Ley antimarchas: La partidocracia criminal actuando

    Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó el pasado 2 de diciembre una reforma constitucional en materia de movilidad, que causó controversia durante la sesión porque sus opositores consideran que limita el derecho a la libre manifestación.

    El dictamen, avalado y enviado al Senado para su revisión, modifica dos artículos de la Carta Magna, el 11 y el 73, para establecer que será obligación del Estado garantizar que las personas puedan moverse en los espacios públicos.

    “El Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”, señala el nuevo artículo 11 constitucional.

    Los diputados federales del PRI, PAN y del PVEM, echándole más leña al fuego de la desestabilización nacional.
    Los diputados federales del PRI, PAN y del PVEM, echándole más leña al fuego de la desestabilización nacional.

    Para los diputados de izquierda, sin embargo, esta disposición abre la puerta a que se elaboren leyes secundarias que restrinjan el derecho a la libre manifestación y a la protesta, y escudándose en estos actos puedan impedir el libre tránsito.

    “No es el momento político para aprobar este dictamen, no abonemos más a la crispación social. México enfrenta una crisis de Estado, seamos responsables y cerremos el paso a la tentación de reprimir las manifestaciones sociales pacíficas que en estos días se registran en las calles”, dijo en tribuna la diputada Aleida Alavez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

    Esa postura fue respaldada por los diputados Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo (PT), y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, entre otros legisladores.

    Los promotores de la reforma, por el contrario, rechazaron que con ella se busque afectar el derecho a la libre manifestación, incluido en la Constitución, y aseguraron que sólo se trata de hacer explícito el derecho a la movilidad.

    “Quienes viven y transitan en las grandes ciudades tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público que el que tienen las personas que ejercen el derecho a la libre expresión y reunión en el marco de una manifestación”, dijo en un comunicado el diputado Marcos Aguilar, del Partido Acción Nacional (PAN).

    El tema también generó controversia en redes sociales, donde se difundió con la etiqueta o hashtag #leyantimarchas.

    Al final, el documento se aprobó por 292 votos a favor –del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), de su aliado el Verde Ecologista de México (PVEM) y del PAN–, 100 en contra y una abstención, informó la Cámara de Diputados en un comunicado.

    La reforma en cuestión quedó aprobada en momentos en que en varias ciudades del país, en especial en el Distrito Federal y en el estado de Guerrero, se realizan numerosas manifestaciones en protesta por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre, así como en contra del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

    Algunas de estas marchas han registrado hechos de violencia en los que ha habido enfrentamientos con policías y daños a comercios, que a su vez han derivado en arrestos y acusaciones sobre detenciones arbitrarias de parte de las fuerzas de seguridad.

    (De la redacción de razacero).

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