Extorsiones en La Laguna y aquella parte del problema

Tal y como ya lo hemos comentado en este espacio editorial, sabemos que transportistas, productores agropecuarios y comerciantes viven un verdadero calvario; sin embargo, son ahora revictimizados por esta omisión oficial que, de ser irresponsable, raya hoy en la complicidad ante un problema que ya no solo es una crisis de seguridad, sino además un estado de abandono donde la ley dejó de ser garantía para convertirse en letra muerta.

Una vez más, miembros de estas actividades económicas y ahora hasta vendedores ambulantes de comida alzan la voz en protesta, no solo contra las extorsiones de la CATEM, sino contra un gobierno estatal que ha decidido mirar hacia otro lado. La omisión ya no es casual, es sistemática, y ha roto por completo la confianza en las autoridades locales.

Nada menos el pasado lunes, el reclamo se extendió ahora directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, exigiendo una intervención del gobierno federal sin la mediación del estatal, por considerar que ha dejado de ser interlocutor legítimo y cuya ausencia, más que notoria, ya les resulta ofensiva.

Y es que pese a las ya incontables denuncias, la atención no ha pasado de algunas reuniones con el secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván, quien solo ha dejado promesas y en consecuencia ningún resultado. Desde el 2024, los afectados han estado solicitando inútilmente la presencia del gobernador Esteban Villegas, quien no ha acudido al llamado.

Por su parte, el titular de la SSP ha intentado cubrir la ausencia del Ejecutivo con soluciones que nunca llegan. Pese a la gravedad del problema y la insistencia legítima de los afectados, el Secretario de Seguridad ha optado de plano por la evasión, cancelando reuniones y posponiendo fechas. En los hechos, dando la espalda.

Tal desdén, según lo han declarado los mismos quejosos, escaló el conflicto hacia la Secretaría General de Gobierno, donde informaron al secretario Héctor Vela Valenzuela sobre el desaire. La paciencia se agotó y la indiferencia oficial no solo enciende el malestar, sino que confirma que, para algunos funcionarios, el silencio es la forma más cómoda de esconder la incapacidad de las instituciones.

La crisis, en ese contexto, pone además en evidencia la fragilidad de la Comarca Lagunera como región interestatal, pues mientras de lado de Durango se multiplican las denuncias por extorsiones y el clima de miedo, de aquel lado del Nazas, en Torreón, Coahuila, el sector empresarial ya busca blindarse para que no se replique el infierno que está ya al acecho.

Finalmente, en esta reciente protesta, las consignas fueron bastante duras contra el Estado y el propio mandatario, tachándoles de ser corresponsables del abismo en el que se encuentra la región, y no porque esté el Ejecutivo directamente vinculado a los actos criminales, sino porque ven en su falta de acción un aval implícito para que continúe el abuso.

EN LA BALANZA.- El cobro desproporcionado de 2 mil 500 pesos por energía eléctrica a una comerciante que apenas utilizó un foco y un enfriador, en un espacio de un metro por un metro en la Feria Villista, no solo raya en lo absurdo, sino que exhibe una actitud prepotente y recaudatoria de tiempos medievales por parte de los organizadores. ¿Cómo pueden hablar de apoyo a la economía local mientras se castiga a quienes buscan ganarse la vida honradamente?

X: @Vic_Montenegro

(El Siglo de Durango)