¿Primero los pobres?

De la redacción de razacero.

Lo peor que le puede pasar a un político es llegar a la presidencia de la República debiéndole favores a un magnate oligarca desprestigiado, y que el pago de esos favores lo haga ver públicamente como un mandatario inmoral y corrupto. Esto es precisamente lo que le está sucediendo al mandatario tabasqueño Andrés Manuel López Obrador con el conocido usurero número uno de México, Ricardo Salinas Pliego, quien, por encima de todo y de todos, hasta el momento de cerrar esta edición ha sido el único potentado en el país que se ha negado a cerrar sus negocios (Elektra) a pesar de las disposiciones emitidas por el gobierno federal y los gobiernos estatales en el sentido de suspender las actividades no esenciales para evitar contagios de COVID-19; esto, por supuesto, con la abierta protección del presidente López Obrador.

En este trance, decenas de empleados de la conocida cadena de tiendas de aparatos electrodomésticos se han contagiado en varios sitios de nuestro país, y por desgracia un joven de 30 años, Rodolfo Huvy Cruz Juárez, falleció en la Ciudad de México por complicaciones derivadas del COVID-19, que contrajo en una de las filiales del Grupo Salinas. Pero lejos de detener los abusos de este avaricioso megaempresario, el gobierno lopezobradorista lo ha cobijado con la política del “dejar hacer, dejar pasar”, contraria a los raseros que utiliza para sancionar a otros consorcios del mismo rubro.

Aparte de esta descarada protección, López Obrador le ha otorgado a Ricardo Salinas Pliego millonarios contratos en la Secretaría de Educación Pública, cuyo titular, Esteban Moctezuma, presidió durante 17 años la Fundación Azteca, perteneciente al emporio de Salinas Pliego, además de beneficiarlo también con millonarios contratos en las secretarías de Salud y de Bienestar “para difundir en medios digitales las Medidas de Prevención y Atención del COVID-19”.

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El diputado Porfirio Muñoz Ledo, genuino exponente de la izquierda democrática, el único legislador morenista que se opone a las intenciones totalitaristas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En contraste, como se sabe, López Obrador ha eliminado importantes programas que representaban invaluables apoyos para la ciudadanía de escasos recursos, como las guarderías infantiles, los refugios para mujeres violentadas y las quimioterapias y medicinas para niños y mujeres con cáncer.

Los programas 65 y más y Jóvenes Construyendo el Futuro no son más que grotescos paliativos clientelares que no sacan de la pobreza a quienes los reciben.

Con estas cargas negativas, a medida que pasan los días se revelan las graves omisiones que el gobierno lopezobradorista ha cometido durante esta tragedia que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19, desde la irresponsabilidad de no implementar a tiempo las medidas sanitarias necesarias para evitar la mortandad que se está registrando hasta la criminalidad de maquillar las cifras de defunciones haciéndolas pasar como “neumonías atípicas”, hecho que ha impedido la lectura real de contagios y su correspondiente seguimiento. Por eso, a estas alturas la dimensión de la pandemia en nuestro país es de pronóstico reservado, siendo México la nación que más contagios y muertes por COVID-19 tiene en Latinoamérica, sin contar los casos de “neumonías atípicas”.

En este contexto, tan solo por las muertes de decenas de médicos, enfermeras y personal de hospitales públicos del sector Salud, cuyos decesos se debieron a la total carencia de protección, insumos, equipos médicos y protocolos, más de un integrante del gabinete lopezobradorista debería ser sujeto de responsabilidades administrativas y hasta penales. Pero en el gobierno de la Cuarta Transformación, tan omiso y corrupto, esto es impensable.

A la par de estos acontecimientos pandémicos tan dolorosos, suceden otros igual de trágicos como los feminicidios y asesinatos de mujeres, siendo el primer trimestre de 2020 el más violento desde que el Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó a registrar esta estadística por género en el año 2015, con 964 mujeres asesinadas: 720 de estos homicidios clasificados como dolosos y 244 como feminicidios. En el mismo periodo, pero de 2019, el acumulado fue de 650 asesinatos intencionales y 232 feminicidios; en igual lapso de 2018, hubo 644 muertes dolosas y 210 feminicidios. Estas cifras a la alza dejan muy mal parada a la administración lopezobradorista en lo que se refiere a la ausencia de una política pública a nivel nacional para evitar y combatir este tipo de delitos.

En este mismo rubro sangriento, bajo el gobierno de López Obrador continúa la cuenta de los meses y los días que el genocidio de los 43 de Ayotzinapa permanece en la impunidad, pues el mandatario cuatrotero con todas las instituciones del Estado a su disposición no ha querido ordenar que se investigue a fondo y se encarcele a los responsables de este crimen de lesa humanidad. Y es que el mesiánico líder sureño tiene otro tipo de prioridades, como afianzar su totalitarismo a través de sus corrompidas huestes que le deben obediencia ciega en el Congreso de la Unión, para obtener ahora el control total del manejo del presupuesto de egresos de la federación, hecho sin precedente en la historia contemporánea de nuestro país.

Así, lejos de parecer un auténtico estadista y demócrata de alto nivel, López Obrador, en medio de la catástrofe sanitaria, económica y política que vivimos continúa atacando y estigmatizando a los periodistas y medios de comunicación que osan criticar sus yerros, tachándolos de periodistas “poco profesionales” y “conservadores”, acumulando quejas y protestas severas por parte de organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión y de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por poner en riesgo la seguridad de los comunicadores.

Con todo esto y los precios del petróleo por los suelos, cual moderno Nerón el presidente López Obrador se niega a apuntalar la economía nacional y nuestro deteriorado y casi deshecho sistema de Salud para asegurar el futuro electoral de sus tribus políticas depredadoras y erigir sus faraónicos proyectos del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía, que indudablemente beneficiarán a un reducido grupo de oligarcas y a esos aventureros de la política que desde hace más de dos décadas han venido enriqueciéndose a su sombra.

Los pobres, por lo que se ve, van a seguir esperando.


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