Corruptazo y discriminador

    Fernando Miranda Servín.

    Es uno de los funcionarios más corruptos dentro del gobierno estatal de Durango, pero se enfurece cuando algún ciudadano que lo aborda no le llama “arquitecto”, que es su profesión. Déspota, prepotente y vulgar, contesta a quienes lo retan a mostrarse tal cual es ante los medios de comunicación, diciendo: “A mi los medios de comunicación me valen madre”.

    Se trata del titular de la Secretaría General de Gobierno del estado de Durango, Adrián Alanís Quiñones, el mismo que a estas alturas del sexenio ya ha de estar enriquecido por los negocios turbios que él y sus familiares hacen a través de empresas “prestadoras de servicios” que son contratadas por varias dependencias del gobierno estatal, las que les pagan facturas con sobreprecios insultantes.

    El furibundo Secretario General de Gobierno del estado de Durango, Adrián Alanís Quiñones, discrimina por su edad a los taxistas adultos mayores que realizan una actividad productiva, cuando él como “servidor público” es una carga para los contribuyentes por su ineptitud y actos de corrupción que comete en el desempeño de sus funciones. Foto: Enlace Magazine.

    Ahora, este “servidor público” es denunciado por medio centenar de taxistas duranguenses a los que de manera infame ha estado discriminando desde hace más de un año, según manifiesta en entrevista exclusiva para razacero la activista Ruth Quiroz Ávila, representante legal de la asociación civil llamada Integración Social Adultos Mayores, a la que pertenecen los trabajadores del volante: “Desde hace más de un año, el Secretario General de Gobierno, Adrián Alanís, aseguró que nos entregaría concesiones de placas para taxis a los 50 integrantes de nuestra organización, quienes ya han cumplido con todos los requisitos que esta dependencia exige, ya han entregado su documentación en orden e inclusive pagaron exámenes antidoping, estudios socioeconómicos, exámenes médicos y contrataron seguros con las especificaciones que pidieron; ellos, los funcionarios de esta secretaría, fueron los que nos buscaron para ofrecernos este programa especial para adultos mayores, pero ahora resulta que el señor Alanís Quiñones se niega a entregar las concesiones, aún cuando el gobernador José Aispuro Torres nos dijo que su gobierno sí nos apoyaría siempre y cuando la entrega de las concesiones fuera realizada de manera directa a los beneficiarios, condición con la que estuvimos totalmente de acuerdo”.

    Así mismo, Ruth Quiroz Ávila expuso que la Subsecretaría de Movilidad y Transporte, a cargo del Lic. Jorge Campos Murillo, “ya entregó más de cien concesiones de placas a la organización Taxi Mujer, a un costo de 13 mil pesos cada concesión, mientras a los adultos mayores se les pidió la suma de 40 mil pesos, cantidad que están dispuestos a pagar, pero ni así nos han entregado las concesiones”.

    En este ir y venir por la Secretaría General de Gobierno, hoy convertida en una auténtica guarida de “servidores públicos” depredadores, los taxistas de la organización Integración Social Adultos Mayores, han sido objeto de vejaciones verbales por parte del destemplado titular de esta institución, Adrián Alanís Quiñones, quien se molesta sobremanera cuando no le llaman “arquitecto” y les pregunta de manera ofensiva: “¿Y ustedes por qué andan manejando taxis si ya tienen 70 años?”.

    “Reprobamos las faltas de respeto y discriminación de que hemos sido objeto por parte del Secretario General de Gobierno, Adrián Alanís, y le solicitamos al gobernador José Aispuro que su gobierno cumpla la promesa que nos hizo de entregar placas para taxis a los adultos mayores”, manifestaron los taxistas encabezados por su representante, Ruth Quiroz Ávila.

    Mientras esto sucede, el gran negocio de las concesiones de placas de taxis lo están llevando a cabo diversas organizaciones como Alianza, cuyos dirigentes ofrecen los juegos de placas hasta en 200 mil pesos; la CTM, que pide de 150 a 170 mil pesos por concesión, y otras agrupaciones como Nueva Unión y la Unión de Transportistas Benito Juárez, que exigen cifras superiores a los 100 mil pesos por juego de placas.

    Líderes de agrupaciones como Alianza, CTM, Nueva Unión, y Unión de Transportistas Benito Juárez, están haciendo los negocios de sus vidas lucrando con las concesiones de placas para taxis, con la complicidad del irascible y despótico Secretario General de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones. Foto: Noticias GGL.

    “Lo que le pedimos al gobernador, José Aispuro, es que cumpla con la ayuda que nos prometió y que su Secretario General de Gobierno no ha cumplido, es decir, que nos entreguen las concesiones de placas para taxis para los integrantes de nuestra organización, y que nos traten con respeto y sin discriminación”, finalizó la representante de Integración Social Adultos Mayores, Ruth Quiroz Ávila, acompañada de los taxistas Francisco Fernández Cisneros, Simón Covarrubias Muñoz, Sergio Montoya del Campo, José Javier Reyes Cabrales, José Luis Núñez Hernández, Alejandro Rodríguez Torres, Manuel Alvarado Jáquez, Pedro Leyva, Adrián Bárcenas, Guadalupe Ramírez, Brandon Arnoldo Rafael Rodríguez, José Juan Ortiz y Víctor Manuel Gutiérrez.


     

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