La podredumbre de Alfaro y López Obrador
Fernando Miranda Servín.
El pasado 4 de mayo, el joven Alejandro Giovanni López Ramírez fue detenido en presencia de su familia en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado de Jalisco, por no traer cubrebocas. Al tratar de grabar a los policías municipales, Giovanni López comenzó a ser agredido por los uniformados hasta que lo sometieron y lo privaron ilegalmente de su libertad. De acuerdo a un testigo que fue detenido junto con Giovanni, éste fue torturado por los policías municipales durante más de tres horas.
Al día siguiente, el cuerpo de Giovanni fue recuperado por sus familiares en el Servicio Médico Forense de este municipio: el acta de defunción registraba que Giovanni había fallecido a causa de un severo traumatismo craneoencefálico. Pero los familiares, al revisar el cuerpo de Giovanni también observaron que tenía una herida de bala en una pierna.
El presidente municipal, de extracción priísta, Eduardo Cervantes, al enterarse que los familiares de Giovanni habían grabado su detención, les ofreció 200 mil pesos para que se desistieran de hacer cualquier tipo de acusación, con la amenaza de tomar represalias contra ellos si se negaban a aceptar el acuerdo sucio.
Al ver que la ley no se aplicaba a los policías asesinos y que lejos de esto continuaban en sus cargos, la familia dio a conocer en los primeros días de junio el video de la detención arbitraria de Giovanni y los detalles de su homicidio, y así fue como estalló el escándalo a nivel nacional. La ciudadanía jalisciense, indignada, exigió al gobernador Enrique Alfaro Ramírez castigo inmediato para los homicidas de Giovanni y convocaron a una marcha pacífica que se realizaría el 4 de junio. Como ya sabemos, esta marcha fue infiltrada por contingentes violentos afines al partido Morena y al gobierno lopezobradorista con el objetivo de desestabilizar al régimen del gobernador emecista Enrique Alfaro, quien se ha caracterizado por liderar un frente opositor de gobernadores que se han inconformado por las medidas presupuestales de “austeridad” impuestas por el presidente López Obrador y por su política errónea en el manejo de la pandemia del coronavirus.
El asesinato de Giovanni evidenció la corrupción que se vive en Jalisco bajo el régimen de Enrique Alfaro, cuya Fiscalía lejos de investigar este homicidio prácticamente ya le había dado carpetazo. Hoy se sabe que el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, el priísta Eduardo Cervantes, tiene graves antecedentes delincuenciales.
Así las cosas, los jaliscienses tuvieron que realizar una protesta y poner en riesgo sus vidas quedando en medio de la brutalidad de la policía estatal bajo las órdenes del gobernador emecista Enrique Alfaro y de la violencia premeditada ejercida por los porros enviados por el partido lopezobradorista, para que el gobernador Alfaro hiciera lo que debió haber hecho antes de cumplirse las 72 horas del asesinato de Giovanni: aprehender a sus asesinos y ponerlos a disposición de un juez.
Hoy, lo que estamos viendo en los medios de comunicación y en las redes sociales no es más que una vergonzosa batalla entre políticos nefastos que tratan de culparse uno al otro por los lamentables hechos sucedidos el pasado 4 de junio en la capital de Jalisco. Hechos salvajes en los que la única víctima fue la ciudadanía jalisciense.
Este lamentable escenario nos hace recordar acontecimientos históricos trágicos que por la estupidez de quienes nos gobiernan pueden repetirse en cualquier momento, como esas venganzas entre políticos abyectos que derivaron en “halconazos”, cuya cuota de muertos fue cubierta por el pueblo de México.
Lo que pasó en Jalisco tiene dos responsables directos: el primero es el mandatario estatal Enrique Alfaro, por la grave omisión de su gobierno al no aprehender de inmediato a los policías asesinos de Giovanni López, y por la represión criminal que sus fuerzas policíacas ejercieron sobre la ciudadanía el pasado 4 de junio; el otro responsable es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por permitir que sus irresponsables huestes planearan el “halconazo” que ese día solamente afectó y agravió al pueblo de Jalisco, no a su gobernador fallido.
Por poner en riesgo la integridad física y la vida de infinidad de ciudadanos jaliscienses, ambos mandatarios merecen ser enjuiciados.