
La Laguna, entre extorsiones y cálculos políticos
VÍCTOR MONTENEGRO
Contrapesos

En Durango, el discurso oficial contrasta cada vez más con la experiencia cotidiana de sectores productivos y sociales respecto a la inseguridad, especialmente en la Comarca Lagunera. Las reiteradas declaraciones optimistas del gobernador Esteban Villegas se diluyen ante prácticas de una presunta colusión entre grupos sindicales y autoridades, que se han vuelto sistemáticas.
En menos de cuatro meses, la región ha sido escenario de bloqueos carreteros, denuncias por parte de transportistas en contra sindicatos como la CATEM -de clara filiación política y vínculos nacionales-, y que ya la semana pasada escalaron hacia señalamientos contra instancias del Gobierno del Estado de Durango.
Y es que, de acuerdo con declaraciones de transportistas afectados, estarían siendo partícipes la Dirección de Transportes de la Subsecretaría de Movilidad del gobierno estatal, y de la misma forma la Fiscalía General del Estado, que, según diversos testimonios, operan como brazos auxiliares de intereses fácticos con cobertura institucional.
De ser cierto, hablamos aquí de una posible arquitectura paralela de poder, con objetivos políticos y económicos muy definidos. La manipulación de módulos de riego, las restricciones al comercio libre de productos agrícolas y el monopolio de rutas de transporte muestran una estrategia más profunda: la consolidación de un control territorial que podría estar rebasando al gobierno.
No obstante, las peticiones de ayuda se han vuelto desesperadas y son cada vez más constantes por parte de los productores agrícolas, sin obtener respuesta. Aseguran estar siendo asfixiados por una estructura delictiva, que actúa ataviado bajo un disfraz institucional, sin que autoridad alguna lo impida.
En paralelo, mientras crecen los abusos, el Gobierno de Durango presume ser el “segundo mejor del país” según un par de encuestas que son difundidas en medios y redes desde el CCB, justo cuando otros levantamientos demoscópicos lo colocan en el sótano. El contraste es tan grotesco como revelador. El discurso del Gobernador va por un carril y la realidad de los duranguenses por otro.
Hoy, La Laguna de Durango no solamente sigue viviendo una crisis de inseguridad, sino también de autoridad. El principal responsable de restaurar el orden y la confianza es el Ejecutivo. Sin embargo, mientras la extorsión siga operando a plena luz del día, su retórica sigue sonando vacía y omisa.
EN LA BALANZA.- La detección de un subregistro en las cifras de suicidios en Durango debería sacudir no solo a las autoridades, sino también a la sociedad entera. Clasificar erróneamente estas muertes como accidentes o sobredosis no solo invisibiliza el problema, sino que perpetúa una cultura de negación frente a la crisis de salud mental. No se puede atender lo que no se reconoce, y Durango necesita urgentemente políticas públicas serias, presupuestos adecuados y una voluntad real de enfrentar una problemática que cobra vidas, muchas veces en silencio.
X: @Vic_Montenegro
(El Siglo de Durango)