Juana Herrera y los bribones del Congreso de Durango
Fernando Miranda Servín.
“Ya nosotros veíamos alguna inconsistencia en esas Cuentas Públicas, por eso una servidora las votó en contra, el que estén flotando ahí 420 millones de pesos no es cosa pequeña. Se tiene que investigar, pedirle al presidente Andrés Manuel, pedirle al presidente del Sistema Nacional Anticorrupción que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias, no solo en Gómez Palacio si no en cada entidad, en cada municipio que se note o se vea opacidad en las Cuentas Públicas” (sic), declaró con total cinismo ante medios de comunicación locales la diputada morenista Sandra Amaya Rosales, el pasado 28 de enero, refiriéndose al anuncio que recientemente hizo la actual alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, respecto a los millonarios fraudes que se perpetraron en la administración de la ex alcaldesa priísta, Juana Leticia Herrera Ale, que, por el momento, ascienden a más de 430 millones de pesos, cifra que seguramente aumentará cuando se conozcan los resultados finales de las auditorías que han realizado despachos externos y la Contraloría gomezpalatina dentro del proceso de entrega-recepción de este municipio.
Sin duda alguna, la revelación de este ruin saqueo es un enorme cuete que le estalla en las manos a todos y cada uno de los diputados del Congreso de Durango, especialmente a los legisladores morenistas Sandra Amaya Rosales y Pablo César Aguilar Palacio, quienes ocuparon la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la máxima tribuna duranguense durante la fase final del gobierno municipal de Juana Leticia Herrera.
Y fue precisamente Sandra Amaya quien en los primeros días del inicio de esta LXVIII Legislatura, a finales de 2018, como presidenta de la JUCOPO estuvo enterada de buena parte de las anomalías que sucedían en el municipio de Gómez Palacio, al recibir de manos del periodista lagunense Juan Monrreal López una copia fiel de las dos demandas de Juicios Políticos que el comunicador presentó ante el Congreso de Durango, en las que aportó pruebas fehacientes de los fraudes millonarios que la entonces alcaldesa gomezpalatina Juana Herrera y su Cabildo habían cometido contratando fuera de la ley a empresas formadas al vapor, como por ejemplo Círculo Recolector S.A. de C.V.
El otro Juicio Político que demandó el periodista Juan Monrreal contra la ex alcaldesa Juana Leticia Herrera fue por haber faltado 67 veces a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Cabildo, pues de un total de 85 sesiones la cacique lechera Juana Herrera solo acudió a 18, por lo que debió haber sido destituida de su cargo por el Ayuntamiento de Gómez Palacio.
La petición que en ese momento le hizo el comunicador gomezpalatino Juan Monrreal a la diputada morenista Sandra Amaya fue que como presidenta de la JUCOPO expusiera este grave asunto de corrupción en la tribuna del Congreso y coadyuvara para que la comisión de Responsabilidades, presidida por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Villarreal Solís, procediera a dar inicio a los Juicios Políticos que había presentado contra la ex alcaldesa Juana Herrera, juicios políticos que hasta la fecha, de manera vergonzosa, mantiene archivados el diputado “verde” Gerardo Villarreal Solís.
Posteriormente a estos hechos, el diputado morenista Pablo César Aguilar Palacio fue nombrado presidente de la JUCOPO del Congreso duranguense, y también recibió por parte del periodista Juan Monrreal López la petición directa para que sus dos demandas de Juicios Políticos fueran atendidas; sin embargo, ambos morenistas fueron omisos y prefirieron dejar a un lado los intereses de la ciudadanía para proteger los intereses de la ex alcaldesa Juana Leticia Herrera.
Hoy, con revanchismo político o sin él, la alcaldesa priísta-morenista de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, no ha destapado una cloaca sino dos: la de la administración de la ex presidenta municipal Juana Leticia Herrera y la del Congreso de Durango, que en la recta final del trienio de esta alcaldesa (cuando más saqueos se cometieron) se dedicó a proteger los fraudes millonarios cometidos por ésta, por los integrantes de su gabinete y por los miembros del Cabildo aprobando las Cuentas Públicas de este municipio al vapor, sin investigar (deliberadamente) a detalle sus finanzas, como lo establece la ley.
En efecto, como lo expresó con desparpajo la diputada morenista Sandra Amaya Rosales, “el que estén flotando ahí 420 millones de pesos no es cosa pequeña”, lo penoso y lamentable de esta situación es que no solo son 420 millones de pesos los que están “flotando” ahí, sino muchos más cuyos desvíos esta diputada y sus compañeros de Legislatura se negaron a denunciar luego de revisar las cuentas presentadas por Juana Leticia Herrera y su séquito de saqueadores, causando un enorme daño al patrimonio financiero del pueblo gomezpalatino.
Ahora, tras la denuncia hecha por la alcaldesa Marina Vitela, en la que con lujo de detalles expuso la manera en que el equipo comandado por su antecesora, Juana Leticia Herrera, sustrajo esa gigantesca cantidad de dinero de los contribuyentes, lo deseable es que los responsables sean castigados conforme a derecho y no se negocie la impunidad de nadie, sobre todo la de la ex alcaldesa, quien tuvo la cínica osadía de demandar por “daño moral” al periodista Juan Monrreal y al que esto escribe por haber publicado durante su trienio los constantes actos de corrupción que ella y sus compinches cometieron.
Por lo demás, lo que sucede en este momento en Gómez Palacio deja de manifiesto la alta corrupción que practican los diputados de la LXVIII Legislatura del Congreso de Durango, de mayoría morenista, quienes sin empacho y con conocimiento de causa aprueban los fraudes públicos (no Cuentas Públicas) cometidos tanto por presidentes municipales como por funcionarios del gobierno estatal y de organismos autónomos.
¿Quién castiga a estos infames “representantes” de la ciudadanía?