Juana Leticia Herrera y la denuncia de la UIF archivada en la FGR

Fernando Miranda Servín.

El 14 de septiembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda del gobierno lopezobradorista informó a los medios de comunicación nacionales que había bloqueado las cuentas bancarias de la exalcaldesa de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera, y de su ex tesorero, Óscar García, por malversación de recursos.

La UIF también confirmó haber detectado triangulaciones de recursos en la adquisición de un centenar de inmuebles durante el trienio en el que Juana Leticia Herrera ocupó esta presidencia municipal, de 2016 a 2019. También la UIF descubrió desvíos de recursos a través de la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de nómina, “que de acuerdo al sistema financiero terminaban en sus cuentas personales”.

De acuerdo a las investigaciones de la UIF, “tres empresas habrían funcionado como fachadas para que Juana Leticia Herrera desviara recursos del erario mientras era servidora pública en Gómez Palacio, apoyada por su tesorero Óscar García”.

Ese día trascendió que la UIF había presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

Juana Leticia Herrera de inmediato desmintió los hechos en su cuenta de Twitter, pero al día siguiente, el 15 de septiembre de 2020, la entonces alcaldesa de Gómez Palacio y actual candidata a la gubernatura de Durango, Marina Vitela Rodríguez, confirmó a los medios de comunicación duranguenses que efectivamente la UIF había bloqueado las cuentas bancarias de varios ex funcionarios y algunas empresas de Gómez Palacio.

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Juana Leticia Herrera, durante su administración municipal en el trienio 2016-2019 se perpetraron saqueos millonarios y brutales actos de represión en contra de la ciudadanía. Hoy anda en campaña electoral pues quiere ser nuevamente alcaldesa de Gómez Palacio.

Marina Vitela declaró que de manera personal sostuvo comunicación con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, quien le aseguró que se actuaría con apego a la legalidad ya que la instancia federal había atraído el caso derivado de las denuncias por las presuntas irregularidades detectadas por más de 500 millones de pesos durante el proceso de Entrega-Recepción.

Esta misma denuncia la habría presentado la exalcaldesa Marina Vitela ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Durango.

Sin embargo, los meses pasaron, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, renunció a su cargo y extrañamente esta investigación quedó en el olvido con la llegada a esta dependencia de Pablo Gómez Álvarez, quien hasta el momento no ha informado a la ciudadanía qué ha sucedido con las denuncias que la UIF interpuso ante la Fiscalía General de la República.

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Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, anda más preocupado en castigar a los ciudadanos que no votaron en la Revocación de Mandato que en recuperar los 500 millones de pesos que se robaron en el municipio de Gómez Palacio, durante el gobierno encabezado por Juana Leticia Herrera.

Y tan bien archivadas quedaron estas pesquisas que hoy Juana Leticia Herrera anda en campaña electoral para ser, nuevamente, alcaldesa de Gómez Palacio abanderada por la coalición Va por México, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD.

El asunto no es para menos pues se trata de 500 millones de pesos pertenecientes al erario. 500 millones de pesos que la UIF, en tiempos de Santiago Nieto Castillo, determinó que fueron a parar a las cuentas bancarias personales de varios ex servidores públicos de la administración municipal presidida por la priista Juana Leticia Herrera.

Hoy, no deja de ser inverosímil ver a este personaje en campaña electoral sin ninguna preocupación, por lo que obligatoriamente provoca la sospecha de que algún tipo de arreglo a espaldas de la ciudadanía se llevó a cabo en las oficinas de la UIF y en las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Después de todo, la clase gobernante así suele arreglar las cosas en nuestro país, negociando el patrimonio público otorgando impunidades al mejor postor.

Por lo pronto, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que dice combatir la corrupción, siguen perdidos 500 millones de pesos propiedad de los contribuyentes, a pesar de que la UIF desde septiembre de 2020 identificó a los vivales que se apoderaron de esta enorme cantidad de dinero.