Cinismo. Caso Ayotzinapa a la ONU
Desde que sucedieron los trágicos hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en donde fueron asesinados tres ciudadanos y tres estudiantes, y cuarenta y tres jóvenes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos, hubo un encubrimiento planeado por parte de los representantes del Estado mexicano para ocultar la participación del 27 batallón de infantería del Ejército, así como de las fuerzas policíacas federales, estatales y municipales en este crimen de lesa humanidad.
Ahora, a poco más de cuatro meses de este exterminio, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, ha dado por cerradas las investigaciones argumentando que “hay elementos suficientes para concluir que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero”, declaración que de inmediato fue refutada por los padres de los estudiantes asesinados, quienes se niegan a aceptar esta hipótesis toda vez que no ha habido una investigación profesional de estos hechos, pues han sido otras instancias independientes que gozan de prestigio científico y periodístico internacional las que han evidenciado el desaseo absoluto de las pesquisas que llevó a cabo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Y es que esos estudios e investigaciones han dejado claro que los normalistas de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula y han confirmado, en base a pruebas fílmicas y testimoniales, la participación de soldados del Ejército y elementos de las policías federal, estatal de Guerrero y municipal de Iguala en los homicidios y en la desaparición forzada de los normalistas.
Hoy, los representantes mafiosos del Estado mexicano pretenden hacerle creer a la sociedad que los normalistas fueron asesinados por el grupo de narcotraficantes llamado Guerreros Unidos, e intentan criminalizarlos haciéndolos parecer como integrantes del grupo contrario a este cartel, Los Rojos.
Así, los hampones que detentan el poder quieren disfrazar un crimen de Estado presentándolo como una disputa entre organizaciones delictivas.
Pero lo que realmente sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 va más allá de esto ya que existen indicios de que algunos altos mandos del Ejército, la PGR, la secretaría de Gobernación e inclusive de la Presidencia de la República se enteraron de lo que estaba sucediendo en Iguala en tiempo real.
Y la ya demostrada participación del Ejército en estos hechos implica la responsabilidad directa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, razón por la cual le era urgente al titular de la PGR cerrar el caso sin más argumentaciones que los resultados de sus pesquisas mal hechas y totalmente carentes de veracidad.
Por esta razón, las movilizaciones masivas para exigir el esclarecimiento de este genocidio y el castigo para sus verdaderos autores materiales e intelectuales continuarán, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, y mucho más ahora que los padres de los normalistas han anunciado que acudirán al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, para que esta instancia internacional inicie una verdadera investigación.
La prisa por cerrar este vergonzoso crimen ante la cercanía de las elecciones seguramente le saldrá contraproducente a la jerarquía política delincuencial, toda vez que no solamente enfrentará el repudio social aumentado por esta medida sino se pondrá también, nuevamente, en la mira de los reflectores internacionales, cuyos Estados (sobre todo los europeos y asiáticos) e inversores ya no ven con buenos ojos al gobierno mexicano ni confían abiertamente en poner en sus manos sus capitales. A todo esto se suma el rechazo a Enrique Peña Nieto por parte de la comunidad mexicana que radica en los Estados Unidos, y que ha hecho patente su indignación por la masacre de Iguala.Este año, la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa podría ser el parteaguas para que el pueblo de México le dé la espalda a la partidocracia alejándose de las casillas electorales para comenzar a buscar otra forma de gobierno que sea auténticamente representativa.