Durango: Dictadura perfecta

¿Quién audita al gobierno corrupto de Jorge Herrera Caldera?

 

Fernando Miranda Servín.

 

En caballo de hacienda, nada parece detener las tropelías que cotidianamente comete la mafia hamponeril priísta que gobierna el estado de Durango. Identificados, según la vox populi, con el catolicismo local ligado al Yunque, los integrantes de este gremio altamente delincuencial jamás aprendieron en sus clases de catecismo la mayoría de los diez mandamientos de la ley de Dios, especialmente los que rezan: no robarás, no dirás falso testimonio ni mentiras y no codiciarás los bienes ajenos.

Con un gobernador ineficaz y corrupto la ciudadanía de Durango, Gómez Palacio y Lerdo está a merced del crimen organizado.

Hoy, con la bendición del obispo, el estilo más acabado de este cartel es “legalizar” las violaciones a la ley que han cometido. Legalizar lo ilegal como si nada hubiera pasado.

Una muestra de ello es la reciente aprobación de la Ley Orgánica de la UJED, por parte del Congreso estatal, con 21 votos a favor, emitidos obviamente por los diputados priístas, y 6 en contra, luego de que a principios de este sexenio, en septiembre de 2010, estos mismos diputados violentaran la autonomía de la UJED por órdenes del gobernador Jorge Herrera Caldera imponiendo de manera ilegal a una rectora interina mediante un albazo legislativo.

En este teatro en el que el gobierno estatal, la diputación priísta y el funcionariato oficialista de esta casa de estudios intentan propagar la imagen de que “el contenido de las reformas tiene su origen al 100% en las propuestas de la comunidad universitaria”, como si los duranguenses no supieran que en todo lo que lleva la administración del gobernador Jorge Herrera Caldera, éste y su hermano Antonio son los que han impuesto de manera ilegal a tres rectores y a la mayoría de los directores de las escuelas y facultades de la UJED, precisamente para que estos elaboraran este esperpento de reforma como miembros de la Junta Directiva y del Consejo Universitario, reforma que, según ellos, “fortalece la autonomía de la máxima casa de estudios duranguense incrementando la participación de los jóvenes en el Consejo Universitario”, esos jóvenes integrantes de las sociedades de alumnos que en su totalidad están bajo el control estricto del gobierno estatal de Herrera Caldera, quien llegó al grado de imponer a su sobrino como presidente de la sociedad de alumnos de la facultad de Derecho. Esta es la “democracia” dictatorial que prevaleció alrededor de esta nueva Ley Orgánica de la UJED que fue aprobada sin contratiempos gracias también a la indiferencia de la comunidad universitaria y a la escasa y débil protesta de los integrantes del Frente Único de Defensa de la Autonomía Universitaria (FUDAUJED).

Así las cosas, la UJED ya tiene su nueva Ley Orgánica, pero sigue padeciendo los mismos vicios que siempre ha padecido, como el tráfico de influencias, la duplicidad de plazas, fraudes, “aviadurías”, ausentismo descarado de profesores en sus aulas y vergonzoso proteccionismo a los integrantes de las sociedades de alumnos de sus escuelas y facultades, a quienes atascan de dinero de manera ilícita, les regalan calificaciones y les permiten negociar impunemente becas y todo tipo de promociones, haciendo de esta universidad académica una auténtica universidad del crimen ya que de estas sociedades de alumnos salen los futuros gobernantes de Durango, como el actual presidente municipal electo de su capital, Esteban Villegas, ex líder estudiantil a quien el ex gobernador Ismael Hernández Deras le llenaba los bolsillos de dinero ilegal.

Lo mismo sucede en el Instituto de Cultura del Estado de Durango en donde luego de dos años de saqueos e ineptitudes de su anterior directora, la Ing. Corín Martínez Herrera, fue puesto en su lugar otro personaje harto conocido por servir como encubridor de corruptos, Rubén Ontiveros Rentería, ex coordinador del organismo descentralizado del gobierno estatal llamado Transformadora Durango, objeto de infinidad de denuncias por los malos manejos del presupuesto que se dieron en su interior. Hoy, las mismas prácticas corruptas ejercidas por Corín Martínez Herrera las está llevando a cabo Rubén Ontiveros, funcionario despótico que se niega a dar audiencias a los creadores de Durango que se lo requieren para tratar asuntos relacionados con la corrupción e ineficiencia de este instituto. Es Rubén Ontiveros el que hoy encubre los entuertos de Corín Martínez, quien hasta la fecha está sujeta a investigación en un juicio político demandado por media docena de trabajadores de la cultura duranguenses que, con pruebas testimoniales y documentales, la acusan de desvíos millonarios de recursos públicos, nepotismo, enriquecimiento ilícito e ineptitud en el desempeño de sus funciones públicas.

Pero en Durango no pasa nada, precisamente por la imposición de una dictadura perfecta en la que el virrey, Jorge Herrera Caldera, es quien ordena absolutamente todo y sin cuyas órdenes nadie se mueve… y los que se atreven a moverse terminan en la cárcel.

Los saqueos a las arcas presupuestales del estado de Durango se volvieron mucho más evidentes durante esta administración de Jorge Herrera Caldera, en la que las demoliciones de inmuebles públicos para edificar plazas y hoteles se pusieron de moda inflando los costos de dichas demoliciones, como cualquier gobierno de mafiosos lo haría. Y al derrumbar y remodelar esos inmuebles surge otro gran negocio para estos gobernantes vivales, que rápidos y diligentes se aprestan a alquilar propiedades particulares a familiares y amigos para albergar las oficinas que ocupaban esos lugares derruidos o modificados, pagando, por supuesto, rentas exorbitantes con el dinero de los contribuyentes, como sucede en el ICED que desde hace seis años paga más de 100 mil pesos mensuales de renta por la residencia particular que ocupan sus oficinas, y como sucede actualmente en el DIF estatal cuyas instalaciones fueron demolidas  para vender el terreno a una famosa cadena hotelera, y hoy sus oficinas para prestar servicios a la ciudadanía se han fragmentado ocupando en renta varias propiedades particulares en distintos puntos de la capital duranguense “para servirle mejor a la ciudadanía”.

¿Quién audita a este gobierno si el secretario de la Contraloría estatal es un personaje impuesto por el gobernador?

¿Cuántos millones de pesos del erario van a parar a manos de unos cuantos a través de estas prácticas corruptas que todos conocemos pero nadie aplica la ley para castigarlas pues el único que podría es el personaje más corrupto de este virreinato, el virrey Jorge Herrera Caldera?

A todo esto se suman los grandes fraudes y negocios personales que tras bambalinas este peligroso grupo de gobernantes llevan a cabo para terminar de enriquecerse mientras el estado entero se hunde en la miseria y la inseguridad, especialmente en La Laguna, en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, lugares que el gobernador Jorge Herrera Caldera ha preferido dejar en manos de la delincuencia organizada por su marcada ineptitud para brindar seguridad a la ciudadanía, como de igual manera ha dejado en manos de la delincuencia a las principales corporaciones policíacas del estado: la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General, en donde explicablemente sigue despachando la Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, conocida por permitir a sus subordinados la práctica de la tortura para obtener confesiones de delitos que no cometieron los ciudadanos que tienen la desgracia de caer en los separos de esta desacreditada institución.

El cartel priísta de Durango, en las últimas elecciones, se volvió más dictadura por el oprobioso carro completo que obtuvo utilizando los recursos materiales y humanos del gobierno estatal y la compra vergonzosa de “periodistas” y medios masivos de comunicación, así como de líderes y candidatos de partidos de “oposición”.

Hoy, este cartel, heredero del viejo priísmo depredador, gobierna a su antojo y sigue haciendo fortunas mal habidas al amparo del poder frente a una ciudadanía que, de manera incipiente, ha comenzado a despertar y a mostrar su repudio, no solo al PRI sino a todos los partidos políticos que no le sirven para nada, como quedó demostrado en las elecciones de julio pasado en las que solamente votó el 42% del electorado, y el presidente municipal electo de la ciudad de Durango, el priísta Esteban Villegas, llega al poder con menos del 20% de votos del padrón electoral razón por la cual la dictadura perfecta que ejerce este cartel priísta norteño podría abollarse mucho más en las próximas elecciones si la mayoría de los electores ya no se dejan deslumbrar por el espejismo de los partidos de “oposición”, uno de los cuales, el Movimiento Ciudadano, fue fortalecido por el mismo gobierno estatal para aparentar una supuesta democracia, farsa que cayó por tierra después de las elecciones al saberse que los únicos beneficiados de este partido fueron los hermanos de su dirigente estatal, el Dr. José Ramón Enríquez Herrera, quien también fue candidato a la alcaldía y cuyos consanguíneos resultaron “electos” para ocupar una diputación local y una regiduría en el ayuntamiento de Durango.

Si los ciudadanos duranguenses reflexionan esta situación, y de no surgir otra alternativa como las candidaturas ciudadanas, el abstencionismo en las elecciones de 2016 podría ser mucho mayor al 58% del listado electoral que se registró en el pasado proceso electoral, poniendo en riesgo, ahora sí, la permanencia “legítima” del grupo delictivo que actualmente ostenta el poder.

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