Expropiación de terrenos en Durango
Expropiación irregular fue frenada por un juez federal
Alejandro Sánchez
Expropiación irregular fue frenada por un juez federal, pero el mandato referido no se cumplimentó.
Eso generó incertidumbre entre inversionistas.
El conflicto legal por la expropiación de más de 200 hectáreas en Durango, entre el gobernador de ese estado, Esteban Villegas Villarreal, y la empresa Duranpark, sigue escalando.
Recientemente, el titular del Juzgado Primero de Distrito de Durango, Iván Francisco Rodríguez Zamarripa, determinó que el decreto expropiatorio emitido por el mandatario priista constituyó “una afectación directa a la propiedad y posesión de los inmuebles” que defiende esa compañía, pero ante el no cumplimiento, el sector empresarial ya emitió alertas.
Este fin de semana, Brokers industriales informaron a sus clientes la falta de certidumbre en Durango debido a la ilegalidad en la expropiación ejecutada por el gobernador, a la empresa Duranpark, que poseía un acuerdo vigente con el estado para desarrollar el Centro Logístico Industrial de Durango (CLID), pero no le fue respetado.
El acuerdo que firmó Duranpark en el año 2022 le daba un plazo de cinco años para completar una inversión de 698 millones de pesos, de los cuales ya llevaba 17, más el desarrollo de urbanización en la zona.
Sin embargo, Villegas argumentó que no se estaba cumpliendo con el trato.
“El gobierno actuó de manera arbitraria e injusta, ignorando completamente el contrato”, afirmó Roberto Reyes, broker de la firma Industrial Solutions.
Además, agregó que se está generando un ambiente de incertidumbre y desconfianza para futuros inversionistas.
La expropiación ha generado preocupación entre los empresarios locales y extranjeros que temen que este tipo de acciones se repitan.
María López, broker de Global Investments, comentó: “Este caso pone en riesgo no solo a Duranpark, sino a toda inversión que llegue a Durango y a México”.
La empresa Duranpark, que ha invertido millones en el desarrollo del CLID, ha iniciado acciones legales para revertir la expropiación.
“Si por alguna razón Duranpark no hubiera cumplido con sus obligaciones dentro del contrato, el mecanismo jurídico que tenía al alcance del gobernador era un tema totalmente distinto a lo que está haciendo”, dijo el abogado de la compañía, José Pablo Ramos.
El impacto económico de esta situación resulta ser significativo, pues la incertidumbre generada por la expropiación puede disuadir a nuevos inversionistas de considerar a Durango como una opción viable para sus proyectos industriales.
“Es esencial que se respete el Estado de Derecho y los contratos firmados para garantizar un ambiente de inversión estable y seguro”, así fue que concluyó Roberto Reyes.
“Sin estas garantías, el desarrollo económico de Durango se verá seriamente afectado”, añadió.
¿Ganará Villegas o los empresarios?
(El Heraldo)