El Otoño Mexicano: Peña Nieto, su mafia y la partidocracia deben irse
Aestas alturas, todos los mexicanos y todo el mundo ya sabemos, por las declaraciones de los sobrevivientes, que la policía municipal de Iguala, a las órdenes del ahora encarcelado ex alcalde perredista José Luis Abarca, fue la que inició el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, el 26 de septiembre pasado; que al lugar de los hechos inmediatamente llegaron policías estatales y federales, y soldados del Ejército que, lejos de cumplir con su labor de defender al pueblo, se dedicaron a observar cómo estas policías asesinaban a unos normalistas y sometían y trasladaban a otros a lugares desconocidos para ser masacrados, para ser quemados vivos y enterrados o depositados en sitios hasta ahora inciertos para nosotros, más no para los representantes del Estado Criminal.
Ahora, el “cansado” procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, pretende hacernos creer que el Estado Criminal, del cual él forma parte, no tuvo nada que ver en este genocidio, y que los responsables de esta matanza fueron solamente tres sicarios y el presidente municipal de Iguala.
El Chacal de Iguala, José Luis Abarca; el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos Zepeda; el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, supieron minuto a minuto, en tiempo real, lo que estaba sucediendo en Iguala: que fuerzas policíacas de los tres niveles de gobierno estaban asesinando a los estudiantes ante la presencia de soldados del Ejército mexicano, y no hicieron nada para evitar el genocidio de los 43 normalistas de Ayotzinapa; por el contrario, lo ordenaron y lo avalaron.
Sobra decir que desde el año 2012 las máximas autoridades en materia de seguridad de nuestro país ya sabían los antecedentes criminales de El Chacal de Iguala, José Luis Abarca, así como también los jerarcas de la “izquierda” perredista, Andrés Manuel López Obrador y Jesús Zambrano ya conocían el historial delictivo de este homicida cuando lo apoyaron para ser alcalde de este municipio.
Por otro lado, nosotros, la sociedad mexicana, ya conocíamos el pasado represor del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, inmiscuido en el asesinato de por lo menos una docena de perredistas cuando fue gobernador interino, abanderado por el PRI; ya sabíamos los antecedentes delictivos del secretario de Gobernación, Osorio Chong, relacionado en varias averiguaciones previas por sus vínculos con el crimen organizado cuando fue gobernador de Hidalgo, y también ya sabíamos el pasado delincuencial del presidente Enrique Peña Nieto como saqueador de las arcas públicas del Estado de México cuando fue secretario de finanzas del ex gobernador ladrón Arturo Montiel, y cuando fue gobernador de esta entidad, amén de haber llegado a la presidencia violando las leyes electorales excediendo más de 10 veces el tope de gastos de campaña. Los mexicanos ya sabíamos que eran (y son) delincuentes.
Los mexicanos ya sabemos que este tipo de gobernantes gangsteriles utilizan el poder para hacer negocios millonarios personales con nuestro dinero, y que esto además les da para hacerse de fastuosos palacetes, como el que recientemente le acaban de denunciar en algunos medios al presidente Enrique Peña Nieto: una propiedad faraónica en Las Lomas de Chapultepec, con valor de 86 millones de pesos, que ahora el vocero de la presidencia intenta hacernos creer que “pertenece a la esposa del presidente, Angélica Rivera”, sin que esta, como presidenta del DIF nacional, y por ende como servidora pública, haya manifestado esta propiedad en su declaración patrimonial; de la misma manera, siendo candidato a la presidencia, este mandatario cleptómano intentó convencernos manifestando en su declaración patrimonial que varias de sus propiedades “son donaciones”.
Cada día que no aparecen los cuerpos de los normalistas, se hace más evidente la autoría y complicidad de los representantes del Estado Criminal arriba mencionados en este crimen de lesa humanidad.
La consigna “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, es el grito que se escucha en todo México y en todo el mundo. Es el grito que emitimos los que ya estamos cansados de que nos gobiernen los mafiosos, los malos, los peores. Esos que la mayoría de las veces no hemos elegido en las urnas sino que nos los han impuesto a la fuerza, ilegalmente, la partidocracia corrupta con el respaldo de los sobornables integrantes de institutos electorales y ministros corrompidos de los tribunales federales correspondientes.
El genocidio de Iguala debe de representar, necesariamente, el fin de la partidocracia criminal mexicana. Y deben ser los padres de los estudiantes asesinados quienes convoquen al pueblo de México para iniciar el derrocamiento de los representantes espurios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque es inaceptable que a más de 50 días de sucedidos los hechos el presidente de la República no pueda informar a los familiares y a la sociedad entera en dónde están los normalistas desaparecidos, y no sea capaz de encarcelar y destituir a todos los sicarios, policías y funcionarios de alto nivel que por acción y omisión participaron en esta desaparición forzada y genocidio.
A este presidente de la República y a sus compinches se les olvidó por completo que nosotros somos los mandantes, sus patrones, y ellos son nuestros empleados, y tratándose de este tipo de casos sumamente graves deben de darnos respuestas satisfactorias de inmediato o renunciar.
El encarcelamiento de El Chacal de Iguala y la caída del ex gobernador perredista represor de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero (que permanece en libertad a pesar de su responsabilidad administrativa y penal), no son suficientes para saldar la vida de los 46 normalistas que en total fueron asesinados el 26 de septiembre pasado, junto con tres ciudadanos más, esto debe de quedar bien claro para todos los mexicanos que nos preciemos de ser civilizados; es necesario que renuncien el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, el procurador general de la República y el presidente Enrique Peña Nieto, para dejar bien asentado a nuestros futuros gobernantes que en nuestro país se deben de respetar nuestra Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El genocidio de Iguala debe ser la coyuntura política y social para deshacernos de una vez por todas de esta partidocracia delictiva que se ha apoderado del Estado mexicano.
Hoy, esa “izquierda” que le ha servido a los regímenes de derecha criminales y depredatorios como ignominioso muro de contención para “bajar la intensidad de las movilizaciones sociales”, también tiene las manos ensangrentadas y es repudiada por la sociedad mexicana. Hoy, los mexicanos ya no podemos y ya no debemos acudir a las citas de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo para escuchar sus discursos huecos y regresar a nuestras casas sin resolver nada, porque nos hemos dado cuenta que estos líderes de la “izquierda” también forman parte del sistema opresor.
Esta es la hora exacta para sacudirnos a todos estos pillos, de derecha e “izquierda”.
Como La Primavera de Praga, esta es la hora de hacer la revolución social, El Otoño Mexicano, sin disparar una sola bala, más que millones de gritos desgarradores que persigan hasta el final de sus días a esta élite que conforma la partidocracia criminal mexicana: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Asesinos!”.