Participan en fraude de más de 20 millones de pesos a constructores.

Priístas involucrados.

La Fiscal General del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, no actúa.

Fernando Miranda Servín.

En septiembre de 2011, destacados priístas duranguenses formaron parte de un operativo bien montado para despojar de más de 20 millones de pesos a siete reconocidos empresarios locales de la construcción.

La historia comienza en el estado de Puebla, en donde los alcaldes de Durango, Adán Soria Ramírez; de Poanas, Raúl Piedra Macías; de Pueblo Nuevo, José Guadalupe Barrios Téllez, y de San Dimas, José Rafael Rodríguez Favela, todos de extracción priísta, se reunieron con el ex alcalde del municipio de Vicente Guerrero, Ing. Enrique García Solís, con el también priísta y actual delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Ing. Abraham Moreno García, y con la Ing. Rebeca Maritza Ascencio Rasgado, representante de la empresa duranguense Construcciones y Geología S.A. de C.V., quienes les presentaron a un licenciado veracruzano de nombre Rafael  López Esquer.

En dicha reunión, el Lic. Rafael López Esquer dijo ser colaborador del Mayor Bernardo Terrazas Salgado, de origen mexiquense, supuesto funcionario muy cercano al en ese tiempo secretario de Hacienda y Crédito Público, y actual coordinador de la fracción panista en el senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo.

López Esquer les manifestó a los alcaldes duranguenses que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaban disponibles partidas millonarias de dinero pertenecientes al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y al Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM), y que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) era el fiduciario de esos fondos.

López Esquer les dijo a los alcaldes que él y el Mayor Bernardo Terrazas Salgado podían “bajar” esos recursos federales ya que tenían mucha amistad con el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, pero para realizar ese trámite necesitaban que los alcaldes ahí presentes expidieran solicitudes en papel membretado, con sello y firma, dirigidas a Ernesto Cordero y al subsecretario de Egresos de la SHCP, con una lista de las obras públicas que necesitaban realizar con más urgencia.

López Esquer les informó a los alcaldes que él y el mayor Terrazas Salgado se encargarían de que el dinero les llegara directamente a ellos, sin pasar por la supervisión del gobierno del estado. Según López Esquer, luego de entregadas estas solicitudes, BANOBRAS, a través de su Subcomité Técnico de Evaluación y Financiamiento, “preautorizaría” el monto de las obras a ejecutar.

Para que se autorizara la liberación de esos millonarios recursos financieros, que supuestamente iban a servir para realizar obras públicas en esos municipios duranguenses, era necesario que las administraciones municipales presentaran un costoso estudio de factibilidad y viabilidad de las obras ante el fiduciario, en este caso BANOBRAS. Pero como los alcaldes no contaban con recursos públicos para hacer este tipo de gastos, acordaron con López Esquer que serían los empresarios de la construcción, a quienes asignarían la realización de esas obras, los que pagarían dichos estudios.

Para seleccionar a los empresarios de la construcción que serían invitados para llevar a cabo las obras, los presidentes municipales de Durango, Poanas, Pueblo Nuevo y San Dimas, junto con el Lic. Rafael López Esquer, eligieron en esa reunión al ex alcalde de Vicente Guerrero, Ing. Enrique García Solís.

A la Ing. Rebeca Maritza Ascencio Rasgado le fue encargada la encomienda de organizar a los empresarios para que entregaran la documentación que les fuera requerida por la Secretaría de Hacienda, BANOBRAS y los municipios.

Mientras tanto, los presidentes municipales de Durango y Poanas hicieron lo que el Lic. López Esquer les indicó y el 28 de septiembre de 2011, mediante los oficios con números DOP/600-D/11, PRES/093/2011 y MVGOP/0116, solicitaron al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, la inclusión de sus municipios en el FIDEM y, efectivamente, el 7 de octubre y el 14 de noviembre de ese mismo año, respectivamente, recibieron por parte de la SHCP las llamadas carátulas oficiales de las obras a realizar, así como el monto “preautorizado” de las mismas.

Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2012, el ex presidente municipal de Vicente Guerrero, Ing. Enrique García Solís, y su hijo Fernando García Quezada, se dieron a la tarea de buscar a los empresarios locales que invitarían para realizar las obras en los municipios de Durango, Poanas, Pueblo Nuevo y San Dimas, mostrándoles los oficios que el presidente municipal de Durango, Adán Soria Ramírez, y el alcalde de Poanas, Raúl Piedra Macías, habían enviado al secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, así como los oficios de respuesta satisfactoria que ambos ediles habían recibido el 7 de octubre y 14 de noviembre de 2011, con las carátulas de las obras a ejecutar y el monto “preautorizado” de las mismas.

Así, el Ing. Enrique García Solís y su hijo eligieron a los siguientes empresarios de la construcción duranguenses:

El Ing. Pedro Valencia Nevárez, propietario de la empresa Constructora Visión y Proyecto S.A. de C.V., el Arq. Mario Reveles Gutiérrez, dueño de Urbánica Construcciones S.A. de C.V., el Lic. Raudel Espinoza Reymundo, representante de Desarrollos Valpa S.A. de C.V., el Ing. Mauro J. Torres González, de Construcciones Pita S.A. de C.V., el Ing. José Cruz Arreola Torres, representante del Grupo Constructor Logo S.A. de C.V., el C.P. Gustavo Jaramillo Ávalos, de la Corporación GBB S.A. de C.V., la Ing. Rebeca Maritza Ascencio Rasgado, representante de la empresa Construcciones y Geología S.A. de C.V., y el Ing. Julio César Rodríguez Martínez, propietario de Construcciones Nueva Vizcaya S.A. de C.V.,

“El ex presidente municipal de Vicente Guerrero, Ing. Enrique García Solís,  y el actual delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Ing. Abraham Moreno García nos dijeron que no habría concursos de licitación, que nos iban a asignar las obras por adjudicación directa, y al ver esos documentos oficiales tuvimos confianza en que las cosas se harían de manera legal”, comenta uno de los empresarios defraudados.

“Fueron Adán Soria Ramírez, Raúl Piedra Macías, Enrique García Solís y Abraham Moreno García los que nos sentaron a platicar con nuestros defraudadores, el Lic. Rafael López Esquer y el supuesto Mayor Bernardo Ramón Rafael Terrazas Salgado, quienes nos informaron sobre los recursos millonarios del FONADIN y del FIDEM, y de su relación cercana con el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y una vez que los alcaldes de Durango y Poanas nos asignaron las obras, el Lic. López Esquer y quien se dice Mayor, Bernardo Terrazas Salgado, nos pidieron el 1.1% del valor del monto total de cada una de las obras que nos habían asignado; esto, según ellos, porque los municipios no tenían dinero para pagar los estudios de factibilidad, que eran un requisito indispensable que se tenía que entregar a BANOBRAS para que se pudieran bajar los recursos federales”, denuncia otro de los empresarios indignados.

Estos estudios de factibilidad supuestamente los realizaría un gestor que contratarían el Lic. López Esquer y el Mayor Bernardo Terrazas.

“Adán Soria y Raúl Piedra nos dijeron que ese 1.1% nos sería devuelto cuando la Secretaría de Hacienda y BANOBRAS les entregaran los recursos del FONADIN y del FIDEM”, abunda el empresario timado.

Al saber que los alcaldes de Durango y Poanas ya les habían asignado por anticipado, sin concurso de licitación, varias obras cuyos montos superaban los 100, 200 y 300 millones de pesos, los empresarios duranguenses fueron convencidos por el Lic. López Esquer y el Mayor Terrazas Salgado para que depositaran ese 1.1% en una cuenta bancaria perteneciente al Consorcio R&G S.A. de S.V., ya que, argumentaron, ellos no eran personas morales y no podían expedirles facturas por las cantidades enormes que iban a depositar.

La empresa R&G S.A. de C.V., fue contratada por el Lic. Rafael López Esquer para hacer este tipo de transacciones y entregó a los empresarios duranguenses las facturas 1853, 1872, 1873, 1874 y 1875, por concepto de “estudio de beneficio, factibilidad técnica, social y financiera”; posteriormente, reteniendo el 3% de los depósitos, la empresa R&G S.A. de C.V., a su vez, depositaría el dinero de los empresarios defraudados en la cuenta personal del Lic. Rafael López Esquer.

Una vez que los empresarios de la construcción depositaron el 1.1% que les correspondía por cada obra que les fue asignada, los alcaldes de Durango y Poanas los citaron para firmar los contratos de las obras que a continuación se exponen (se incluye en el cuadro a los municipios de San Luis Acatlán y Teloloapan, del estado de Guerrero, cuyos presidentes municipales también participaron en este fraude en agravio de los constructores duranguenses):

Para el mes de mayo de 2012, los recursos del FONADIN y del FIDEM no habían “bajado” a los municipios de Durango y Poanas por lo que los empresarios duranguenses comenzaron a presionar a los defraudadores, quienes, para calmarlos, les dijeron que personal de BANOBRAS acudiría a Durango para “supervisar los proyectos”. “Y resultó que el mismo Lic. Rafael López Esquer vino, según él, como el Subdirector de la Agencia Gestora denominada ACODEL, representando a BANOBRAS; López Esquer venía acompañado por un ingeniero de nombre Víctor Sergio Lomelí Fajardo, quien dijo trabajar en el despacho de un licenciado de nombre Rafael Sánchez Juárez. Estos sujetos ‘supervisaron’ los proyectos de las obras que íbamos a realizar”, comenta uno de los empresarios afectados.

Al pasar el tiempo y ver que los recursos no llegaban, los empresarios de la construcción duranguenses exigieron la devolución de su dinero a López Esquer durante una visita que hizo a Durango, sospechando que este vivales ni siquiera había mandado a hacer los mencionados estudios de factibilidad. Tanto López Esquer como el Mayor Terrazas les argumentaron que el retraso se debía a cuestiones políticas ya que Ernesto Cordero no había resultado electo candidato a la presidencia de la República por el PAN y que debían esperar hasta después de las elecciones de julio de 2012.

Pasaron las elecciones de julio de 2012 con los resultados ya conocidos, se realizó el cambio del gobierno federal panista por el priísta y, a un año de haber sido defraudados, las esperanzas de los empresarios duranguenses de que los recursos del FONADIN y del FIDEM “bajen” a los municipios de Durango y Poanas ya se esfumaron por lo que el pasado 25 de enero acudieron a la Fiscalía General del estado de Durango a solicitar la averiguación previa correspondiente en contra del Lic. Rafael  López Esquer, el supuesto Mayor Bernardo Ramón Rafael Terrazas Salgado, Rafael Federico Sánchez Juárez y quienes resulten responsables, por lo que podrían resultar indiciados los alcaldes de Durango y Poanas, principalmente, por haber alentado a los empresarios defraudados asignándoles obras con montos supermillonarios sin concursos de licitación de por medio, como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango. En esta misma situación se encuentran los alcaldes de Teloloapan y San Luis Acatlán, del estado de Guerrero, quienes participaron en esta misma operación fraudulenta que lesionó los intereses económicos de las empresas constructoras duranguenses Construcciones y Geología S.A. de C.V., y Corporación GBB S.A. de C.V.

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