San Bartolo Ameyalco, el desempleo y la indolencia de los políticos

    San Bartolo Ameyalco. El fascismo de Mancera: policías, en lugar de negociadores políticos.

    El estallido social del pasado 21 de mayo en San Bartolo Ameyalco, poblado de la delegación Álvaro Obregón, del D.F., es un reflejo del repudio y la desconfianza que la ciudadanía le tiene a nuestros gobernantes.

    El gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera se negó a escuchar las voces de inconformidad de los habitantes de esta región, que se oponían a que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, conectara una tubería a su red para abastecer las zonas residenciales de Santa Fe, conocidas por sus excesivos lujos. Ante la falta de operadores políticos eficaces que mediaran para llegar a acuerdos, el gobierno de Mancera decidió continuar con las obras hidráulicas custodiando a los trabajadores con las fuerzas policíacas, lo que provocó el enfrentamiento entre estas y el pueblo de San Bartolo Ameyalco.

    Las batallas que durante dos días libraron los habitantes de este poblado contra la policía de Mancera tuvo consecuencias graves: más de 100 heridos, incluyendo a una docena de granaderos, y la reafirmación de que este gobernante de la “izquierda” fascista mexicana prefiere utilizar el garrote antes que el diálogo.

    Eruviel Ávila, gobernador del Edo. de México, y Esteban Villegas, alcalde de Durango, nulo compromiso social e insensibilidad para gobernar.
    Eruviel Ávila, gobernador del Edo. de México, y Esteban Villegas, alcalde de Durango, nulo compromiso social e insensibilidad para gobernar.

    Las escenas de la violencia en San Bartolo Ameyalco, transmitidas e impresas en todos los medios de comunicación del mundo, hicieron ver a nuestra nación como un país convulsionado, mal dirigido por políticos de quinta y no por verdaderos estadistas. También, proyectaron el rechazo popular y el hartazgo de una sociedad que ya no confía en sus gobernantes.

    Esta misma visión ofrecemos al exterior con los miles de homicidios que el crimen organizado viene perpetrando durante este sexenio.

    Esta endeble gobernabilidad y la violencia extrema indudablemente han ahuyentado a los inversionistas nacionales y extranjeros, que prefieren llevarse sus capitales a otras latitudes, siendo estos hechos una de las muchas causas por las que el desempleo ha alcanzado su nivel más alto desde que llegara a la presidencia de la República Enrique Peña Nieto.

    Por lo anterior, y por las reformas hacendarias equivocadas que castigan a las clases populares y protegen a los dueños de los grandes capitales, la economía nacional no avanza,

    Mientras esto sucede, la indolencia de los gobernantes no tiene límites, y esta, en breve, también podría ser causal de otros estallidos sociales. Una muestra de ello es la actitud nefasta que asumió el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, el 23 de mayo pasado, al ser cuestionado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio sobre las acciones que su gobierno está tomando para frenar la ola de violencia hacia las mujeres que se ha desatado en esa entidad. “Hay cosas más graves que atender”, contestó este edil saqueador que desde la década de los años noventas, primero como oficial mayor del municipio de Ecatepec, luego como su alcalde, y ahora como gobernador, se ha dedicado a vaciar las arcas públicas del Estado de México.

    La evasión, la mentira, el cinismo, y hasta las abiertas relaciones con el crimen organizado parecen ser las principales características o requisitos que nuestros gobernantes deben tener y cumplir para mantenerse vigentes en la política y enriquecerse a costa del erario. Son auténticas mafias las que nos gobiernan, a grado tal que retuercen las leyes para beneficiarse e impedir que los ciudadanos que no pertenecen a esos gremios delictivos de la partidocracia aspiren a ocupar cargos de elección popular, de ahí la infinidad de trabas “legales” que la mayoría de los congresos locales de los estados han puesto para evitar que los ciudadanos obtengan una candidatura independiente. Por eso, hoy más que nunca es necesario exigir el cumplimiento del artículo 35 Constitucional, que es la ley máxima de nuestro país y, por lo tanto, superior a las leyes electorales, que a la letra dice que todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados. Solo quitándole a los políticos el monopolio de la política los ciudadanos podremos ofrecerle a nuestros hijos un futuro mejor.

    COMPARTIR