
NarcoCongreso de Durango niega información pública sobre aviadores
De la redacción de razacero
Fue a inicios del mes de octubre de 2023 cuando la diputada morenista Sandra Amaya, en su calidad de Presidenta de la JUGOCOPO del NarcoCongreso de Durango, declaró ante medios de comunicación locales haber detectado a 30 aviadores en la nómina de esta institución. También, la legisladora manifestó que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo el NarcoCongreso duranguense había dado de baja a esos aviadores y los había indemnizado. “No queremos violentar los derechos de nadie, los hemos dado de baja de la nómina y tienen derecho a ser liquidados” (ver nota Detectan en un mes a 30 aviadores en el Congreso de Durango).

Así las cosas, varios ciudadanos solicitaron al extinto Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP) los nombres de esos 30 aviadores y los montos que habían cobrado por “indemnización, razón por la cual la diputada de marras, Sandra Amaya, ordenó clasificar el expediente número OIC/JAI/001/23, que contenía los expedientes laborales de estos trabajadores, como información “reservada por un año”.
Recientemente, el equipo de razacero por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia solicitó al NarcoCongreso de Durango los nombres de esos 30 aviadores, los montos que habían recibido por sus “indemnizaciones” y el expediente número OIC/JAI/001/23, que contiene sus historiales laborales, y la respuesta fue predecible: el NarcoCongreso de Durango se negó a proporcionar dicha información argumentando que “no se identificaron casos de personas servidoras públicas que hubieran percibido remuneraciones sin desempeñar funciones”.

En los hechos, esta respuesta deja como mentirosa a la diputada morenista Sandra Amaya o confirma que el NarcoCongreso de Durango oculta información pública sobre los aviadores que existen en su nómina. Por lo demás, ya es bien sabida la total opacidad que permea en el NarcoCongreso duranguense, en donde sus recursos son repartidos de manera discrecional entre los diputados y personajes de dudosa reputación. Al respecto, trabajadores del NarcoCongreso que solicitan el anonimato por temor a sufrir represalias laborales señalan con insistencia al “asesor parlamentario” del partido Morena, Salvador Pérez Esparza: “Es un aviador más y los lujos que ostenta no corresponden para nada al sueldo que devenga de 16 mil pesos mensuales, basta darse una vuelta por su casa para ver la media docena de camionetas lujosas que posee. No es normal”.

En este contexto turbio, el día de ayer los diputados del NarcoCongreso de Durango aprobaron el Presupuesto de Egresos 2026 propuesto por el gobernador corrupto priista Esteban Villegas; esto, con los votos de los diputados prianistas (12) y los votos de los diputados verde (José Osbaldo Santillán) y emecista (Martín Vivanco), teniendo en contra 10 votos de la coalición Morena-Verde-Pt y la abstención del diputado morenista Bernabé Aguilar Carrillo.

Ya votado el presupuesto se viene el calvario de todos los años para la ciudadanía, que tiene que soportar los actos de omisión de estos diputados en lo que concierne a la vigilancia y fiscalización de estos recursos, que para 2026 será superior a los 50 mil millones de pesos, muchos de los cuales irán a parar con total impunidad a los bolsillos de unos cuantos servidores públicos vivales que ocupan altos cargos en los tres poderes, cuyo enriquecimiento ilícito a estas alturas del sexenio villeguista ya es más que escandaloso.
Sin embargo, estos saqueos al erario parecen no importarles a los diputados del NarcoCongreso de Durango, evidenciando esta indiferencia el papel participativo que desempeñan en estas sustracciones.
