Ejidatarios de San Dimas, Durango, rechazan decreto de AMLO

De la redacción de razacero.

Mucha inconformidad ha causado entre los ejidatarios del municipio de San Dimas, Durango, la inminente promulgación de un decreto que declararía como Área Natural Protegida (ANP) a considerables extensiones de esta región.

De acuerdo a la información que han recibido los ejidatarios sandimenses, desde el pasado 31 de mayo el alcalde morenista, Armando Barrón Alvarado, habría sido citado en la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, perteneciente al gobierno federal, en donde le informaron las pretensiones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de declarar a esta zona como Área Natural Protegida, bajo decreto.

“No queremos Áreas Naturales Protegidas”, es la exigencia de los ejidatarios sandimenses.

El presidente municipal morenista, Armando Barrón, manifiestan los ejidatarios, “inmediatamente estuvo de acuerdo, sin tomar en cuenta a los ejidatarios”.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, acusan los ejidatarios sandimenses, “ya comenzó a hacer sus encuestas al vapor para realizar el proyecto de decreto y que esta zona sea declarada ANP”.

Esta medida, expresan los ejidatarios, afectaría directamente a productores forestales de 40 ejidos y actividades mineras.

Una más del alcalde morenista de San Dimas, Armando Barrón Alvarado: no avisó a los ejidatarios sandimenses las intenciones del gobierno federal de declarar como Áreas Naturales Protegidas a bastas regiones de este municipio.

Los ejidatarios reclaman la total falta de apoyo del presidente municipal morenista, Armando Barrón, y de los regidores del cabildo sandimense que omitieron de manera premeditada informarles esta situación para discutir si estaban de acuerdo o no en que esta región sea declarada ANP, pues indudablemente esta medida afectará económicamente a toda esta demarcación.

Los ejidatarios esta semana hicieron acto de presencia en el Congreso de Durango para expresar su protesta frente a los diputados duranguenses y exigen a los tres niveles de gobierno que desistan de llevar a cabo esta medida que consideran un atropello a sus derechos más fundamentales.