Durango, Jalisco y BC, estados con más irregularidades en Cuenta Pública 2023
En 492 auditorías al gasto federalizado aplicadas a los gobiernos de las entidades federativas y a sus organismos públicos descentralizados, así como a los municipios, la ASF determinó en total 5,736 millones de pesos pendientes por aclarar, pues se hallaron irregularidades en el ejercicio de los recursos: no se ejercieron, distribuyeron o aplicaron conforme a la norma.
En esas entidades, Baja California Sur, gobernada desde 2021 por Marina del Pilar Ávila, de Morena; Durango, desde 2022 a cargo de Esteban Villegas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Jalisco, con el mandatario de Movimiento Ciudadano (MC) Enrique Alfaro desde 2018, se tienen pendientes por aclarar 5,655.5 millones de pesos.
La revisión de la ASF incluye a los municipios, en donde se agregan otros 80.6 millones de pesos pendientes de aclaración. Sumadas las observaciones hechas a estados y ayuntamientos dan como resultado 5,736 millones de pesos que fueron observados, y su uso y destino aún debe clarificarse.
Entre las anomalías halladas destacan la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, irregularidad que arrojó 3,750 millones de pesos por aclarar y representan el 65.4% de las fallas detectadas.
Derivado de la realización de pagos improcedentes o en exceso, la ASF señaló 815.9 millones de pesos por lo que aún deben responder las entidades del país o los municipios.
Por la existencia de recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe), hay 308.1 millones de pesos pendientes de clarificar.
El pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal fue identificado en varios casos y acumuló una suma de 276 millones de pesos, cuya aclaración está pendiente.
Por la falta de localización de bienes adquiridos con recursos públicos, o comprados pero que no operan, o bien la contratación de servicios que no se realizaron, la ASF señaló que hay 157.2 millones de pesos que los entes públicos deben explicar.
Por concepto de “otras irregularidades” como sobreprecios, no haber realizado una correcta licitación u omitir el cobro de penalizaciones ante incumplimientos de contratos, entre otras situaciones, las irregularidades representaron 427.7 millones de pesos.
Sin embargo, en la revisión de la ASF destacan, por entidad, el gobierno del estado de Baja California como el que concentró el mayor importe por aclarar, con 1,421.2 millones de pesos, monto que representó el 25.11% del total detectado en los 32 estados.
En Durango se observaron y están pendientes por aclararse 846.2 millones de pesos, que representan el 15%, y en Jalisco, 771.4 millones de pesos, el 1.6%.
Entre esas tres entidades se concentró el 53.7% del monto por aclarar.
Sin embargo, al ser gasto federalizado, algunos de los fondos se entregan a los municipios para su ejercicio, a organismos desconcentrados o a instituciones educativas, que son las que propiciaron algunas de las anomalías.
Supernómina y pagos a muertos
La ASF realizó diversos tipos de auditoría a las entidades, algunas de cumplimiento, otras sólo para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2023.
Aun cuando el ente fiscalizador no dio en este corte resultados de auditorías forenses, si dio cuenta de algunas anomalías.
Resultado de esa revisión a la aplicación de la ley referida se detectó un incremento en el importe pagado para servicios personales en relación con el monto asignado en el Presupuesto 2023.
Además “se obtuvieron ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, de los cuales no proporcionó la documentación que acreditó el destino a un fin específico, así como las autorizaciones por parte de su Secretaría de Finanzas y Administración”.
Tan solo de la revisión de documentos proporcionados por la entidad y “de cuya veracidad es responsable”, según la ASF, se determinó un monto por aclarar de 1,377.9 millones de pesos derivados de esas conductas.
“Se constató la entrega de 475 dotaciones a 86 beneficiarios del programa atención alimentaria a grupos prioritarios que se identificaron como decesos en el ejercicio fiscal 2023 por 165.3 miles de pesos (165,300 pesos)”.
Además, reportó la ASF, al analizar la aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples, la Auditoría halló que en la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en La Paz, Baja California Sur, “no se localizaron bienes adquiridos” por 502.3 mil pesos, lo que suma 667.6 mil pesos pendientes de aclaración.
En la revisión de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se hallaron “deficiencias en la integración documental de los expedientes de los contratos de adquisiciones y servicios y de obra pública”, mismos que no justificaron un gasto por un monto total de 33 millones de pesos como un probable daño a la Hacienda federal.
En tanto, al revisar la transferencia de Recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (FISE), se hallaron pagas de obras públicas de las que no se constató que se comprometieron, devengaron y pagaron” conforme a los plazos de ley, “ni que se adjudicaron, contrataron y ejecutaron” conforme a ella, todo por un monto de nueve millones de pesos.
Más sueldazos y pagos de ultratumba
En la revisión de cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera en Durango se hallaron inobservancias diversas.
Entre ellas, que “se realizaron incrementos respecto de lo aprobado para servicios personales durante el ejercicio fiscal 2023” y eso generó recursos por aclarar de 518.4 millones de pesos.
La ASF determinó 287 millones de pesos como presunto daño al erario y por aclarar, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) pues no se administraron los recursos en cuentas bancarias específicas; hubo inconsistencias en la presentación de la información financiera y en materia de obra pública; falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
Otros 19.4 millones de pesos están pendientes por aclarar y se detectaron al revisar los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en donde se halló que el gobierno de Durango infringió la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, ya que no aplicó penas convencionales, realizó la adquisición de aparatos funcionales para personas con discapacidad que no fueron entregados a los beneficiarios del programa.
Además “llevó a cabo la adquisición de productos para los planteles educativos de nivel básico y medio superior de los que no se acreditó su recepción y entrega, adicionalmente entregó apoyos sociales a beneficiarios identificados como decesos”.
En el análisis de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (Telebachillerato Comunitario) se halló que no se acreditó la recepción y entrega de productos adquiridos para los alumnos, lo que generó un probable daño al erario por 234,000 pesos.
Otros 21.3 millones de pesos están pendientes de aclaración pues la entidad incurrió en falta de documentación justificativa del gasto y pagos indebidos de los remanentes financieros; pagos con cheque, reintegros extemporáneos, deficiente supervisión en las estimaciones de obra pública, todo en la aplicación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).
Por fuera del SAT
En la revisión aplicada al FAFEF, entregado al gobierno de Jalisco, se hallaron 747.4 millones de pesos pendientes por aclarar, pues aunque contó con los registros contables y presupuestales, faltaron documentos justificativos de pagos, “estado contable, el detalle de la estimación, los generadores de obra, los croquis y las fotografías de los contratos de obra”.
Respecto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN), se acreditó que el estado distribuyó 7,447 millones de pesos entre los municipios, pero “no se obtuvo el 52% de los CFDI emitidos por los municipios para la acreditación de la recepción de los recursos”.
En cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASPEDF), la ASF halló pagos por un equipo de aire acondicionado inexistente, y la adquisición “de 1 vehículo hatchback, marca CUPRA LEON, modelo 2023, que no contó con evidencia documental que acredite que el bien es utilizado en los objetivos del fondo”, del que se tomaron 855 mil pesos para adquirirlo.
El probable daño a la hacienda pública federal por ambos conceptos suma 1.7 millones de pesos.
En el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF (FAISMUN) distribuyó recursos a los municipios pero no se presentaron el 49% de los CFDI emitidos por los municipios para acreditar esa recepción.
En la revisión del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), quedaron por aclarar 2.4 millones de pesos, lo que generó un probable daño a la hacienda pública.
Ese monto se debió a “pagos de una obra, la cual no se concluyó, ni se encuentra en operación, por lo que no cumplió con el objetivo establecido para el FISE, ni benefició a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”.
(Expansión Política)