La corrupción en México, desde la perspectiva del Índice de Estado de Derecho 2024

El Índice de Estado de Derecho fue publicado el pasado 20 de junio. En este documento, la organización World Justice Project (WJP)1 califica como beneficios de un estado de derecho mejores estadios de desarrollo económico, seguridad e igualdad, así como propiciar una mayor calidad de vida de sus habitantes al lograr un pleno ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales.

El índice se conforma por ocho factores, entre ellos la ausencia de corrupción. En la edición de 2024 el índice señala que, respecto al año anterior, nuestro país descendió de 0.42 a 0.41 en la puntuación general: pasamos de ocupar el lugar 116 en 2023, al sitio 118 entre 142 naciones. En el ámbito regional -únicamente considerando los países latinoamericanos- mantuvimos el lugar 28 de 32 países, solo superando a Venezuela, Haití, Nicaragua y Bolivia, entre los peores evaluados.

México se aleja en la consecución de un estado de derecho pleno, pues el puntaje medio registrado es de 0.52 puntos a nivel regional y 0.55 a nivel global. Y, por consecuencia, con 0.41 nos acercamos al rango de las naciones con un estado de derecho precario, que caracteriza a los sistemas totalitarios, a las naciones más empobrecidas, inmersas en guerras civiles o con gobiernos capturados por organizaciones criminales. Además, cada vez es más notoria la lejanía que existe con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos ocupa el lugar 26 con 0.70 puntos y Canadá, el lugar 12 con 0.80 puntos.

No siempre nuestro país ha sido calificado de esa manera por el WJP. En 2015 obtuvo 0.48 puntos, ocupando un mejor lugar. Cabe destacar que, en el lapso de nueve años, algunas naciones han logrado avances en sus instrumentos de rendición de cuentas, en la fortaleza de sus instituciones legales, de seguridad, división de poderes y transparencia. Nuestro país, por el contrario, muestra un descenso sostenido en los últimos 7 años.

Entre los factores que registran peores resultados está el combate a la corrupción. En este contexto, resulta interesante desglosar las razones que llevaron al WJP dar una calificación tan baja a nuestro país. Así, de forma general en el rubro de corrupción, México ocupó el lugar 135, con una calificación de 0.27 puntos.

Estamos ubicados entre los países más corruptos del mundo, solo superado por siete países: República Democrática del Congo (0.17), Bolivia (0.23), Camboya (0.23), Haití (0.23), Gabón (0.25), Camerún (0.25) y Venezuela (0.26). En contraste, los países con menos corrupción son Dinamarca (0.95), Noruega (0.94) y Singapur (0.92). También en la región sobresalen por la implementación de políticas anticorrupción más efectivas Uruguay (0.73), que se ubica en el lugar 23 del mundo, seguido de Barbados (0.70) y Chile (0.69).

En relación con años previos, México se ha mantenido entre los países más corruptos sin modificaciones en los últimos 5 años. La mejor calificación se obtuvo en 2015, logrando 0.34 puntos, lo que en términos reales significa una caída de 0.07 puntos. Pero si realizamos una disección más profunda de este factor, encontramos que la incidencia de la corrupción en el poder ejecutivo es menor a la registrada en los otros poderes y sus cuerpos de seguridad.

Esto así sucede si se mide la prevalencia del soborno, los pagos informales y otros incentivos en la prestación de servicios públicos y la aplicación de las regulaciones; también si se toma en cuenta que la contratación y las obras públicas se adjudican mediante un proceso de licitación abierto y competitivo, y si los funcionarios gubernamentales de diversos niveles del poder ejecutivo se abstienen de malversar fondos públicos.

Bajo estas consideraciones, en 2024 se obtuvo el lugar 121 de 142 países con 0.33 puntos, pero esta puntuación ubica al poder ejecutivo mexicano como el quinto país más corrupto en América Latina, solo superado por Haití, Venezuela, Bolivia y El Salvador. Esta situación contrasta con políticas públicas más robustas emprendidas en esta materia por los poderes ejecutivos de Noruega, Dinamarca y Singapur, donde prácticamente no hay indicios de corrupción, también son notables los esfuerzos de Uruguay; Barbados y Granada, con 0.68, 0.64 y 0.63 puntos, respectivamente.

Si comparamos el mejor resultado logrado por México en esta categoría, notaremos que en 2015 se obtuvo una calificación de 0.41 puntos, resultado que colocaba a México dentro de la media en la región. Desde entonces muchos países latinoamericanos han obtenido mejores números en el combate a la corrupción en sus respectivos poderes ejecutivos.

En cuanto a la incidencia de la corrupción en el poder judicial, se valora si los jueces y funcionarios judiciales se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para desempeñar funciones o acelerar procesos, y si sus sentencias están libres de influencias indebidas por parte del gobierno, intereses privados y organizaciones criminales. En 2024, México se ubicó en el lugar 130 con 0.31 puntos, en esta categoría somos el cuarto país más corrupto en América Latina, solo superado por Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

En este aspecto, Dinamarca, Noruega y Finlandia prácticamente no registran corrupción y, en la región, San Cristóbal, Barbados y Uruguay tuvieron excelentes resultados con 0.92, 0.90 y 0.89, respectivamente. Lo preocupante es que, en 2015, con una calificación de 0.43 puntos, México se colocaba dentro de la media global y de la región.

Respecto a la corrupción de las fuerzas de seguridad, también se obtiene un bajo rendimiento, sobre todo considerando que se mide que los agentes de policía y los investigadores criminales se abstengan de solicitar y aceptar sobornos para prestar servicios policiales básicos o para investigar delitos, y si los funcionarios de la policía y el ejército están libres de influencias indebidas de intereses privados u organizaciones criminales. Bajo esta tónica, México obtuvo el lugar 130 con 0.31 puntos, solo arriba de Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

En este ámbito, el mejor resultado se logró en 2017 y 2018, con una calificación de 0.35 puntos. En el transcurso de los últimos 5 años, México ha sido evidenciado en esta categoría, pues mientras gran parte de los países depuran a sus policías e implementan un régimen disciplinario y de controles internos más efectivo y profesional, el aparato de seguridad mexicano ha sido criticado por su infiltración, desde donde realiza funciones consideradas poco transparentes.

Finalmente, en cuanto a la corrupción registrada en el Congreso, esta categoría mide si los miembros de la legislatura se abstienen de solicitar o aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos o votos favorables sobre la legislación. Aquí México obtuvo el lugar 131 con 0.12 puntos. Al igual que otros países de la región comparte los más bajos puntajes en el orbe. En esta especie el mejor resultado se registró 2016, con una calificación de 0.22 puntos. Para México esta categoría en los últimos nueve años ha sido la peor evaluada, pues refleja en buena medida el clima de descomposición prevaleciente en su clase política y en los partidos políticos.

Mucho por trabajar, mucho que necesita fortalecerse.

(Animal Político)