México, país sin ley

Amitad de sexenio, la administración que encabeza el presidente de la República Enrique Peña Nieto se resquebraja por el fracaso total que tiene en los aspectos político, social, económico y de seguridad. Y, con este desmoronamiento del grupo delincuencial que ostenta el poder federal, la partidocracia criminal también se derrumba por ser copartícipe del mal estado que guarda nuestra nación.

Desprestigiada, repudiada y sin credibilidad, la clase política parece dirigirse al desfiladero en estos próximos años electorales en los que tendrá que enfrentarse nuevamente al rechazo popular por las acciones, omisiones y traiciones que ha cometido en contra del pueblo de México.

En el aspecto político, el partido en el poder, el PRI, está haciendo lo mismo que ha hecho durante los últimos 90 años: saquear al país y hacer alianzas mafiosas entre sus carteles y con los demás partidos para que sus integrantes, que ocupan altos cargos en el gobierno federal y en los gobiernos estatales, permanezcan impunes por las atrocidades que cometen, felonías que van desde poner en manos de intereses extranjeros nuestras riquezas naturales hasta cometer un genocidio tras otro.

Y es que el “sistema político” mexicano, devenido en una partidocracia hamponeril, se ha compactado en un solo gremio delictivo dispuesto a todo, inclusive a matar a la ciudadanía, para lograr sus objetivos, que indefectiblemente son robarse nuestro dinero, hacer negocios particulares con recursos públicos y vender el patrimonio nacional para enriquecerse brutalmente y seguir manteniéndose en el poder. En este contexto, el único partido que queda excluido de este bloque mafioso es el MORENA, liderado por el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, a reserva de las actuaciones que tenga en un futuro inmediato en la Asamblea Legislativa del D.F., y en la Cámara de Diputados.

Por eso vemos que las “reformas constitucionales” (que no son más que contrarreformas) no están beneficiando al pueblo de México, ni lo beneficiarán, como así lo reveló uno de los más importantes sitios de información especializada del mundo, DeSmogBlog, al dar a conocer recientemente los correos electrónicos desclasificados de la ex secretaria del Departamento de Estado estadounidense, Hillary Clinton.

En dichos correos se evidencia la intervención directa de esta ex funcionaria del gobierno del presidente Barack Obama para presionar a los gobiernos del panista Felipe Calderón y del priísta Enrique Peña Nieto para conseguir, con el primero, la firma del Acuerdo Transfonterizo del Golfo de México, que permite a las compañías internacionales petroleras y gaseras explotar estos recursos en esta zona del territorio mexicano; y, posteriormente, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lograr la total apertura en todo el país diseñando con sus principales colaboradores la iniciativa de reforma energética que al pie de la letra propuso Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, iniciativa redactada a modo por Hillary Clinton y su equipo para dejar satisfechas a las principales empresas petroleras estadounidenses, como ExxonMobil, Chevron, BP, el Instituto Americano del Petróleo, los productores independientes de petróleo de Estados Unidos y otros. Estos personajes que integraron el equipo de Hillary Clinton hoy son socios y ejecutivos de las principales compañías estadounidenses que ya se aprestan a extraer nuestro petróleo.

El servilismo presidencial. Comprobado que la reforma energética fue diseñada y ordenada desde Washington.
El servilismo presidencial. Comprobado que la reforma energética fue diseñada y ordenada desde Washington.

Este reportaje, documentado por el periodista Steve Horn, deja al descubierto lo que ya muchos analistas mexicanos y extranjeros habían previsto: la injerencia directa del gobierno estadounidense en los asuntos internos de nuestro país, y también desnuda el proceder servil tanto del presidente Enrique Peña Nieto y de su gabinete como de los integrantes de las cámaras alta y baja del Congreso de la Unión y de los congresos locales de los estados, que en su mayoría votaron a favor de esta iniciativa de reforma energética elaborada en la Casa Blanca de los Estados Unidos.

Al respecto, cabe recordar la danza de cientos de millones de pesos que los senadores y diputados federales se repartieron entre sí durante las votaciones, no solo de la iniciativa de la reforma energética sino también de las iniciativas de las reformas laboral, fiscal, educativa y de comunicaciones, que en lo inmediato ya están causando serios estragos en el nivel de vida de la población, no así en esa minoría de gobernantes y oligarcas que están aumentando sus fortunas con los jugosos negocios privados que están haciendo derivados de estas reformas.

Pero ¿quién castiga a estos pillos? ¿Quién castiga a Enrique Peña Nieto y a su gabinete de Energía por traición a la patria? ¿Quién castiga a los senadores y diputados que se embolsaron cientos de millones de pesos del erario (de nuestro dinero) a cambio de votar a favor de la iniciativa de reforma energética que les mandó Hillary Clinton?

Hoy, lo que para estos traidores es fiesta para el pueblo de México es tragedia ya que todo lo que hace y deja de hacer esta partidocracia criminal se traduce en pobreza, en miseria y en muerte, como tragedias son la infinidad de asesinatos y genocidios que este gobierno dictatorial está perpetrando a lo largo y ancho del país en contra de ciudadanos comunes y de activistas sociales y políticos que no están de acuerdo con las rapacerías que está cometiendo, sin que los autores materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad sean castigados.

Ayer fue Tlatlaya, Iguala y Ostula, y hoy fue la Narvarte, colonia del D.F., en la que el pasado 31 de julio fueron asesinados cuatro mujeres y un hombre, entre los cuales se encontraban el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la antropóloga y activista social Nadia Vera, quienes habían sido amenazados por personeros del gobierno represor del estado de Veracruz, entidad en la que han sido asesinados 13 periodistas durante el sexenio del psicópata Javier Duarte de Ochoa.

Y, como siempre, la historia se repite, pues las investigaciones, a cargo de la procuraduría del D.F., ya fueron viciadas de origen intentando criminalizar a las víctimas y argumentando que “se trató de un simple robo”, aun cuando las cinco personas asesinadas presentaban el tiro de gracia, signo que caracteriza a las ejecuciones extrajudiciales.

Al respecto, la opinión del especialista internacional en seguridad y combate al crimen organizado, Edgardo Buscaglia, es demoledora al sugerir que el gobierno de Miguel Ángel Mancera no va a investigar exhaustivamente al gobernador sátrapa veracruzano Javier Duarte “… por el pacto de impunidad que existe entre la clase gobernante en el país ya que entre políticos se saben cosas y si alguno quiere actuar en contra de otro hay una instancia que le recuerda las corruptelas que ha cometido y, por consiguiente, no va a ejercer ninguna acción para aplicar la ley”, comenta Buscaglia, rematando: “en este, como en los demás casos de genocidios y asesinatos (en los que se encuentran involucrados gobernantes, elementos del Ejército, la Marina, policías y grupos paramilitares), a los deudos no les queda de otra más que acudir a tribunales internacionales para exigir que se haga justicia”.

Así las cosas, de no intervenir la sociedad para ponerle fin a este periodo de terrorismo de Estado que padecemos y despedir a la partidocracia criminal para darnos de inmediato un verdadero gobierno democrático y libertario, corremos el riesgo de que esta vergonzosa realidad, la de carecer de leyes, podría provocar el posible surgimiento de respuestas violentas masivas de esos sectores sociales que están siendo fuertemente golpeados por las fuerzas armadas, las policías y los grupos criminales y paramilitares financiados por el Estado represor que padecemos, y si hoy las cosas están muy mal seguramente se pondrán peor.

Manifestémonos por todos los medios y despidamos ya a la partidocracia criminal que ya ha demostrado servir a sus propios intereses y a intereses extranjeros. Démonos un gobierno ciudadano que restablezca el Estado de derecho, revierta los despojos de los que hemos sido objeto y recupere la paz social. Solo así evitaremos más derramamientos de sangre, solo así podremos erradicar la cruel y vergonzosa pobreza en la que se encuentra más de la mitad de la población mexicana.

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