Política al margen. Marcelo y Línea 12, Fundadas Sospechas de Corrupción

Jaime Arizmendi.

Se metió a la casa ajena… En San Lázaro, a principios de febrero sesionó la Comisión Especial sobre la Línea 12 del Metro, cuyo servicio fue suspendido el 11 de marzo de 2014 en 11 de sus 20 estaciones por fallas en su estructura. Los diputados aprobaron su informe entre golpes y gritos, por la irrupción violenta de Marcelo Ebrard Casaubon, ex Jefe de Gobierno del DF, y a quien piden los legisladores que la PGR lo investigue.

El informe de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Federales que se Destinen o se hayan Destinado a la línea 12 del Metro, comprende seis meses de trabajo, está integrado por 93 hojas, fue aprobado por la mayoría y presentado en la plenaria.

Muy cara le está costando al pueblo de México la Línea 12 del Metro, por la ineficacia y corrupción de Marcelo Ebrard, el ex mejor alcalde del mundo.
Muy cara le está costando al pueblo de México la Línea 12 del Metro, por la ineficacia y corrupción de Marcelo Ebrard, el ex mejor alcalde del mundo.

Marcelo se hizo acompañar de quien fuera su secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo, y de diputados como Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena), Ricardo Mejía Berdeja (MC) y los perredistas Aleida Alavez Ruiz, José Luis Muñoz Soria y Carlos Reyes Gámiz.

El informe señala que el “origen de las fallas que culminaron en el cierre de las 11 estaciones de la Línea 12 se debe a deficiencias de diseño y a la falta de coordinación de los trabajos; que los estudios técnicos realizados demostraron que el tren no se inscribe correctamente en una vía con las características necesarias. “Las simulaciones, los ensayos y la experiencia demostraron que esta situación es el elemento determinante en la causa del desgaste ondulatorio”.

Y considera “necesario llegar a los últimos responsables, a las autoridades de nivel superior que aprobaron, permitieron, consintieron o, quizás, tomaron personalmente las decisiones que obraron en detrimento de la correcta planeación, construcción y funcionamiento del proyecto”. O sea, Marcelo y Mario.

Respecto al dinero, califica “prioritaria” la resolución del juicio que se deriva de la reclamación que hizo la Secretaría de la Función Pública (del Gobierno Federal) al gobierno del Distrito Federal, para reintegrar 489 millones 422 mil 377 pesos de origen federal, provenientes del Fondo Metropolitano 2011, cuyo uso -a juicio de la SFP- “no fue debidamente justificado por las autoridades locales”.

Pide “explicar por qué el Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la administración 2006-2012, optó por trenes de rodadura férrea y no neumática, cuando además, como queda asentado en este informe, existian opiniones adversas a esta elección, sustentadas en evidencia técnica”.

También considera necesario “conocer con precisión por qué se autorizó firmar un contrato de prestación de servicios a largo plazo para la renta de los trenes, en lugar de comprarlos, y explicar suficientemente por qué se eligió a la empresa CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), y no a otra”.

Finalmente, “hay que aclarar por qué se decidió y quién autorizó en última instancia que en el contrato con CAF se estableciera el precio del dólar en 16.27 pesos la unidad, cuando el 31 de mayo de 2010, fecha en que se firmó, el precio era de 12.91 pesos, decisión que se traduce en un sobrecosto de tres mil 197 millones de pesos”.

En cuanto a las recomendaciones, éstas se engloban en 12 puntos. En cinco de ellas se hacen de manera directa al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Piden que dependencias y entidades involucradas en la Línea 12 sostengan estrecha coordinación para evitar problemas como los recientes y que se brinde supervisión especial sobre la adaptación entre los diferentes sistemas que integran la Línea.

Realizar un estudio para valorar la posibilidad de concluir anticipadamente el servicio de arrendamiento y mantenimiento de los 30 trenes de la Línea 12 del Metro y profundizar en la determinación de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos a quienes es atribuible el más alto nivel de responsabilidad en la toma de decisiones, con fundadas sospechas de fraude y corrupción.

(argonmexico.com).

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