Justicia y transparencia

En el transcurso de una semana, las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN) han tenido particular relevancia en cuanto a la protección constitucional del derecho de acceso a la información.

Este miércoles 23 de agosto, la Corte otorgó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la suspensión que estaba pendiente de resolución en el recurso de reclamación 229/2023-CA, relativa a la aplicación del artículo 33 de la Ley Federal de la materia, que establece el requisito de un quórum mínimo de cinco personas comisionadas para que el órgano de gobierno del instituto pueda sesionar y ejercer plenamente sus facultades.

Con los votos a favor de los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek y el voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, esta determinación da continuidad al derecho humano y constitucional de acceso a la información, que se encontraba en el aire desde el día 31 del mismo mes de marzo de este año. Esto, a causa de la deliberada obstaculización tanto del grupo parlamentario de Morena en el Senado –por omisión, al rehusarse a designar a por lo menos un comisionado o comisionada a partir del mes de abril de este año– y del presidente de la República, quien el pasado 15 de marzo ejerció su derecho al veto de las designaciones previas de los senadores. Gracias a la suspensión, el INAI podrá sesionar con cuatro de sus siete comisionados, hasta la designación de los tres restantes.

Por otro lado, el pasado jueves 17 de agosto, el pleno de la Corte resolvió el recurso de revisión 278/2023 promovido por la Consejería Jurídica de Presidencia. En este caso, la Corte ratificó la resolución del INAI de julio del 2022 que ordenaba transparentar las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares que, tan solo en 2020 y en su calidad de servidores públicos, ejercieron de manera irregular más de 12 mil millones de pesos destinados a la ejecución de la obra en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), según lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación en su momento.

Este hallazgo de la ASF se funda en la inexplicable autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los recursos públicos fueran depositados directamente en las cuentas personales de los 23 ingenieros militares residentes, a fin de que pudieran realizar pagos en efectivo a cambio de un recibo simple de gasto o a través de la emisión de cheques a título personal a los distintos contratistas que intervinieron en la construcción del AIFA. Es bajo este esquema que se hallan pendientes de comprobación los 12 mil millones de pesos referidos.

Además de lo anterior, una investigación de MCCI mostró que la Sedena otorgó mediante adjudicación directa 70% de una muestra de más de mil contratos relativos al AIFA –práctica reiterada en este gobierno y contraria a la ley, que pone un tope a las adjudicaciones directas de 30% de los contratos a celebrar por parte de la Administración Pública.

A través de investigaciones, los mexicanos sabemos también que, de los contratos otorgados en el año 2020 por la Sedena para la construcción del AIFA, el 30% se otorgó a 13 empresas en particular. Una de ellas, a nombre de Luis Soto Montoya, recibió 22 adjudicaciones por un monto total de casi 80 millones de pesos. Esta empresa resultó ser una pequeña tlapalería, a pesar de lo cual fue contratada para proporcionar todo el material hidráulico que una obra de la magnitud de un aeropuerto internacional requiere. En otro ejemplo, la empresa Mercantil Avalón, contratada para proporcionar maquinaria pesada, consignó en los contratos celebrados como proveedor del gobierno de López Obrador una dirección falsa.

El trabajo de distintos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil dedicadas al combate a la corrupción también ha revelado operaciones de comercio realizadas por elementos del ejército con recursos cuyo origen resulta por lo menos sospechoso, dado el ingreso promedio de estos. Tal es el caso del director general de operaciones del AIFA, el general Isidro Pastor, que adquirió tres automóviles en efectivo por un precio total de casi un millón ochocientos mil pesos, a pesar de que su ingreso como miembro activo de las fuerzas armadas es hasta por 109 mil pesos mensuales. O de la adquisición de un departamento de lujo por parte del general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, así como los excesivos gastos realizados por él y sus familiares en viajes de esparcimiento.

A la luz de estas irregularidades, la publicación de la declaración patrimonial y de intereses de los 23 ingenieros es no solo pertinente, sino imperativa. Abusando del concepto de seguridad nacional, que no logró demostrar a plenitud, la Consejería Jurídica de Presidencia intentó evitar transparentarlas. Frente a ello, la intervención del INAI es una declaración clara en favor de la importancia de defender los organismos autónomos constitucionales que los mexicanos hemos creado para vigilar el ejercicio del poder y la administración de los recursos públicos. También vuelve a quedar en relieve la trascendental función que ejerce la SCJN como punto de equilibrio entre el poder de los ciudadanos y el poder de gobierno.

El ataque a ambas desde el foro presidencial de las conferencias mañaneras es también la declaración más contundente de la administración actual a favor de la opacidad y la vulneración a los derechos de transparencia y rendición de cuentas. A la luz de las evidencias de lo que se pretende ocultar, no se requiere mayor explicación. A su pesar, los mexicanos aún contamos con instituciones desde las que se redignifica el ejercicio del servicio público. Gracias a ellas es que la República y los valores que la sostienen, aún resisten.

(Letras Libres)