Los desvíos de AMLO y el vergonzoso chiquero de Morena en Durango

Bien le ha funcionado al santón “izquierdista” Andrés Manuel López Obrador su cortina de humo bien armada de exigirle a la monarquía española que pida perdón al pueblo de México por los abusos que cometieron los conquistadores españoles hace 500 años; esto, días después de que su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, presentara su libro titulado “La memoria artificial en la historia verdadera de la Conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo”, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, realizada a finales del mes de febrero pasado. Así, el predicador tabasqueño prácticamente ha utilizado al Estado mexicano para promocionar la actividad literaria de su esposa, causando roces diplomáticos con el hermano pueblo español, pues, si algo pasó por alto el ignorante presidente y sus asesores fue que desde el 28 de diciembre de 1836 la República mexicana y la corona española firmaron el Tratado Definitivo de Paz y Amistad, en el que el reino español reconoce la Independencia de México, retoma las relaciones diplomáticas y se dan por terminadas todo tipo de tensiones entre ambas naciones.

Al parecer el dedo flamígero del santón “izquierdista” Andrés Manuel López Obrador es el que está decidiendo a qué empresas se le otorgan adjudicaciones directas de contratos millonarios, igual que como lo hacía su antecesor, Enrique Peña Nieto.

Alrededor de esta petición absurda ha habido mucha polémica en casi todos los medios de comunicación y en las redes sociales, pero quizá la opinión más significativa es que hace 500 años nuestra nación no era tal, pues era un territorio conformado por señoríos, la mayoría de los cuales estaban sometidos al imperio azteca, y España tampoco era la nación que hoy conocemos, sino un conjunto de reinos que se aliaban o peleaban entre sí.

Y mientras la atención de la ciudadanía está atenta a este tipo de distractores ociosos, las reformas educativa, energética y fiscal siguen intocadas por las huestes legislativas “izquierdistas” que en la campaña electoral del año pasado prometieron revertir, encabezados por su líder Andrés Manuel López Obrador.

Los precios de las gasolinas, lejos de disminuir, han aumentado y el discurso del máximo jerarca tropical que se desgañitaba en sus mítines diciendo que de llegar a la presidencia de la República habría equidad y transparencia, hoy cae estrepitosamente por los suelos.

Recientemente, el 27 de marzo pasado, la prestigiada organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer en su portal digital que en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno, de 28 mil 458 contratos subidos a Compranet solo en el 18.3% de estos ha realizado licitaciones públicas, adjudicando de manera directa el 74.3%, y un 7% los ha otorgado bajo la figura de invitación restringida.

Al respecto, la organización abundó: “Los estudios internacionales señalan que una de las principales herramientas para cerrar las ventanas de oportunidad de corrupción gubernamental es la adopción del método de licitaciones abiertas y transparentes, tanto en compras gubernamentales como en infraestructura.

“México contempla esta práctica tanto en la Constitución (Art. 134) como en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas.

“El 19 de marzo se adjudicaron directamente tres contratos para la realización de los estudios de costo-beneficio, de asesoría jurídica y desarrollo de plan maestro para la construcción del Tren Maya por un total de $90, 870,000.00. La razón dada por el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) a por qué se habían adjudicado dichos contratos de manera directa fue que la dependencia ‘tenía atribuciones en corto para lograr este tipo de acuerdos’.

“Este patrón de comportamiento se ha justificado con base en argumentos ad hoc de ‘emergencia nacional’, ‘urgencia’, ‘prisa’, ‘sostener el ritmo de la nueva estrategia del Gobierno por acelerar la producción nacional’ o, incluso, en la afirmación del Presidente de que ‘actuamos de esta manera porque no queremos que en estas obras tan importantes las empresas no tengan capacidad profesional, capacidad económica y, sobre todo, que no sean empresas con dimensión ética’ “.

Sin embargo, el gobierno de López Obrador, tan cuidadoso, para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, dispuso la figura de invitación restringida a cuatro empresas que, por lo demás, “tienen en sus expedientes cargos por presuntos actos de corrupción. 

“Desdeñando estos cargos, la Secretaria de Economía afirmó que ‘la selección no se hizo basada en que son la Madre Teresa de Calcuta, pues ninguna empresa constructora en el medio puede estar tan limpia’ “. Así se las gasta el gobierno del santón “izquierdista” López Obrador, cuyo partido Morena ha dado mucho de qué hablar en Durango luego de que dos mafias políticas se disputaran la candidatura a la alcaldía de la capital de este estado. En esta vulgar pelea electorera, uno de estos gremios desprestigiados, el encabezado por el mercenario político y senador petista Alejandro González Yáñez llegó al grado de presentar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana un documento apócrifo que supuestamente avalaba la candidatura común de los partidos Morena, PT y Verde Ecologísta, presentando como su candidato a Alejandro González Yáñez. El documento de marras fue presentado ante esta institución por la diputada “morenista” Sandra Amaya Rosales, el diputado petista Rigoberto Quiñones y el legislador del Verde Ecologista, Gerardo Villarreal Solís, pero el 27 de marzo el IEPC declaró improcedente esta candidatura común por no cumplir con requisitos tan fundamentales como estar sellada por la representación nacional de Morena (llevaba el sello de la “Asesoría Jurídica del Comité Ejecutivo Estatal de Morena” en Durango) y llevar la firma autógrafa de la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky (la rúbrica correspondía a un sello).

La diputada local de Durango, Sandra Amaya, deplorable el papel que desempeñó en la disputa desaseada por la candidatura de Morena a la alcaldía de la capital de esta entidad norteña.

Este desaseo imperdonable dejó en entredicho a quienes presentaron este documento, sobre todo a la legisladora Sandra Amaya, quien en los hechos no tenía facultades para realizar ese tipo de funciones, quedando mucho peor su posición al ser cuestionada en un noticiero local y responder: “asistí porque me llamaron de México… no supe quién me llamó”.

Finalmente, al cierre de esta edición, luego de una de sus polémicas “encuestas”, la candidatura a la alcaldía de Durango fue otorgada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena al priísta Otniel García Navarro, perteneciente al clan político que gobernó esta entidad el sexenio pasado, dándole un portazo en la cara a precandidatos militantes y fundadores de este partido como Carlos Medina Alemán y Silvestre Flores de los Santos.

Finalmente el priísta recalcitrante Otniel García Navarro, integrante de la mafia política que gobernó Durango el sexenio pasado, fue designado como candidato del partido Morena a la alcaldía de la capital de este estado.

Esta serie de suciedades, precedida por la incursión del Alcalde Opaco de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, quien pretendió comprar la candidatura de Morena para reelegirse como alcalde y hasta llegó a aparecer en la primera lista de precandidatos, ya dejaron un olor fétido a la ciudadanía que, no teniendo otras opciones, seguramente optará por darle el voto al candidato menos peor, el panista Jorge Salum del Palacio.