Alcaldía Álvaro Obregón: fiscalía propone cerrar investigaciones por presuntas irregularidades en gobierno de Layda Sansores
A solo siete meses de que la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, presentara siete denuncias por presuntas irregularidades por casi 120 millones de pesos en contra de la administración de su antecesora y actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) propone dar carpetazo al asunto sin realizar mayores investigaciones ni agotar todas las diligencias.
La Fiscalía de Servidores Públicos, encargada del caso, envió las carpetas de investigación al auxiliar de la FGJCDMX, y propuso que en cuatro de ellas se determine el no ejercicio de la acción penal y que tres sean remitidas a “archivo temporal”. Estas propuestas de terminación de las investigaciones actualmente se encuentran en espera del visto bueno de la institución a cargo de la fiscal Ernestina Godoy.
El planteamiento de determinar el no ejercicio de la acción penal significa que para la fiscalía capitalina no existe delito por perseguir, mientras que el archivo temporal implica que el Ministerio Público no cuenta o no ha buscado activamente datos suficientes para establecer líneas de investigación; esto, a pesar del cúmulo de información y documentos que la alcaldía ha proporcionado a la FGJCDMX.
Consultada por Animal Político, la alcaldía Álvaro Obregón informó que el único requerimiento que le ha hecho formalmente la fiscalía desde que inició su investigación fue solicitar copias certificadas de los expedientes laborales de los entonces servidores públicos. La demarcación criticó que esa haya sido la única petición de la FGJCDMX, cuando tenía “un mundo de documentos” que pudo haber revisado; además, de acuerdo con esta versión, la Policía de Investigación “nunca se presentó” al lugar ni realizó algún acto de investigación, tampoco se realizaron los peritajes correspondientes.
“No investigaron, porque forzosamente si hubieran investigado nos hubieran tenido que buscar a nosotros para acceder a la información propia de la investigación y nunca sucedió; entonces, no investigaron. O sea, no había forma de que pudieran investigar sin tener acceso a nosotros y nunca lo hicieron”, dijo en entrevista la alcaldesa Lía Limón, quien llegó al cargo en 2021 postulada por una alianza PAN-PRI-PRD.
De acuerdo con la denuncia presentada por la actual administración, las presuntas irregularidades cometidas por Sansores y diversos servidores públicos configuran los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y uso ilegal de atribuciones y facultades, irregularidades administrativas y probables daños al patrimonio de la alcaldía, cuya población ronda las 800 mil personas.
Las denuncias partieron de presuntas irregularidades en el programa social llamado Mercomuna, que tenía como objetivo principal apoyar la economía de familias vulnerables, así como de comercios locales afectados por la pandemia de COVID-19. Según el Ejecutivo de Lía Limón, no hay evidencia de que 31.2 millones de pesos (mdp) efectivamente hayan llegado a quienes estaban destinados.
Otros dos programas sociales, llamados Promotores del Desarrollo Social y Promoción del Autocuidado y Envejecimiento Digno, que tenían por objetivo atender a la población de zonas de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo y brindar diversos cursos de apoyo a personas adultas mayores y población prioritaria, respectivamente, tuvieron irregularidades por 39.6 mdp. De acuerdo con la actual administración obregonense, no hay pruebas de que dichos programas siquiera hayan sido reales.
Además, la alcaldía denuncia presuntas irregularidades cometidas en tres contratos de adquisiciones y servicios por 40 mdp para la adquisición de calentadores solares, calentadores de paso que no llegaron a sus destinatarios finales, un contrato de difusión del quehacer gubernamental y un convenio con una asociación civil para la supuesta digitalización de bibliotecas y zonas de Wi-Fi en edificios públicos, por 8.2 mdp y que tampoco tiene evidencias de haberse concretado.
“Todo este dinero que desapareció era de programas sociales que tendrían que haberse destinado a la población más vulnerable de la alcaldía. Por eso estamos aquí denunciando y dando cuenta de ello. Es nuestro deber denunciar estas irregularidades y reiterar que es lamentable que se haya hecho un mal uso de los recursos públicos, principalmente de recursos públicos de programas sociales y recursos públicos, insisto, destinados a los más vulnerables y a los más afectados por la pandemia”, dijo la alcaldesa Lía Limón afuera de las instalaciones de la fiscalía capitalina cuando dio a conocer el asunto.
Mercomuna
En mayo de 2020, con el objetivo de “atenuar el impacto económico en las familias más vulnerables de la demarcación” y “reactivar el comercio local” afectado por la pandemia, la alcaldía encabezada entonces por Layda Sansores, militante de Morena, publicó un aviso por el cual se dieron a conocer los lineamientos del programa social Mercomuna (Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto), al que se le destinaron 31.2 millones de pesos.
De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a los beneficiarios se les debían entregar vales por montos de entre 500 y mil 050 pesos para adquirir bienes básicos en comercios que se afiliaran al programa. La intención era que, al final, los comercios cambiaran los vales en la alcaldía por dinero en efectivo.
Sin embargo, la administración de Lía Limón denunció que no hay evidencia de que los recursos públicos hayan llegado a quienes estaban destinados, no se realizó el censo para determinar la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios y el padrón de comercios ni siquiera existe.
También se encontró a beneficiarios que recibieron vales más de una vez, se detectaron personas fallecidas y personas de la alcaldía, y firmas de servidores públicos que recibieron dinero en efectivo a cambio de los vales. En resumen —de acuerdo con la denuncia—, la administración de Sansores no dejó ninguna evidencia de la entrega de los recursos a los beneficiarios.
“Tenía destinado una inversión de 31.2 millones de pesos, mismo que no se llevó a cabo y sí, en cambio, la entonces directora de finanzas, Aurora Yolanda Martínez, hizo cheques a su nombre por los mencionados 31.2 millones de pesos, que fueron cobrados por ella misma y por funcionarios de la alcaldía”, señala la actual administración. Posteriormente, agrega, se entregó mediante acuses de recibo dinero en efectivo a los entonces servidores públicos.
Compras con anomalías
Los contratos por la compra de calentadores solares y calentadores de paso para diversas colonias de la alcaldía, así como un contrato firmado con Walter David Patrón Bacab, actual titular de la Unidad de Comunicación Social del gobierno de Campeche, constituyen otras de las presuntas irregularidades cometidas por la administración de Sansores.
Así lo denunció Lía Limón en las denuncias, en las que afirmó que la adquisición de 5 mil 658 calentadores solares para 81 colonias fue por un monto de 31.2 mdp, mientras que para mil 078 calentadores de paso para 14 colonias fue por 5.4 mdp, ambos como parte de los presupuestos participativos de 2019.
De acuerdo con la alcaldía, de igual forma no se pudo comprobar que los calentadores comprados fueron los recibidos en almacén y no existe evidencia en las facturas y las notas de remisión cuentan con sello de cancelado.
Además, la entrega de los calentadores no se hizo a los beneficiarios finales, sino a los coordinadores ciudadanos, por lo que no se tiene certeza de su destino final, mientras que no hay evidencia de entrega de 765 calentadores solares y 181 de paso.
Respecto del contrato de servicios firmado en 2020 con Patrón Bacab, cuyo objeto fue un servicio de difusión del quehacer gubernamental en internet y redes sociales, cuyo monto fue de 3.4 millones de pesos, la alcaldía asegura que se trató de un “contrato simulado”.
“No hay evidencia del servicio brindado; es decir, no hay entregables según se especificó en el contrato”. Todos los contratos anteriormente expuestos representan un presunto daño patrimonial por 40 mdp.
39 mdp para población vulnerable, posiblemente desviados
La actual administración local señala que existió un presunto daño por 39.6 millones de pesos en recursos destinados a la población más vulnerable de la alcaldía: personas adultas mayores y grupos prioritarios.
En primer lugar, apunta al programa Promoción del Autocuidado y Envejecimiento Digno de las personas mayores y grupos de atención prioritaria, que tenía por objeto brindar cursos, talleres, bailoterapia, ejercicio físico y mental a adultos mayores y población prioritaria; tuvo un presupuesto por 12 mdp.
En este punto, la alcaldía denunció que no se encontró evidencia de que se hayan realizado los 240 mil servicios programados para tres años de gestión. En especial, cuando en 2020 y 2021 las instalaciones de la alcaldía estuvieron cerradas por la pandemia.
Lo más grave, según la alcaldía, fue que este programa se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 9 de diciembre de 2019 y se autorizó internamente el 12, pero se pagó a los beneficiarios por servicios prestados en noviembre y diciembre. Es decir, antes que el programa fuera autorizado y publicado.
Por su parte, el programa Promotores del Desarrollo Social, que tenía como objetivo atender a la población de zonas de bajo y muy bajo Índice de desarrollo social, tuvo un presupuesto por 27.6 mdp para el mismo periodo.
Sin embargo, tampoco se encontró evidencia de que se haya alcanzado la meta de usuarios finales: 70 mil 500 en 2019 y 190 mil en 2020 y 2021.
Adicionalmente, los padrones de los facilitadores y promotores tuvieron irregularidades como que no se encontraron todas las pólizas y los comprobantes de pago, y se detectaron cheques cobrados donde el RFC del beneficiario demuestra que eran servidores públicos de la alcaldía.
Finalmente, entre las denuncias se encuentra una por un convenio con una asociación civil para la ejecución de un proyecto llamado Alcaldía Inteligente, que tenía por objeto instalar puntos Wi-Fi en edificios públicos de la demarcación y digitalizar sus bibliotecas por 8.2 mdp.
Sin embargo, la administración de Lía Limón detectó que no se realizó la conversión de bibliotecas públicas a digitales y no hay evidencia de que las zonas de Wi-Fi se hayan instalado, ni se formalizó el convenio de donación para la entrega de equipos y software a la alcaldía, por lo que no se justifica el gasto.
Las denuncias presentadas
El 7 de febrero de este año, la alcaldesa Lía Limón presentó siete denuncias ante la fiscalía capitalina y la Contraloría General de la Ciudad de México en contra de Sansores y diversos servidores públicos de su administración por presuntas irregularidades que implican un presunto daño al erario público por casi 120 millones de pesos.
La fiscalía capitalina clasificó los delitos como uso ilegal de atribuciones y facultades y ejercicio ilegal del servicio público, que podría ameritar de tres meses a nueve años de prisión y de uno a tres años de prisión, respectivamente, de acuerdo con el Código Penal para la capital, dejando fuera la investigación de otros probables ilícitos.
El 6 de marzo, a petición de la propia fiscalía, la alcaldía Álvaro Obregón presentó copias certificadas de los expedientes laborales de los entonces servidores públicos, y un mes después se ratificaron ante la fiscalía las siete denuncias presentadas, según pudo constatar este medio.
El 3 de mayo, casi dos meses después, la alcaldía Álvaro Obregón amplió dos de las siete denuncias presentadas. La administración de la demarcación encontró nuevas irregularidades, tales como no haber publicado ante la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social el programa social de Promoción del Autocuidado para 2019 y que no se cobraron las penas convencionales al proveedor de calentadores solares por incumplir el contrato.
Pese a ello, la Fiscalía de Servidores Públicos envió las carpetas al auxiliar de la fiscalía capitalina “sin que se haya realizado una investigación exhaustiva y sin que se hubieran agotado todas las diligencias”, según ha acusado la propia alcaldía que además denuncia que no ha sido notificada de nada en el proceso.
“Te voy a poner un ejemplo: en el cheque del que tenemos copia, que fue expedido a la directora de Finanzas, Aurora Yolanda Martínez, se tendría que haber cotejado la firma de ese cheque. No se hizo. O sea, no hubo periciales, nunca vinieron a revisar los originales, no nos pidieron ampliar las denuncias. Digo, nosotros ampliamos las denuncias por nuestra cuenta, pero no nos pidieron ampliarlas o ampliar la información”, señaló la alcaldesa.
Mediante un comunicado, la alcaldía precisó que las mismas denuncias serían presentadas ante la Secretaría de la Contraloría, “instancia donde ya se han entregado 150 observaciones a actas de entrega-recepción, de las cuales no se ha recibido respuesta”.
Estas denuncias fueron turnadas, a su vez, al Órgano Interno de Control de la alcaldía, sin que a la fecha de esta publicación se tengan más noticias al respecto.
(Animal Político)