El ejercicio periodístico en la 4T

Se ha dicho hasta el cansancio que las expectativas de una gran parte de la población con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República eran muy altas, incluso aquellas personas que no votaron por el proyecto de Morena esperaban que sucedieran cosas más positivas que negativas con el arribo del tabasqueño a Palacio Nacional.

Sin embargo, en varios aspectos los resultados no solo no han sido los esperados (los deseados por muchos, quizá), sino que se ubican en escenarios muy negativos, a saber: ora en economía y crecimiento; ora en combate a la delincuencia y fortalecimiento de la seguridad; ora en el respeto a las personas migrantes centroamericanas; ora en la puesta en marcha de proyectos estratégicos.

Sin duda, en el ámbito del ejercicio periodístico se tenía la esperanza de que nuestro país dejara de ser considerado una de las tres naciones más peligrosas para ejercer dicha profesión. Que el hostigamiento y la violencia física, económica, laboral y social disminuyeran considerablemente para acceder a un marco de mayores garantías y seguridad para las y los periodistas en México.

A no dudar, esa expectativa en el primer año del gobierno de la Cuarta Transformación estuvo muy lejos de cumplirse; por el contrario, las condiciones para el trabajo de los profesionales de la comunicación se han ido complicando cada vez más. Los frentes de agresión al trabajo periodístico cada día son mayores y más diversos.

Estas afirmaciones se desprenden del último reporte anual de la organización Artículo 19 que da cuenta de la violencia vivida cotidianamente por los miembros del gremio periodístico.

Siguiendo el reporte en cuestión, la organización informa que en 2019 hubo 609 agresiones contra periodistas, un número que jamás se había tenido desde el momento en que se comenzaron a contabilizar estos hechos; una cuarta parte se refieren a intimidaciones y hostigamientos, otro 25 por ciento fueron amenazas, 10 por ciento refieren ataques físicos, mientras se contabilizaron 46 actos que tuvieron que ver con el uso ilegítimo del poder público. Además, fueron asesinados diez periodistas, en cuyos casos las autoridades no han logrado dar una respuesta adecuada sobre las causas y los perpetradores de dichos crímenes. Sin tapujos, Artículo 19 afirma que existió 99 por ciento de impunidad en las investigaciones de estos casos.

Así, las cifras de la violencia contra periodistas en 2019 muestran un aumento de casi 100 por ciento respecto del primer año de la administración de Enrique Peña Nieto, y un aumento de 12 por ciento con respecto al registro de agresiones del 2018.

Llama mucho la atención, y nos preocupa sobre manera, que 55.6% de las agresiones cometidas el año pasado fueron contra reporteros que cubren asuntos de política y de corrupción, mientras otro 22 por ciento fueron para quienes cubren temas de seguridad, justicia, delincuencia y violencia. Esto resulta muy grave y peligroso en tanto una de las áreas que debemos fortalecer para robustecer nuestra democracia es la transparencia en el ejercicio gubernamental y la fiscalización de la misma, a través de los medios de comunicación, organismos ciudadanos e instituciones encargados de garantizar el libre acceso a la información.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa atacando a la prensa y a periodistas críticos que se atreven a denunciar sus corruptelas y errores, a pesar de las protestas de organismos internacionales defensores de la libertad de expresión y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos.

En ese sentido, es claro que bajo el gobierno de la 4T no se está haciendo lo necesario para garantizar el derecho de los periodistas a informar y el derecho de la población a ser informada. Incluso, denuncia Artículo 19 que muchas de las solicitudes de información realizadas a las autoridades federales reciben como respuesta que la información solicitada no existe, justificando esa respuesta con su reciente llegada al poder. Así las cosas, la opacidad en el ejercicio gubernamental se vuelve una barrera para la labor informativa.

Si bien el gasto en publicidad oficial ha disminuido notablemente al pasar de 10 mil millones de pesos en 2018 a 2 mil 23 millones 640 mil pesos en 2019, su ejercicio sigue mostrando las viejas prácticas discrecionales y patrimonialistas para usar y abusar de los recursos públicos. Esto queda de manifiesto de acuerdo al reporte comentado, pues 57.26 por ciento del presupuesto de publicidad se distribuyó entre 15 medios, mientras el porcentaje restante fue para 476 medios de comunicación. Los principales beneficiarios de ello fueron Estudios Azteca, con 30 por ciento del gasto total; Televisa, con 10.87 por ciento; y el periódico La Jornada, con 8.03 por ciento.

Asimismo, el escenario de violencia presentado por Artículo 19 se agrava a consecuencia de la creciente polarización de la sociedad, que también ha encontrado en los comunicadores blancos para atacar. Y no solo eso, continúan los linchamientos mediáticos en todas direcciones: desde el gobierno, desde los medios de comunicación, desde la iniciativa privada y desde la sociedad civil en general. Hoy por hoy, seguimos instalados en creer a pie juntillas que la mejor manera de construir la República es eliminando a los adversarios y no tomando en cuenta a la totalidad de la población en un proyecto de diálogo, y no solo de voces, plural e incluyente que beneficie a todos. En esta realidad no se salva nadie, los linchamientos políticos y sociales son de ida y vuelta.

En este sentido, se impone que realicemos un ejercicio de introspección serio y objetivo que nos permita asumir las propias responsabilidades de nuestros roles dentro de este entramado, de esa manera podremos entender mejor que en este momento muchos ciudadanos continúan lanzando la piedra y escondiendo la mano.

Mientras tanto, un poco alejados del ajetreo, la violencia contra periodistas, los confinamientos sanitarios y la urgencia económica, algunos empresarios son apapachados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sea por realizar las obras de los megaproyectos, sea por no reclamarles por sus desplantes en relación a las disposiciones sanitarias del gobierno federal, o sea porque reciben un trato preferencial en la ventanilla de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Así, aparecen Carlos Slim Helú como el principal contratista del gobierno lopezobradorista, cuyas empresas constructoras participarán en la construcción del segundo tramo del Tren Maya, y Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Salinas, quien, a pesar de formar parte de los consejeros del presidente de la República, frecuentemente desestima las disposiciones federales en asuntos de salud pública y continúa recibiendo un trato preferencial de Palacio Nacional.

Alrededor de todo esto, y cuando los casos de Covid19 siguen aumentando (en este momento ya se contabilizan más de 85 mil contagios y más de 10 mil personas fallecidas, más del 50 por ciento de los muertos en la segunda mitad de mayo), el gobierno de la 4T presentó su plan para regresar a la “nueva normalidad” y poder retomar algunas actividades a partir del lunes 1 de junio. Estas actividades que comenzarán a realizarse serán clasificadas por su valor social y económico.

Si bien la vida pública no se puede suspender, como afirmó el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, se impone que autoridades y ciudadanía en general hagamos lo necesario para regresar a la “normalidad” con la mayor seguridad posible. Caso contrario, el retorno podría ser más violento y peligroso, incluso con mayores casos de contagio que los que hemos vivido hasta hoy.


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