Fiscalía y UJED, un año de impunidad en el caso Lucía Isabel

Fernando Miranda Servín.

En agosto de 2019, la joven Lucía Isabel Álvarez Ramírez, de 31 años, fue despedida injustificadamente de la Librería UJED, en donde tenía un mes de estar trabajando como empleada de mostrador. Lucía Isabel Álvarez fue despedida el 13 de agosto de 2019 como represalia porque un día antes se negó a la exigencia del entonces director de esta librería, Gamaliel Ochoa Serrano, de acompañarlo a un hotel.

Lucía Isabel acudió a la Contraloría Interna de la UJED a presentar su queja, pero esta instancia no realizó ninguna diligencia para sancionar a su presunto agresor.

El 14 de agosto de 2019 Lucía Isabel Álvarez se presentó en la Fiscalía General del estado de Durango a interponer su denuncia por el delito de hostigamiento sexual en contra del en ese momento director de la Librería UJED, quedando la carpeta de investigación registrada con el número JPR/FGE/R1/DGO/02605/19.

En el mismo mes de agosto de 2019, Lucía Isabel Álvarez acudió a la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo para presentar una demanda laboral por despido injustificado.

Días después de estos hechos, Gamaliel Ochoa dejó su cargo como director de la Librería UJED pues fue nombrado subsecretario de la secretaría de Bienestar del estado de Durango.

A principios de marzo de 2020, luego de ser exhibido en la marcha del Día Internacional de la Mujer, realizada el día 8 en el centro de la ciudad de Durango, el servidor público de marras, Gamaliel Ochoa Serrano, fue separado de su cargo como subsecretario de la SEBISED mientras la Fiscalía realizaba la investigación correspondiente. Sin embargo, a un año de distancia, la inoperante Fiscalía General, a cargo de la Lic. Ruth Medina Alemán, no ha resuelto la denuncia interpuesta por Lucía Isabel Álvarez, a pesar de que la ofendida presentó ante esta institución pruebas irrefutables del delito del que fue objeto por parte del exdirector de la Librería UJED, Gamaliel Ochoa Serrano.

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Lic. Ruth Medina Alemán, Fiscal General del gobierno del estado de Durango, un año sin resolver la denuncia de hostigamiento sexual interpuesta por Lucía Isabel Álvarez en contra del exdirector de la Librería UJED, Gamaliel Ochoa Serrano.

También, en un acto oprobioso, el rector de la UJED, C.P. Rubén Solís Ríos, se niega a reconocer la relación laboral que Lucía Isabel Álvarez tuvo con esta casa de estudios como empleada de la Librería UJED. Al respecto, la procuradora de la Defensa del Trabajo, Lic. Rosa Eréndira Rodríguez Araujo, desde antes de la pandemia ha sido incapaz de defender los derechos laborales de Lucía Isabel Álvarez.

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El rector de la UJED, C.P. Rubén Solís Ríos, bajo su administración corrupta lo mismo se ha encubierto a presuntos hostigadores sexuales como a defraudadores del rectorado que lo antecedió.

Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cargo del Lic. Marco Antonio Güereca Díaz, instancia en la que Lucía Isabel también presentó su queja que quedó registrada con el número de expediente 2019/679, tampoco ha intervenido para que a Lucía Isabel Álvarez se le haga justicia.

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Lic. Marco Antonio Güereca Díaz, titular de la CEDH, los contribuyentes siguen pagándole un sueldo por no hacer nada cuando ciudadanos como Lucía Isabel Álvarez necesitan apoyo.

Muchos son los casos de hostigamiento sexual en la UJED que han sido denunciados bajo el rectorado de Rubén Solís Ríos, en la mayoría de los cuales han sido protegidos los agresores. Y es que esta administración “que recuperó la autonomía de la UJED” se ha caracterizado por encubrir este tipo de delitos y fraudes, pues hasta la fecha este rector no ha dado a conocer los resultados de las supuestas auditorías que realizó al rectorado que lo antecedió, amén de las opacidades que se practican con los ingresos financieros relacionados con las inscripciones y los famosos semestres cero.

En cuanto a la Fiscalía General, la ciudadanía duranguense ya conoce de sobra los nulos resultados e ineptitud de su titular, la Lic. Ruth Medina Alemán, una de las principales responsables de la impunidad que agobia a esta entidad norteña y que por razones inexplicables sigue ocupando su cargo, cuando desde hace mucho tiempo debió ser destituida.

Sobre el papel que han desempeñado en el caso Lucía Isabel los titulares de la CEDH y de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, solo se puede decir que estos “servidores públicos” son auténticos floreros a los que los contribuyentes les pagamos un sueldo por no hacer nada productivo cuando ciudadanos como Lucía Isabel les solicitan apoyo.

A grandes rasgos, este es el panorama de impunidad que permea en Durango, entidad que ocupa el primer lugar a nivel nacional en estadísticas de percepción de la corrupción. Y ahora sabemos que gracias a personajes como Ruth Medina Alemán, Rubén Solís Ríos, Rosa Eréndira Rodríguez Araujo y Marco Antonio Güereca Díaz, Durango aparece en ese deshonroso lugar.