Las “propuestas” de Peña Nieto: Basura demagógica. La violencia, el principal sello de su gobierno
El pasado 27 de noviembre, más tardó el presidente Enrique Peña Nieto en pronunciar sus 10 “propuestas” para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de derecho en México que en comenzar a recibir un alud de críticas en las redes sociales y en incontables medios de comunicación por parte de analistas políticos reconocidos y de organizaciones internacionales de prestigio, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quienes consideraron la exposición presidencial como una burla a la ciudadanía y “cambios cosméticos” que son insuficientes para evitar las violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía.
En realidad, el pueblo de México esperaba verdaderos cambios de fondo y el despido de por lo menos un par de funcionarios de alto rango que para nada han estado a la altura de las circunstancias graves que está atravesando nuestro país a raíz de los homicidios y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de quienes, a más de 2 meses de haber sido privados de su libertad en Iguala por policías de los tres niveles de gobierno, aún se desconoce su paradero.
Y es que todas las “medidas” que anunció Enrique Peña Nieto ya se encuentran plasmadas en las leyes que nos rigen como país, y las que no están se quedaron cortas. Veamos:
PRIMERA.- Iniciativa de Reforma Constitucional, que facultará al Congreso para expedir la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales.
¿Y por qué nada más en las Autoridades Municipales? ¿Por qué no ampliar esta iniciativa a los gobiernos estatales y a los tres poderes federales: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial?
SEGUNDA.- Iniciativa que redefinirá por completo y dará claridad al sistema de competencias en materia penal, a fin de que los diferentes órganos de gobierno asuman su responsabilidad en ese ámbito.
Estas competencias ya están bien definidas desde hace décadas, el que la PGR atraiga casos del fuero común se ha debido a la incompetencia de los gobiernos estatales; también, el que la PGR no desempeñe su labor como debe de ser se debe a la alta corrupción que permea en ella. Los gobiernos federal, estatales y municipales tienen bien definidas sus competencias jurisdiccionales; y tan bien definidas las tienen que las aplican a la perfección, pero para exigir o recibir las cuotas de los carteles del crimen organizado que operan en sus jurisdicciones.
TERCERA.- Iniciativa de reforma constitucional para establecer las Policías Estatales Únicas. Este cambio de modelo policial permitirá pasar, de más de mil 800 policías municipales débiles, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, confiables, profesionales y eficaces.
Enrique Peña Nieto hace esta propuesta, pero no habla de depurar las corporaciones policíacas, totalmente carcomidas por la corrupción e infiltradas por el crimen organizado, por lo que se prevé que esos policías municipales, que aparentemente dejarán de existir, se incorporarán a esas “Policías Estatales Únicas”, que solo cambiarán de nombre pero seguirán funcionando con los mismos elementos nocivos corruptos y/o ligados al crimen organizado.
CUARTA.- El establecimiento de un número telefónico único para emergencias, a nivel nacional, que permitirá a los mexicanos contar con un medio eficaz para pedir auxilio en casos de urgencia. Se buscará que este número sea el 911 por ser el más reconocido a nivel mundial.
Los números de emergencias ya existen en nuestro país y no funcionan, por el contrario, son los mismos operadores de estos servicios quienes alertan a los policías corruptos y a los delincuentes organizados sobre las denuncias que hacen los ciudadanos, muchas de las veces proporcionándoles los datos de quienes se atreven a llamar a estos números para denunciar algún ilícito.
QUINTA.- Impulsará el establecimiento de la Clave Única de Identidad.
Los ciudadanos ya contamos con nuestras credenciales de elector.
SEXTA.- La instrucción para realizar un Operativo Especial en la región conocida como Tierra Caliente, ampliando el despliegue de las Fuerzas Federales en municipios de Guerrero y Michoacán. También el anuncio de un mayor respaldo de las fuerzas federales para los municipios que lo requieran, en los estados de Jalisco y Tamaulipas.
Siempre ha sido obligación del Estado garantizar la seguridad en todas las regiones del país.
SÉPTIMA.- El envío para el próximo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión de una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los códigos federal y estatales ya existen las leyes que deberían de garantizar la expedición pronta y expedita de justicia a la ciudadanía, pero no se aplican por la corrupción que se practica en este rubro en las fiscalías y tribunales del país.
En materia de Derechos Humanos anunció, como OCTAVA MEDIDA, un conjunto de acciones que incluyen:
Una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada.
Estas leyes ya existen, y muchas de ellas han sido firmadas por los gobiernos federales en tratados internacionales que no se respetan.
Se fortalecerán los protocolos y procedimientos para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales.
Enrique Peña Nieto no propone ampliar y garantizar las penas para policías, ministerios públicos, jueces y gobernantes que intervengan en este tipo de delitos oprobiosos.
Se establecerán indicadores adicionales en materia de Derechos Humanos, en coordinación con la CNDH y Organizaciones de la Sociedad Civil.
Ya existen muchos indicadores “adicionales” en esta materia que no se respetan, y la impunidad que existe ha llevado inclusive a corromper a la CNDH, como ya se vio con el enriquecimiento ilícito impune del último presidente de esta comisión, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva.
Se creará un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.
Mientras no haya dependencias policíacas depuradas y profesionalizadas estos sistemas no funcionarán.
Se publicará el Reglamento de la Ley General de Víctimas y se pondrá en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas.
Ya se ha intentado poner en práctica este tipo de medidas, pero no han funcionado por “falta de presupuesto” (léase carencia de voluntad política) y personal capacitado para llevar a cabo esta tarea.
En el ámbito de combate a la corrupción, Peña Nieto expresó, como NOVENA MEDIDA, el respaldo del Ejecutivo Federal al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia, que se discuten en el Congreso de la Unión.
A dos años de comenzado el sexenio se siguen “discutiendo” y posponiendo estas iniciativas, con un proyecto de Comisión Nacional Anticorrupción que no se ha llevado a cabo y una Secretaría de la Función Pública que carece de marco jurídico por la eliminación del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que normaba a la SFP, por lo que esta ha quedado sin soporte legal. De igual manera, Enrique Peña Nieto no propone castigos severos a quienes sean los titulares de estas dependencias para evitar enriquecimientos ilícitos como el del ex secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.
DÉCIMA.- Se fortalecerán los principios de Gobierno Abierto en la Administración Pública Federal. En este marco, el presidente instruyó a la Secretaría de la Función Pública a desarrollar un portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal.
¿Y qué va a hacer Peña Nieto con las acusaciones documentadas en su contra que comprueban contundentemente su proceder ilícito y el de su esposa en la adquisición de su ya célebre Casa Blanca, en la que se demuestran sus actos de corrupción beneficiando a un contratista en particular y recibiendo prebendas de este?
Mucha fue la palabrería que emitió Peña Nieto en su decepcionante presentación de “propuestas” para salir del hoyo profundo en el que él y su gabinete tienen hundida a la nación, pero en ningún momento propuso depurar a las policías y castigar sin distingos a los corruptos, desde alcaldes hasta diputados, senadores, gobernadores, secretarios de Estado y, por supuesto, el presidente de la República; así como tampoco propuso decretar una amnistía para liberar de inmediato a todos los presos políticos que se encuentran en penales de máxima seguridad, en condiciones infrahumanas, como no lo están, por supuesto, los peligrosos capos de la delincuencia organizada.
En la marcha masiva del pasado 20 de noviembre, que concluyó en el Zócalo del D.F., Peña Nieto volvió a dejar en claro la clase de gobernante que es: violento, represor, visceral y fascista al echarle encima al pueblo a las fuerzas policíacas federales y a paramilitares infiltrados para insultar, golpear, vejar y aplastar a todo aquél que se atravesara en su camino, especialmente a mujeres y niños, igual que lo hizo en Atenco cuando fue gobernador del Estado de México y ordenó la represión de este pueblo matando a un joven, golpeando gravemente a cientos de ciudadanos y violando a más de una docena de mujeres.
Hoy, parafraseando a la senadora Layda Sansores, este presidente, aterrorizado ante la indignación de un pueblo que sigue exigiendo su renuncia, pretende aterrorizarnos con el uso de la fuerza policíaca y militar al mismo tiempo que nos ofrece “propuestas” huecas, sin haber resuelto ese problema que provocó el enojo de los mexicanos y del mundo entero: la desaparición forzada de nuestros 43 normalistas de Ayotzinapa.
Así las cosas, Peña Nieto podrá tener en la cárcel a más de 70 policías y sicarios como supuestos autores materiales de esa desaparición masiva, y al Chacal de Iguala, José Luis Abarca, como uno de los autores intelectuales, pero mientras no destituya y encarcele a los verdaderos responsables de este crimen de lesa humanidad, él y solo él será señalado por el pueblo mexicano como responsable directo de este hecho.