Obligatoria, la detención del narcogobernador Esteban Villegas
De la redacción de razacero
El día de hoy, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, y tres directivos de este municipio que se dedicaban a extorsionar a empresas tequileras y cerveceras de la región.
El funcionario federal informó en su cuenta de la red social X que está acción se llevó a cabo en coordinación con el Ejército Mexicano, la Marina, la Fiscalía General de la República y la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en seguimiento a la Operación Enjambre, “en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum”.
El alcalde de Tequila fue señalado también por sus vínculos directos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
En este contexto y en función de las fuertes presiones que ha ejercido el gobierno estadounidense de Donald Trump sobre el gobierno mexicano para que actúe contra los narcopolíticos, parece ser inminente la captura de personajes de mayor jerarquía.
Uno de esos personajes cuya relación con el crimen organizado es indiscutible es el gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas Villarreal, quien de acuerdo al portal especializado en temas de narcotráfico, Narcopoliticos.com, desde que fungió como alcalde de la capital duranguense, en el trienio 2013-2016, otorgaba contratos millonarios a empresas ligadas al crimen organizado, práctica que hoy como gobernador ha seguido realizando abiertamente.
En 2022, la campaña electoral del priista Villegas Villarreal a la gubernatura de Durango habría sido financiada por el capo Ismael “El Mayo” Zambada, con la anuencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Recientemente, la captura del peligroso extorsionador y narcotraficante, Edgar Rodríguez, alias “El Limones”, llevada a cabo el pasado 10 de diciembre de 2025 en la ciudad de Durango, dejó al descubierto la protección que el mandatario estatal duranguense y altos integrantes de su gabinete de seguridad proporcionaban a este criminal.
Por la contundencia de las evidencias que existen alrededor de este caso, ya que por sus acciones y omisiones señalan directamente al gobernador de Durango como protector de este narcoextorsionador, y el marcado papel que ha desempeñado financiando al crimen organizado a través de contratos millonarios otorgados a empresas vinculadas a este, sería inverosímil que el gobierno federal dejara impune a este protagonista activo de la criminalidad política nacional, quien obligatoriamente debe estar también en el listado de narcopolíticos requeridos por el gobierno estadounidense.
A estas alturas, aplicar la ley de manera selectiva sería una de las decisiones más lamentables, tanto para el gobierno mexicano representado por Claudia Sheinbaum, como para el gobierno de Donald Trump.