Fernando Miranda Servín.

El cambio que los ciudadanos de la capital de Durango buscaron en 2016 al votar en contra del PRI y a favor del PAN, simplemente no llegó. Por el contrario, la élite voraz de políticos panistas que llegaron a ocupar altos cargos en este municipio resultó mucho peor que los priístas.

Hoy, el millonario fraude del contrato leonino de las luminarias realizado el trienio pasado puso en la vitrina pública a un grupo de panistas que solo ha utilizado el poder para hacer negocios pingües y beneficiarse a sí mismos.

La historia de este contrato chueco inició el 16 de enero de 2018, cuando el ex alcalde saqueador y actual senador, José Ramón Enríquez Herrera, envió a la LXVII Legislatura del Congreso del estado de Durango su Iniciativa de Decreto solicitando autorización al municipio de Durango para concesionar el servicio de alumbrado público a una asociación público-privada (app). Esta solicitud fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, integrada por los diputados Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN); Rosa María Triana Martínez (PRI); Gina Geraldina Campuzano González (PAN); Gerardo Villarreal Solís (PVEM); Luis Enrique Benítez Ojeda (PRI); José Gabriel Rodríguez Villa (PRI), y Rigoberto Quiñones Samaniego (PT), presidente, secretaria y vocales respectivamente, los cuales aprobaron de manera unánime la iniciativa de dictamen para que el 4 de mayo de 2018 el municipio de Durango firmara con la empresa INDUSTRIAS ISOLA BASIC el ventajoso y perjudicial contrato para instalar y darle mantenimiento a 35 mil 883 luminarias Led a un costo de mil 200 millones de pesos, con un sobreprecio de 800 millones de pesos.

Así las cosas, estos diputados arriba mencionados fueron los primeros que debieron haber conocido las condiciones en las que el gobierno del municipio de Durango realizaría dicho contrato, y sopesado la conveniencia de concretarlo o no.

El contrato en cuestión fue aprobado por el entonces presidente municipal interino Alfredo Herrera Duenweg, quien recientemente declaró al ser interrogado por reporteros de algunos medios de comunicación locales que había firmado esta aprobación sin leer el contrato “porque el Cabildo ya lo había autorizado”. Otros personajes que avalaron este contrato fueron el exdirector de Administración y Finanzas, C.P. Felipe de Jesús Pereda Aguilar, y el exdirector de Servicios Públicos, Lic. Héctor Jorge Parra Meléndez.

Por el Cabildo aprobaron este atraco a la ciudadanía la entonces Secretaria Municipal y del Ayuntamiento, Claudia Ernestina Hernández Espino (PAN), brazo derecho del ex alcalde corrupto José Ramón Enríquez Herrera; Alejandro Mojica Álvarez, ex primer regidor por el PAN y actual director del CECyTED; Juana Santillán García, ex segunda regidora por el PRD; Carlos Epifanio Segovia Mijares, ex tercer regidor por el PAN y también ex alcalde interino; Minka Patricia Hernández Campuzano, ex cuarta regidora por el PAN; Beatriz Cortez Zúñiga, ex sexta regidora por el PAN; Fernando Rocha Amaro, ex séptimo regidor por el PAN; María Guadalupe Silerio Núñez, ex octava regidora por el PRD; Gerardo Rodríguez, ex noveno regidor por MC; José Guillermo Ramírez Guzmán, ex décimo regidor por el PRI; Nora Verónica Gamboa Calderón, ex décimo primera regidora por el PRI; Saúl Romero Mendoza, ex décimo cuarto regidor por el PRI; Perla Edith Pacheco Cortez, ex décima quinta regidora por el PRI, y Marisol Carrillo Quiroga, ex décimo séptima regidora por el partido MC.

En la aprobación del contrato hecha por el Cabildo no aparece la firma de quien ocupaba uno de los principales cargos, la entonces síndico panista Luz María Garibay Avitia; al igual que el ex alcalde interino Alfredo Herrera Duenweg, y la ex regidora Minka Hernández Campuzano, esta servidora pública también declaró ante los medios de comunicación no haber leído el contrato millonario, cuando su cargo como síndico la obligaba a realizar esta tarea.

Entre todos estos conocidos políticos duranguenses destacan algunos panistas que hoy ocupan altos cargos en el gobierno y en el Cabildo encabezado por “El Alcalde Gris”, Jorge Salum del Palacio, personajes que hoy conforman un auténtico cartel de corte delincuencial, como la ex regidora Minka Hernández, actual Secretaria Particular del alcalde; la ex síndico Luz María Garibay, quien de manera inexplicable sigue ocupando el mismo cargo; Fernando Rocha Amaro, ex regidor y ex presidente de la comisión de Actividades Económicas, que ahora también ocupa los mismos cargos, y Claudia Hernández, ex Secretaria Municipal y del Ayuntamiento y actual regidora.

Mario Garza Escobosa, Secretario Municipal y del Ayuntamiento, como ex diputado suplente del ahora alcalde Jorge Salum defendió en el Pleno del Congreso y votó a favor de la aprobación del contrato millonario de las luminarias, al igual que la también ex diputada local panista Rosa Isela Rodríguez, ahora directora de Educación, y el ex diputado local Jorge Perez, hoy director de Servicios Públicos.

Los ex regidores emecistas Gerardo Rodríguez y Marisol Carrillo siguen ocupando los mismos cargos en el Cabildo duranguense.

Como se ve, todos estos personajes formaron parte de ese engranaje que tenía como objetivo embolsarse por lo menos 800 millones de pesos del erario del municipio de Durango. Ahora, la cancelación de este nefasto contrato anunciada por el alcalde Jorge Salum podría costar a los contribuyentes la friolera de 430 millones de pesos; es decir, el costo real aproximado de las 35 mil 883 luminarias Led. Hasta el momento, este alcalde no le ha exigido su renuncia a ninguno de los protagonistas de este escándalo que pertenecen a su gabinete y a su Cabildo.

Muy caro es el precio que paga la ciudadanía por los servicios que presta esta auténtica pandilla de vivales, que a pesar de ser exhibidos por las fechorías que cometen no son requeridos por ninguna autoridad y continúan tranquilamente ocupando sus cargos.

Este, sin duda alguna, es uno de los mejores ejemplos del por qué el estado de Durango ocupa el primer lugar en percepción y comisión de actos de corrupción a nivel nacional.


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