanía, por lo que el electorado de esta entidad deberá exigirle enérgicamente que cumpla con su deber de manera honesta o de lo contrario rechazar en estas próximas elecciones al partido al que ahora pertenecen, porque esa es la tendencia que se está imponiendo en nuestra nación: político y partido que no le sirva al pueblo hay que mandarlo a su casa de inmediato.


 

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