Caso de los 43, sin solución; los saqueos en CONACYT y la impunidad de Aispuro

Este mes de septiembre, el día 26, se cumplieron 7 años del genocidio de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, quienes fueron desaparecidos de manera forzosa en el municipio de Iguala por policías municipales en coordinación con fuerzas federales, el ejército e integrantes del crimen organizado.

Esta tragedia, sin duda alguna, fue utilizada por la “izquierda” lopezobradorista durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para desgastar al régimen priísta y ganar adeptos en las elecciones presidenciales de 2018, en las que resultó ganador Andrés Manuel López Obrador. Como se sabe, una de las muchas promesas de campaña que hizo el político tabasqueño fue precisamente la de resolver este genocidio.

Hoy, a más de 3 años de su sexenio, López Obrador no ha resuelto el genocidio de los 43 y año tras año les ha dado largas a los padres de los estudiantes desaparecidos. Así, los autores materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad siguen impunes y una de las líneas de investigación que apunta directamente hacia la participación de elementos del ejército mexicano continúa totalmente bloqueada. López Obrador, después de que vociferó en su campaña electoral en contra de Peña Nieto responsabilizándolo de este genocidio, como presidente de la República resultó igual o peor que su antecesor.

El genocidio de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 4 años de impunidad con Peña Nieto y 3 años de impunidad con Andrés Manuel López Obrador.

En este mismo mes se celebró el 211 aniversario del inicio de la guerra de Independencia, y en medio de estos festejos fueron invitados a nuestro país por el gobierno federal los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Venezuela, Nicolás Maduro, conocidos personajes cuyos gobiernos han devenido en detestables dictaduras que oprimen con ferocidad a sus pueblos. Por ende, López Obrador no solo recibió severas críticas a través de las redes sociales y medios impresos del país, sino también más allá de nuestras fronteras.

La presencia de este par de sátrapas, sobre todo de Díaz-Canel que recientemente encarceló a miles de cubanos que salieron a protestar en las calles de toda la isla por las condiciones inhumanas en las que han vivido en medio de la pandemia, fue totalmente incongruente y desentonó con la conmemoración de la lucha libertaria de nuestro país.

En medio de estos desaciertos, el gobierno “izquierdista” fue exhibido, otra vez, por sus actos de corrupción, esta vez en el CONACYT, donde Mariana Imaz Sheinbaum, hija de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha recibido una beca millonaria desde el año 2016. La información, obtenida por diferentes medios de comunicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, reveló que Mariana Imaz Sheinbaum recibió 2.2 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y 3.6 millones en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Ante la exhibición de los montos millonarios de las becas para hijos de prominentes integrantes de la 4T, los alumnos del CONACYT ya están exigiendo becas para todos.

Pablo Daniel Taddei Arriola, hijo de Jorge Taddei Bringas, Delegado de la secretaría de Bienestar en Sonora, durante el año 2019 recibió 3 millones 620 mil 761 pesos por concepto de “subsidios para becas”, provenientes de esta misma institución. Otros becados, familiares de conocidos integrantes de la Cuarta Transformación, también aparecen en las relaciones de pagos del CONACYT con diferentes montos millonarios, contrastando estas sumas con los 4 mil 310 pesos que reciben mensualmente quienes están incorporados al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Así las cosas, entre una ingobernabilidad atroz y saqueos descarados, la economía en el gobierno lopezobradorista continúa en caída libre pues durante cinco trimestres consecutivos (entre marzo de 2020 y junio de 2021) las salidas de capitales han sido alarmantes, alcanzando la suma de 459 mil millones de pesos, de acuerdo a cifras registradas por el Banco de México, lo que indica que estamos dejando de ser un país atractivo para los inversionistas.

La corrupción y la impunidad, entre otras cosas, influyen para que se den este tipo de comportamientos financieros. 

Al respecto, ya para nadie es secreto la protección que se otorgan a sí mismos los integrantes de la clase política mexicana, que solo aplican la ley cuando son afectados sus intereses. Este es el caso del estado de Durango, en donde se han documentado fraudes y saqueos sin precedentes en la historia de esta entidad gobernada por el panista José Aispuro Torres y ninguna instancia a nivel federal se ha interesado por investigar estos atropellos a los contribuyentes.

Son muchos los agravios que ha cometido este mandatario blanquiazul en contra de la ciudadanía duranguense, pero sin lugar a dudas los que más destacan es el haber empobrecido aún más a la población de esta entidad durante su sexenio y el haber permitido el enriquecimiento ilícito de sus familiares más cercanos. El manejo del presupuesto de manera discrecional y el otorgamiento de sospechosos contratos millonarios a personas físicas han sido la constante en la mayoría de las secretarías estatales, especialmente en la secretaría de Bienestar, cuyo titular, Jaime Rivas Loaiza, ocupa este despacho más por su cercanía con el gobernador depredador que por sus capacidades profesionales.

En noviembre próximo inicia el proceso electoral en el que estará en juego la gubernatura de Durango y quizá José Aispuro Torres sea el primer gobernador en la historia de esta entidad que pierda su poder por completo de manera más que prematura, pues por sus rapacerías y traiciones al pueblo ya se prevé el triunfo del candidato o candidata morenista y, de no haber pacto de impunidad, seguramente Aispuro y no pocos integrantes de su gabinete estarán en capilla para devolver lo robado o para ingresar a la cárcel.

El electorado duranguense, como siempre, tendrá la última palabra.

El gobernador depredador de Durango, José Aispuro Torres, de no haber pacto de impunidad él y su séquito de ladrones podrían ser encarcelados por los saqueos millonarios que han cometido.

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