México, gobernado por mafias

Sin timón, nuestro país cada día se hunde más en el abismo en el que comenzó a caer más abruptamente desde la llegada de los presidentes “neoliberales” entreguistas. Si de por sí la nación ya había comenzado a entrar en una crisis política seria a partir del sexenio de Adolfo López Mateos (1958-1964), en el que se ejerció una represión brutal a los movimientos sindicales y a connotados activistas sociales, que se agudizó en el sexenio diazordacista con la matanza de Tlatelolco, en 1968, y al inicio de la administración echeverrista con la matanza del Jueves de Corpus, del 10 de junio de 1971, fue en la gestión del presidente José López Portillo, una de las más corruptas de la historia de México, donde finalizó el dominio de los presidentes “políticos” o “nacionalistas” para dar paso a los tecnócratas o neoliberales… o más bien depredadores y saqueadores.

Con la llegada al poder en 1982 del grisáceo Miguel de la Madrid Hurtado comenzó el desmantelamiento del Estado mexicano preparando la venta de casi todas las empresas paraestatales pues para esta nueva élite de gobernantes  mafiosos, vestidos con trajes de casimir impecables, era más redituable hacer quebrar a esas paraestatales y venderlas al mejor postor que erradicar la corrupción y vicios que provocaban su mal funcionamiento.

Así, en estas negociaciones los principales beneficiados no fueron los ciudadanos mexicanos sino estos mismos presidentes, junto con sus séquitos de familiares y amigos, los que hicieron fortunas personales incalculables durante las transacciones de las ventas de las paraestatales y posteriormente, llegando al descaro de pertenecer a los consejos directivos de dichas empresas, como Ernesto Zedillo, que luego de culminar la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México y dejar la presidencia obtuvo un cargo como socio y consejero de una de las empresas ferroviarias extranjeras que adquirió parte de los Ferronales.

Luego, en los sexenios panistas “de la transición democrática” comenzarían a prepararse las privatizaciones de PEMEX y la CFE, que hoy, en este sexenio de Enrique Peña Nieto, parecen ser ya inminentes ante la apatía e indiferencia de la mayoría del pueblo mexicano, que no sabe exactamente lo que esto significa ya que si ahora los precios de la gasolina y combustibles son caros, con la entrega de PEMEX a capitales extranjeros el atraco a la ciudadanía será mucho peor, como igual lo será con el cobro de las tarifas de electricidad, que si hoy son leoninas, con la participación privada lo más probable es que millones de mexicanos no podamos pagar este servicio.

Ante la voracidad, ya no del neoliberalismo ni del capitalismo salvaje, sino del vandalismo oligárquico, la sociedad mexicana no está respondiendo de manera enérgica, como sí lo están haciendo las sociedades de otras partes del planeta en donde han logrado frenar las embestidas de las hordas delincuenciales que encabezan los gangsteriles acaparadores del dinero.

En México, esta falta de respuesta social y el marcado entreguismo y corrupción extrema de nuestros gobernantes, aliados en su vergonzante “Pacto por México”, está provocando la ingobernabilidad ya que ante las tibias protestas ciudadanas los gobernantes se han dedicado al saqueo abierto de las arcas públicas y a enriquecerse ilícitamente haciendo negocios turbios al amparo del poder. Después de todo ¿quién los castiga si ellos mismos se han encargado de aplicar infinidad de candados “legales” para que a la ciudadanía, cuando los denuncia por sus fechorías cometidas, le sea prácticamente imposible dar seguimiento a sus querellas para que se apliquen castigos ejemplares a los vivales.

Hoy, tanto el presidente de la República como los gobernadores de los estados, alcaldes, fiscales generales, jefes policíacos, jueces y magistrados, están más entregados a hacer transas con empresarios mafiosos, narcotraficantes, tratantes de personas y demás bandas delictivas para hacer enormes fortunas de la noche a la mañana, que en gobernar.

En la capital del país, el D.F., el cobro de “cuotas de piso” a empresarios y comerciantes, implementado por los carteles delictivos perredistas que “gobiernan” en las delegaciones políticas, está lesionando la planta productiva  al grado de estar provocando el cierre de infinidad de negocios que representan una importante fuente de empleos. Así, con la amenaza de estos clanes mafiosos “oficiales” de clausurarles sus negocios a través del Instituto de Verificación Administrativa del gobierno del D.F., miles de empresarios y comerciantes son obligados a pagas cuotas mensuales que oscilan entre los 5 mil y 50 mil pesos, hasta que ya no les es posible seguir pagando las extorsiones y cierran sus negocios.

Todo lo anterior nos deja ver que estamos gobernados por auténticas mafias y que somos un país en el que los ciudadanos de bien, que son la mayoría, por su sumisión y falta de interés en los asuntos públicos ha dejado en manos de delincuentes su futuro y el futuro de sus hijos.

Por eso vivimos ya en un Estado fallido, porque permitimos que nuestros gobernantes nos roben y engañen.

Hoy, por el absoluto deterioro político y social, en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y casi en todo el territorio nacional se viven situaciones de guerra y estados de sitio implementados por el crimen organizado que han obligado a poblaciones enteras a formar grupos de autodefensa para protegerse. Esto significa el fracaso total del Estado y significa también nuestro fracaso como sociedad porque no hemos sido capaces de detener las corruptelas e ineficacias de nuestros gobernantes.

Es hora de que la sociedad mexicana reflexione a reserva de que en breve ese fuego que ya está ardiendo en varias partes de la República nos queme las puertas de nuestras casas.