¡Que renuncie! Clamor mundial.
Indignación mundial por el crimen de Estado de lesa humanidad. El genocidio de Iguala, el fin de la partidocracia delincuencial mexicana
El gobierno, conformado por la mafia que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, está apostando al paso del tiempo y al olvido por parte del pueblo en el vergonzoso genocidio de Iguala, en donde fueron ejecutados, por órdenes de un gobierno municipal perredista, tres ciudadanos y 46 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero; 43 de ellos quemados con diésel cuando aún estaban vivos, según testigos presenciales de estos hechos, para luego ser enterrados o depositados en un lugar desconocido.
Todo parece indicar que los representantes del Estado mexicano han preferido declarar a los 43 normalistas de Ayotzinapa como desaparecidos, por ser esta, para ellos, la condición menos perjudicial para su régimen de muerte, porque resulta increíble que a más de un mes de sucedidos los hechos y habiendo sido secuestrados por las fuerzas policíacas municipales de Iguala, las altas autoridades de nuestro país no sepan en dónde quedaron los estudiantes.
A este hecho solamente se le puede llamar encubrimiento, complicidad de un gobierno federal priísta con esa “izquierda” que se sumó dócilmente a su proyecto depredatorio para terminar de desmantelar nuestro patrimonio nacional, aliándose de paso y formando parte del crimen organizado, tanto del de “cuello blanco” como del relacionado con actividades de narcotráfico.
Lo cierto es que, aparezcan o no aparezcan los cuerpos de los normalistas (porque desgraciadamente todo parece apuntar a que fueron asesinados), este crimen de lesa humanidad, en el que por acciones y omisiones participó directamente el Estado mexicano, podría ser la coyuntura política que derive en el fin de la partidocracia mexicana.
Y es que el pueblo de México viene arrastrando 85 años de administraciones gubernamentales priístas corruptas y asesinas, tanto en el terreno federal como en los gobiernos estatales, más dos sexenios presidenciales panistas, en los cuales nuestro país se inundó de sangre con más de 100 mil muertos; ahora, en el genocidio de Iguala, también se encuentran involucradas dos de las principales corrientes de “izquierda”: el perredismo y el MORENA, que con sus principales jerarcas, Jesús Zambrano y Andrés Manuel López Obrador, de alguna manera u otra apoyaron directa e indirectamente al todavía prófugo ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para que fuera edil, aun conociendo sus antecedentes criminales, como lo revelara Óscar Díaz Bello, actual diputado local guerrerense, quien el 12 de mayo de 2012 entregó en Iguala a López Obrador un documento con los antecedentes criminales de Abarca para advertirle que como dirigente del PRD no avalara la candidatura de este delincuente, pero López Obrador ignoró a Óscar Díaz y públicamente dijo: “La patria es primero, hay que apoyar a todos”. Y pues ahí está la patria de López Obrador: un municipio de Iguala lleno de fosas clandestinas, convertido en panteón por el candidato que él promocionó. Más tarde, como dirigente del MORENA, López Obrador impulsaría la candidatura por este partido a la gubernatura de Guerrero del ex secretario de Salud de esta entidad, Lázaro Mazón, padrino político de José Luis Abarca, El Chacal de Iguala.
Pero la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa, aparte de estos responsables políticos, también tiene otros responsables con nombres y apellidos.
El presidente de la República y el secretario de Gobernación son los principales funcionarios públicos encargados y obligados a proporcionar SEGURIDAD a los ciudadanos que habitamos este país. Estos funcionarios son los representantes y responsables del Estado mexicano, entendiéndose por Estado el conjunto de instituciones que regulan, vigilan y ordenan el quehacer político, económico y social de un territorio. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es el encargado de la política interna de México, bajo su mando y autoridad se encuentran TODAS las policías del país a través de la Subsecretaría de PREVENCIÓN y Participación Ciudadana, instancia que jefatura las Coordinaciones Regionales del Programa Nacional para la PREVENCIÓN Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred).
Miguel Osorio Chong, como secretario de Gobernación, está obligado a informarle al presidente de la República TODO lo que sucede en el país en materia de seguridad pública, y a PREVENIR este tipo de genocidios y cualquier tipo de violencia proveniente de los cuerpos policíacos y del crimen organizado. Este funcionario y el Procurador General de la República por lo menos desde junio de 2013 ya sabían que el alcalde de Iguala pertenecía al crimen organizado y era un homicida ya que tuvieron informes y testimonios de que José Luis Abarca, El Chacal de Iguala, había asesinado personalmente al Ing. Arturo Hernández Carmona, activista político perteneciente a su mismo partido, el PRD, y había ordenado a sus policías municipales la ejecución de ocho militantes más de este partido por diferencias políticas que estos tenían con él. El secretario de Gobernación y el Procurador General de la República, al no haber promovido el desafuero y encarcelamiento de José Luis Abarca desde junio de 2013, cayeron en graves actos de omisión que provocaron el posterior genocidio de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Ahora bien, para ningún alcalde es fácil ordenar la ejecución y calcinamiento de 43 estudiantes, por lo que es indudable que aparte de este alcalde asesino hubo otros gobernantes de mayor jerarquía que estuvieron involucrados en este deleznable hecho.
Es por esta razón que millones de ciudadanos de nuestro país y de naciones de Latinoamérica y Europa están exigiendo la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, por considerar que él y sus principales colaboradores son incapaces de otorgar seguridad al pueblo de México y, más grave aún, actúan encubriendo a los asesinos materiales e intelectuales de los normalistas al ocultar el paradero de estos, dejando en claro que este genocidio fue perpetrado por un Estado Criminal.
La dimisión de estos funcionarios ineficaces y mafiosos a consecuencia de la presión social nacional e internaconal sería un buen mensaje para nuestros futuros gobernantes, para que entiendan de una vez por todas que nosotros los ciudadanos somos los mandantes, los patrones, y ellos son nuestros empleados.
Que les pagamos excelentes sueldos para que nos sirvan y nos protejan, no para que nos maten y maten a nuestros hijos.