Más miedo a protestas que a los feminicidios
Contrapesos
Víctor Montenegro
En Durango, el debate previo al 8M y la marcha de las mujeres deja algo inquietantemente claro: para el poder, la prioridad no ha sido la violencia de género en todos estos años, sino la protesta que la denuncia. Al gobernador Esteban Villegas y al presidente municipal Toño Ochoa parece preocuparles más una pared pintada que una mujer asesinada.
A días de la manifestación, el mandatario advirtió -por no decir que amagó- que serán detenidas las mujeres que incurran en actos de iconoclasia y en lo que como autoridad se considere vandalismo. El Alcalde secundó la postura y anunció coordinación policiaca para “proteger el patrimonio”.
Se habla de infiltradas, de encapuchadas que “no son de aquí”, de la necesidad de resguardar edificios y de evitar pintas en el Centro Histórico. Sin embargo, hay un dato que debería pesar más que cualquier muro intervenido: Durango lleva siete años y tres meses bajo Alerta de Violencia de Género.
De las 33 medidas dictadas por la autoridad federal, apenas una ha sido cumplida. El 82 por ciento permanece sin atender. No se han fortalecido albergues en las cuatro regiones del estado. No se ha garantizado cobertura integral. No se ha logrado revertir la tendencia. Eso, ya lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, sin que haya mínimo eco.
El 2026 comenzó para Durango con una deshonrosa posición a nivel nacional en materia de feminicidios. Tres casos consecutivos en enero bastaron para ubicar al estado en el segundo sitio del país. Detrás de cada cifra hay una historia truncada, una familia devastada y una autoridad que llegó tarde.
Frente a ese contexto, amedrentar con arrestos antes de que ocurra cualquier incidente no puede ser visto como prudencia, sino como un mensaje político equivocado. Colocar el énfasis en el orden público por encima de la deuda estructural con las mujeres es sugerir que el problema puede ser la manifestación, y no la violencia que la origina.
Anticipar la represión distorsiona el sentido legítimo de la movilización, exasperando los ánimos de los grupos feministas que, inclusive, ya se pronunciaron con antelación en el sentido de atenuar la manifestación de este año, pese a que se trate de una jornada de memoria, denuncia y exigencia, no de celebración.
El 8 de marzo no es una fecha festiva ni un acto protocolario para cumplir con la agenda pública, sino un día de protesta por las que ya no están y por las que se encuentran en riesgo latente, sin garantías mínimas de seguridad. Es un día para visibilizar la violencia de género que persiste frente a la impunidad, y para exigir respuestas ante una deuda que Durango no ha saldado.
Nadie defiende la violencia ni el riesgo a terceros. Pero criminalizar preventivamente una protesta en un estado con alerta vigente es, cuando menos, una señal de prioridades invertidas. Porque cuando la protesta incomoda más que la violencia que la provoca, el problema no está en la calle, sino en el poder.
EN LA BALANZA.- El exalcalde Jorge Salum volvió a señalar presuntos vínculos del actual alcalde Toño Ochoa con grupos paralelos y emplazó al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero. Si el líder panista advierte que el CO decide candidaturas y contamina procesos electorales, la congruencia obliga a revisar primero los señalamientos que pesan sobre administraciones emanadas del propio partido. La autoridad moral para exigir sanciones comienza por esclarecer lo que ocurre en casa. De lo contrario, el combate a la infiltración criminal corre el riesgo de convertirse en discurso selectivo, y no en compromiso real con la legalidad.
(El Siglo de Durango)