Fernando Miranda Servín.

“El pueblo demanda respuestas claras ante los graves retrocesos y la evidente parálisis que vive Durango en su agenda de desarrollo. Hace cuatro años prometieron un cambio, ser diferentes, acabar con las viejas prácticas políticas, combatir la corrupción, la impunidad, la inseguridad, ser los mejores, los más honestos, traer desarrollo, generar empleo y bienestar para todos; sin embargo, hoy la sociedad tiene otros datos.

“Prometieron frenar la corrupción y la corrupción los frenó a ustedes. Prometieron un gobierno transparente y la opacidad es el símbolo de su actuar.

“Es claro que el gobierno de Aispuro pasó de ser un gobierno de verdad a un gobierno de mentira, en el cual frente a los malos resultados la respuesta son los pretextos”.

Los párrafos anteriores son fragmentos del discurso pronunciado por la diputada morenista Sandra Amaya Rosales, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado de Durango, con el que contestó el cuarto informe de gobierno del mandatario estatal panista José Aispuro Torres. Sin duda alguna un discurso certero, que si lo hubiera pronunciado Malala Yousafzai o Rigoberta Menchú hubiera provocado la renuncia inmediata del gobernador duranguense… pero lo dijo Sandra Amaya, una de las políticas más corruptas que ha pisado el Congreso de Durango en toda su historia.

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Sandra Amaya Rosales y Esteban Villegas Villarreal, morenista y priísta respectivamente, han presidido la JUCOPO en esta LXVIII Legislatura, que ha sido la más opaca y corrupta que ha tenido el Congreso de Durango en los últimos tiempos.
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Algunos comunicadores duranguenses evidenciaron en las redes sociales la deshonestidad de la expanista Sandra Amaya cuando ocupó el cargo de regidora en el municipio de Durango y presentó una propuesta de Reglamento Interno para Protección Civil plagiada del municipio de Autlán, Jalisco.

En la memoria colectiva de esta entidad perdura el recuerdo de Sandra Amaya como regidora panista del municipio de Durango en el trienio 2013-2016, en el que sin ningún pudor presentó en el Cabildo una propuesta de Reglamento Interno para Protección Civil totalmente plagiada del municipio de Autlán, Jalisco. El grave y vergonzoso “detalle” fue evidenciado por la prensa local y por algunos comunicadores que en las redes sociales exhibieron la deshonestidad de la regidora blanquiazul Sandra Amaya.

Como se sabe, del PAN Sandra Amaya pasó a ser militante del sectarista y ultraderechista Partido Encuentro Social, en donde militó brevemente para brincar al partido Morena y en 2018 formar parte de esa pléyade de “izquierdistas” “purificados” a los que les cayeron del cielo diputaciones locales y federales a lo largo y ancho del país por el efecto “cascada”, provocado por el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

En septiembre de 2018, recién llegada al Congreso, Sandra Amaya fue nombrada presidenta de la JUCOPO y tres meses después fue destituida “por incurrir en presuntos actos de corrupción y deslealtad hacia la causa morenista”, de acuerdo a lo publicado por el periodista Rubén Cárdenas el 14 de diciembre de 2018 en el periódico El Siglo de Durango.

Con un trabajo legislativo poco o nada trascendente, la labor de esta diputada y sus compañeros de bancada consiste básicamente en copiar y pegar en el Congreso duranguense las iniciativas que los diputados federales del partido Morena presentan y aprueban en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. De ahí en fuera, lo más sonado de Sandra Amaya han sido los escándalos en los que ha estado inmersa, como aquél de la entrega de un documento apócrifo ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para pretender registrar de manera ilegal la candidatura común a la alcaldía de Durango del petista Alejandro González Yáñez por los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, hecho suscitado en marzo de 2019. Al respecto, en entrevista telefónica con la conductora de noticieros del canal 10 local, Zujey Luna, la diputada Sandra Amaya declaró que había recibido la orden del Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena en México para entregar ese documento en el IEPC, y al ser cuestionada varias veces sobre quién le había dado esa orden solo contestó: “A mí me llamaron”, ganándose en la red social de Twitter el hashtag #LadyMeLlamaron.

Otro de los affaires protagonizado por esta diputada morenista se dio a finales de mayo de este año 2020 con la violación del acuerdo signado por las fracciones de los partidos Morena, PRI y PAN para la integración de la JUCOPO, que establecía que el tercer año de ejercicio constitucional este organismo sería presidido por el coordinador del grupo parlamentario del PAN. Como se sabe, la diputada Sandra Amaya violó este acuerdo adjudicándose la presidencia de la JUCOPO que actualmente ocupa, provocando el vulgar reclamo del diputado panista José Antonio Ochoa, quien en la sede del Congreso le entregó una cartera de huevos a la diputada Amaya Rosales diciéndole: “Para que sostengas tu palabra”, ganándose el apodo de “Lord Huevos” en las redes sociales y en los medios de comunicación nacionales.

Luego de este acto bochornoso, Sandra Amaya negó repetidas veces ante los medios de comunicación locales la existencia de dicho acuerdo, y fue nuevamente el periodista Rubén Cárdenas quien en las redes sociales mostró fotografías del documento firmado por la legisladora morenista, exhibiéndola ante la ciudadanía duranguense como mentirosa.

Otra de las características de la diputada ex panista, ex pesista y ahora morenista es la protección que ha otorgado a algunos alcaldes saqueadores, como la exalcaldesa de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera, de quien la legisladora tuvo pruebas de graves anomalías perpetradas por ella y por los regidores de su cabildo, pruebas entregadas a la morenista por el periodista lagunense Juan Monrreal López desde diciembre de 2018, negándose ésta a cumplir la petición del comunicador de exponer esos actos de corrupción en la tribuna del Congreso.

Así las cosas, esta “representante popular” y sus 24 compañeros diputados de los partidos Morena, PT, PAN, PRI y PVEM solo han significado un lastre para la ciudadanía duranguense, pues en los dos años que llevan “legislando” no han transparentado ni el uno por ciento de los casi 600 millones de pesos que han ejercido de presupuesto desde el 1 de septiembre de 2018 hasta la fecha, y esto se puede constatar en la página oficial de la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI, en donde este Congreso no registra licitaciones ni adjudicaciones de contratos a proveedores y prestadores de servicios; así mismo, tampoco especifica los conceptos por los que ha gastado millones de pesos manifestados en distintos rubros, como por ejemplo el de “Servicios Generales”, donde en el ramo de “servicios profesionales, científicos, técnicos y otros”, tan solo en ocho meses, del 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre del mismo año, este Congreso gastó 67 millones de pesos sin especificar cómo, cuándo ni dónde.

La aprobación negociada y al vapor de las cuentas públicas de alcaldías, secretarías estatales y de organismos autónomos es más que evidente, pues ningún edil, secretario de despacho estatal ni funcionario de algún organismo autónomo ha sido indiciado en lo que va de esta legislatura.

A grandes rasgos, las curules del Congreso de Durango sirven más como negocio y promoción personal para ocupar otros cargos públicos que como verdaderas representaciones de la ciudadanía.


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