Agreden libertad de expresión en el Tribunal Superior de Justicia de Durango

    En Durango tan buen negocio es la impartición de justicia que algunos jueces y magistrados hasta son propietarios de minas de metales preciosos.

     

    De la redacción de razacero.

    Derivado de las denuncias de la ciudadanía que nuestro medio informativo ha publicado en contra de algunos jueces que ejercen prácticas de corrupción, y de las quejas por la ineficacia que el Presidente Magistrado de este Tribunal, Lic. Apolonio Betancourt Ruiz, exhibe para combatir estas anomalías como Presidente del Consejo de la Judicatura de este Tribunal, el libre acceso de nuestros voceadores al recinto público que alberga las instalaciones de este Tribunal ha sido negado por sus autoridades.

    Sin querer informar de dónde o de quién proviene la orden para impedir que los voceadores del periódico razacero ingresen al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, como siempre lo habían hecho para ofrecer nuestros ejemplares al personal que labora en esta institución, el personal de seguridad notificó el día de hoy a nuestros voceadores que ya no podrán realizar esta libre práctica de la libertad de expresión.

    A través de diversas fuentes, desde hace tiempo sabemos que al Lic. Apolonio Betancourt Ruiz le incomoda sobremanera que se expongan en los medios de comunicación locales sus yerros y las corruptelas que cometen algunos jueces que ponen en entredicho el profesionalismo y seriedad con que debe conducirse esta institución a la hora de impartir justicia a la ciudadanía.

    Hoy, debemos recordarle al Presidente Magistrado de este Tribunal, Lic. Apolonio Betancourt Ruiz, que a los ciudadanos duranguenses también les molestan las actitudes prepotentes, y en muchos casos corruptas, que algunos de sus jueces manifiestan, y que perjudican sus patrimonios y hasta sus libertades corporales por poner la justicia en manos del mejor postor.

    También debemos recordarle al Lic. Apolonio Betancourt Ruiz que como Presidente Magistrado de este Tribunal y como Presidente de su Consejo de la Judicatura es un funcionario público que tiene la obligación de ser profesional, competente y eficaz para castigar los abusos y tropelías que cometen algunos de los jueces que laboran en esta institución.

    Como funcionarios públicos, somos los ciudadanos quienes pagamos los generosos sueldos que él y su personal devengan y lo único que esperamos es que realicen su labor con total honestidad e imparcialidad.

    Como ciudadanos, nos indigna ver y saber que algunos jueces y magistrados duranguenses han hecho de la impartición de justicia un magnífico negocio personal, al grado de hasta ser propietarios de minas de metales preciosos.

    Esta restricción absurda de no permitir a nuestros voceadores el ingreso a un recinto público como lo es el Tribunal Superior de Justicia del estado de Durango, no hace más que acentuar el papel oprobioso que están desempeñando algunos funcionarios de este Tribunal.

    Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestro cometido proporcionándole a la ciudadanía duranguense una tribuna en la que pueda ejercer su libertad de expresión denunciando los atropellos que cometen algunos funcionarios públicos.

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