Ejército asesino y gobernantes espías

De pronto, los ciudadanos mexicanos, asumiendo una actitud totalmente sumisa, nos hemos convertido en rehenes de una especie de dictadura silenciosa, quizá más efectiva y sanguinaria que las que existieron en los peores momentos históricos de Latinoamérica, en las décadas de los años setenta y ochenta: en Centroamérica, con los gorilatos de Anastacio Somoza, en Nicaragua; del general José Napoleón Duarte, en El Salvador; de Efraín Ríos Montt, en Guatemala; Rafael Videla, en Argentina y Augusto Pinochet, en Chile. Y es que ante el aumento gradual de la violencia, tanto de los grupos de la delincuencia organizada como de las policías y fuerzas armadas del Estado, nos hemos acostumbrado a vivir y a convivir con hechos sanguinarios que nos afectan directa o indirectamente y que suceden en las puertas de nuestras casas. Ante esto, alarma la indiferencia de una sociedad que es capaz de salir todos los días de sus hogares rumbo a sus trabajos esquivando cadáveres en las calles sin exigir a sus gobernantes que pongan fin de una vez por todas al infierno de Dante que estamos viviendo. A la fecha, ya van más de 60 mil muertes acaecidas en nuestro país bajo la administración del priísta Enrique Peña Nieto, muertes relacionadas con el crimen organizado y genocidios cometidos por el Ejército mexicano y policías de los tres niveles de gobierno en varios estados de la República. En este baño de sangre han perecido desgraciadamente miles de ciudadanos inocentes, y otros más han sido encarcelados, como el fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán, el Dr. José Manuel Mireles Valverde; la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Néstora Salgado, y muchos más activistas de varias entidades federativas. Así, en esta segunda parte de la guerra contra el narcotráfico, iniciada por el ex presidente dipsómano Felipe Calderón, de paso se sigue criminalizando a los luchadores sociales que representan obstáculos para la mafia priísta que ostenta el poder.

Gobiernos federal y estatales. No hay dinero para Educación y Salud, pero sí hay dinero para espiar.
Gobiernos federal y estatales. No hay dinero para Educación y Salud, pero sí hay dinero para espiar.

Se encarcela a aquellos que se oponen a que los habitantes de sus ciudades y sus pueblos sean extorsionados por las bandas del crimen organizado; se priva de la libertad a aquellos que rechazan que sus tierras de origen sean expropiadas para llevar a cabo la nefasta reforma energética; se reprime y apresa a quienes se resisten a que el agua de sus comunidades sea extraída para que unos cuantos vivales gobernantes y sus socios empresarios se enriquezcan… se desaparece a estudiantes y se asesina a sangre fría a los periodistas que hacen eco de estos latrocinios. Ahora, en medio de este terrorismo de Estado, la revista Proceso recientemente reveló lo que muchos ya intuíamos: la práctica de una política de exterminio ordenada desde la más alta esfera del gobierno mexicano, es decir, por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En su edición 2018, del 4 de julio de 2015, este prestigiado medio de comunicación publicó el reportaje especial titulado “Las ejecuciones de Tlatlaya: la cadena de mando llega a Peña Nieto”, de la periodista Gloria Leticia Díaz, en el cual se da a conocer parte de un documento confidencial obtenido mediante un amparo por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), institución que con su grupo de abogados está defendiendo a la señora Clara Gómez González, testigo del genocidio de Tlatlaya y madre de su menor hija asesinada en estos hechos. En dicho documento, titulado Plan Estratégico de Combate contra el Narcotráfico, fechado el 11 de junio de 2014, se expone la percepción del presidente Peña Nieto de que “el narcotráfico es la mayor amenaza a la seguridad nacional” y recomienda a la tropa “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”. Esta “instrucción” presidencial choca flagrantemente con el Estado de Derecho que los mexicanos nos hemos planteado en nuestra Constitución, toda vez que no es tarea del Ejército perseguir al narcotráfico y “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, y mucho más cuando los mandos castrenses han interpretado el verbo abatir como asesinar o exterminar. En este contexto de crímenes de Estado ordenados por el presidente Peña Nieto han sido eliminados miles de inocentes, entre ellos la hija menor de edad de la señora Clara Gómez González, secuestrada por los supuestos delincuentes de Tlatlaya ejecutados luego de que ya se habían rendido y se encontraban sometidos por los soldados del 102 Batallón de Infantería: igual suerte corrió la hija de Clara Gómez, de 15 años de edad. Y lo mismo sucedió en Iguala, el 26 de septiembre de 2014, en donde el Ejército, nuevamente, tuvo una participación activa en el secuestro y desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ahora, sumado a estas revelaciones aterradoras, nos hemos enterado de las operaciones de espionaje que llevan a cabo instancias federales como las secretarías de Marina, de la Defensa, la PGR, PEMEX y gobiernos estatales como los del D.F., Baja California, Puebla, Querétaro, Campeche, Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Yucatán y Durango, tras el hackeo de que fue objeto la empresa italiana Hacking Team, a través del cual quedaron al descubierto los millonarios pagos que hacen estas instituciones y gobiernos a esta empresa por servicios de espionaje con el objetivo de obtener de manera ilegal información privada de ciudadanos, activistas sociales, políticos y medios de comunicación. Aparte de la ilegalidad de estas actividades ¿quiénes serán ahora los responsables del enorme saqueo que se ha hecho al erario para financiar estos espionajes? Porque una vez que estas instituciones y gobiernos estatales fueron exhibidos públicamente, sus respectivos voceros y representantes niegan, por supuesto, estar inmiscuidos en la comisión de este delito. Así las cosas, según los documentos dados a conocer que contienen relaciones de clientes selectos de la empresa italiana Hacking Team, tan solo el gobierno de Durango, que es uno de los estados más pobres de la República mexicana, le pagó 421,397 euros (7 millones 330,293 pesos) por espiar a destacados personajes de la política, empresarios y periodistas. Otras cifras superiores aparecen en esta danza de millones de pesos robados, sacados de nuestros bolsillos, mientras la mayoría de la población padece hambre, pero como sucede en la mayoría de los atracos que cometen nuestros gobernantes, dudamos que estas mafias que nos “gobiernan” castiguen a los culpables, o sea que se castiguen a sí mismos. Por todo lo anterior, esperamos que en los próximos procesos electorales de 2016 y 2018 la ciudadanía continúe despertando y escoja otras opciones políticas realmente auténticas que velen por los intereses del pueblo.

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