Durango: La tierra del cine y de la impunidad

Fernando Miranda Servín.

 

Ante la fama que tiene el estado de Durango por las locaciones naturales que sirven de marco a producciones cinematográficas (alrededor de cuatro o cinco al año), se contrapone la impunidad que prevalece en el por la carencia de sanciones a los actos de corrupción que cometen los funcionarios gubernamentales, así como la nula prevención y persecución de los delitos cometidos por el crimen organizado y la delincuencia común.

En esta entidad norteña, la mayoría de las denuncias que la ciudadanía hace en contra de servidores públicos que cometen actos fuera de la ley son desechadas “por falta de elementos”, y a veces los denunciantes son criminalizados por acusar “sin pruebas” o por presentar copias de documentos oficiales “robados” como evidencias de los actos de corrupción que cometen los malos funcionarios. Y esto sucede en los tres ámbitos de gobierno, es decir, a nivel federal, estatal y municipal, en los que las autoridades se preocupan más por proteger a los infractores de las leyes que a los que se atreven a denunciarlos. Este comportamiento irregular parece saberlo muy bien la ciudadanía duranguense por lo que la cultura de la denuncia no es el fuerte de los miembros de esta sociedad que cuando son ultrajados en sus derechos ciudadanos o asaltados o robadas sus pertenencias prefieren dejar los hechos desapercibidos, y solamente acuden a las instancias procuradoras de justicia cuando se trata de un delito que los afecta de manera muy grave en su patrimonio e integridad física.

Jorge Herrera Caldera con Enrique Peña Nieto. Corrupción e impunidad, la firma de su gobierno.
Jorge Herrera Caldera con Enrique Peña Nieto. Corrupción e impunidad, la firma de su gobierno.

La secretaría de la Contraloría estatal raramente da a conocer sanciones a servidores públicos, y cuando lo hace se trata de empleados de bajo rango ya que las acusaciones relevantes a altos funcionarios generalmente las archiva o, premeditadamente, no les da el seguimiento adecuado. “Tiene que presentar más pruebas”, suelen decir los encargados de esta secretaría a los ciudadanos que señalan con nombres, apellidos y circunstancias a los servidores públicos corruptos que saquean el erario, siendo que esta secretaría es la que debe investigar y obtener las pruebas de las anomalías que los ciudadanos denuncian.

Lo mismo sucede en la Fiscalía General del estado, a cargo de la Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, en donde el 90% de las querellas no son atendidas y los ciudadanos tienen que andar buscando a los agentes ministeriales de la Dirección General de Investigaciones a los que les fueron asignados sus casos para rogarles que les den prioridad a sus asuntos o de plano ofrecerles alguna dádiva para que comiencen a indagar quién les robó su casa o quién se llevó su automóvil; dinero bueno tirado al malo que jamás logra servir para recuperar los bienes perdidos. A esta desgracia se suman las trampas que elementos del crimen organizado, incrustados en la nómina de esta Fiscalía General, ponen a los ciudadanos para extorsionarlos vendiéndoles autos que luego aparecen “reportados como robados”; así, bajo la amenaza de encarcelarlos por estar en posesión de un auto “robado”, despojan a los compradores de fuertes sumas de dinero decomisándoles el auto que recién acaban de adquirir para volver a venderlo a otro ciudadano incauto. Negocio redondo.

Hoy, esta Fiscalía quizá sea la que esté dando menores resultados en toda la historia de Durango ya que de la docena de asesinatos de abogados que ha habido en la entidad y de los más de 300 homicidios, perpetrados en las célebres fosas clandestinas durante el sexenio negro del anterior gobernador, Ismael Hernández Deras, y del actual, Jorge Herrera Caldera, ninguno ha sido resuelto por esta Fiscal que habla más de lo que actúa y parece estar más preocupada por cumplir los caprichos de su hijo, harto conocido por los agentes de la DEI que tienen la mala fortuna de custodiarlo y soportar sus excesos y despotismo.

Y este ambiente de impunidad también se respira en el Congreso estatal, en donde se protegen las fechorías que los presidentes municipales cometen con las cuentas públicas, especialmente de aquellos que son afines al partido en el poder, el PRI, y de funcionarios de la administración estatal a los que con pruebas y testimonios algunos ciudadanos han denunciado demandando en contra de ellos hasta juicios políticos que son admitidos por la “comisión revisora” de este Congreso, pero jamás resueltos, como el caso de la ex directora del Instituto de Cultura del Estado de Durango, Ing. Corín Martínez Herrera, acusada desde hace más de un año por trabajadores de la cultura duranguenses por realizar millonarios desvíos de recursos públicos y ejercer actos de nepotismo e ineptitud administrativa. A principios de este año 2013, esta funcionaria renunció a su cargo, pero lejos de ser inhabilitada fue ungida como “directora de difusión cultural” de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), a pesar de que el juicio político en su contra aún se encuentra “congelado” en el Congreso estatal, en un acto abierto de protección oprobiosa que los diputados priístas, que ostentan la mayoría en este Poder Legislativo local, le están concediendo.

Otro foco rojo de impunidad en Durango lo representa el alcalde de la capital, Adán Soria Ramírez, quien desde hace más de un año se ha dado a la tarea de reprimir y atacar directamente con actos intimidatorios como amenazas y despojos a la asociación altruista denominada Tambitos A.C.

Adán Soria Ramírez otorga contratos millonarios sin concursos de licitación y enfrenta juicio administrativo por no clausurar el complejo residencial de lujo Balcones los Remedios.
Adán Soria Ramírez otorga contratos millonarios sin concursos de licitación y enfrenta juicio administrativo por no clausurar el complejo residencial de lujo Balcones los Remedios.

El 8 de abril de 2012, los integrantes de esta asociación e indigentes a quienes brindaban alimentación y refugio gratuitos, fueron desalojados violentamente de su anterior sede ubicada en la privada de Ex Campo Deportivo Núm. 16, del barrio de Tierra Blanca, en la ciudad de Durango, por órdenes del alcalde gangsteril Adán Soria Ramírez. En este centro comercial, Tambitos A.C., era y es propietario de 8 concesiones de locales legalmente adquiridas al municipio de Durango. Cobijas, colchonetas, ropa, aparatos electrodomésticos y enseres de cocina como platos, cubiertos, ollas y cazuelas les fueron “decomisados” o robados, y hasta la fecha no les han sido devueltos por las autoridades del municipio encabezadas por este edil transgresor de las leyes, quien actualmente pretende también desalojar a esta asociación filantrópica de su actual sede, ubicada en la calle Bravo Núm. 130 del barrio de Tierra Blanca, “porque como damos de comer gratuitamente a los indigentes nos mandó decir que estamos afectando a los negocios de comida de la zona y que eso es un delito”, manifiesta Hugo Alberto Cano Soto, representante de esta asociación samaritana.

Otro ejemplo de corrupción extrema de este edil y del gobernador en turno, Jorge Herrera Caldera, lo representa la construcción de la unidad habitacional de lujo llamada Balcones Los Remedios, que se edifica en las faldas del Cerro de Los Remedios, sobre terrenos minados que son propiedad de la UJED, y violando infinidad de leyes de carácter ecológico y urbano. “El gobernador Jorge Herrera Caldera tiene intereses creados con los empresarios que construyen este complejo habitacional”, acusan los vecinos del fraccionamiento Los Remedios que están siendo directamente afectados con la construcción de esta monumental obra y ya demandaron un juicio administrativo en contra del alcalde Adán Soria Ramírez por no clausurar este complejo y no cumplir con sus funciones públicas. Este edil corrupto también está involucrado, junto con el alcalde de Poanas, Raúl Piedra Macías, en un fraude millonario a empresarios de la construcción a quienes otorgaron contratos para obras públicas superiores a los 800 millones de pesos, sin realizar concursos de licitación, a cambio de que depositaran fuertes sumas de dinero en cuentas bancarias de terceros “para pagar los estudios de factibilidad de las obras”, según dice uno de los afectados, el Ing. Julio César Rodríguez Martínez, propietario de Construcciones Nueva Vizcaya S.A. de C.V., quien fue timado con 5 millones de pesos. “Hicimos los depósitos y firmamos los contratos para realizar las obras públicas, pero jamás recibimos los recursos para comenzar a trabajar”, remata el Ing. Julio César Rodríguez. Al respecto, los 7 empresarios que fueron defraudados entre los meses de enero, febrero y marzo de 2012 con más de 20 millones de pesos, a principios de este año demandaron una averiguación previa en la Fiscalía General del Estado de Durango pero, nuevamente, como en la mayoría de los casos en los que se ven relacionados servidores públicos de filiación priísta, la Fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso no ha hecho absolutamente nada para consignar esta averiguación previa ante un juez.

Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General de Durango. Sigue libre Raúl Castañeda, agresor de Fernando Miranda, director de raza cero, a quien amenazó e intentó “levantar” el pasado 20 de marzo.
Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General de Durango. Sigue libre Raúl Castañeda, agresor de Fernando Miranda, director de raza cero, a quien amenazó e intentó “levantar” el pasado 20 de marzo.

Estos son solo algunos ejemplos de los muchos atropellos que cotidianamente cometen principalmente el gobierno priísta estatal de Durango y el municipal, que con una política opaca de “comunicación social” han blindado con cantidades millonarias de dinero del erario a la mayoría de los medios de comunicación locales para que difundan masivamente sus promocionales y declaraciones en los que remarcan, según ellos, sus logros y avances en materia de seguridad, transparencia, fomento al empleo y desarrollo social de manera triunfalista, adjudicándose, hasta el cansancio, la autoría de la construcción del faraónico puente El Baluarte, que en realidad tiene su origen en recursos federales promovidos en las administraciones presidenciales panistas.

Así se las gastan las administraciones gubernamentales estatal y municipal encabezadas por Jorge Herrera Caldera y Adán Soria Ramírez, simulando, protegiendo negocios personales, cometiendo actos de corrupción y saqueando las arcas públicas para, mediante engaños, pretender mostrarle a la ciudadanía resultados que están lejos, muy lejos de la realidad.

 

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