Gorilato
La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el homicidio de otros tres, junto con seis ciudadanos más, perpetrados en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre del año pasado por fuerzas policíacas de los tres niveles de gobierno y el ejército mexicano que actuaron en contubernio con el cartel Guerreros Unidos son una más de las masacres que el priísmo y la ahora partidocracia criminal tendrán que cargar por el resto de lo que les queda de existencia.
Estos hechos, condenados por la comunidad mundial, hoy representan una vergüenza no solo para el régimen corrupto del presidente Enrique Peña Nieto sino para toda la sociedad mexicana que desde por lo menos la matanza del 2 de octubre de 1968 hemos sido complacientes y tolerantes de los baños de sangre que se han dado las mafias que nos han gobernado, asesinando con todo el poder del Estado a todos aquellos ciudadanos que han osado protestar por los atropellos que cometen durante el desempeño de sus funciones, sin que hasta la fecha hayamos tomado medidas drásticas para terminar con esta era de impunidad.
Por el contrario, dentro del marco de la “Guerra contra el narcotráfico”, emprendida por el nefasto ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa, las cosas se recrudecieron aún más con la intervención abierta de las fuerzas armadas (Ejército y Marina) en asuntos del orden federal que no les competen. Así, la cantidad de muertes por “daños colaterales” (léase viles homicidios) alcanzó números estadísticos solo vistos en guerras civiles y conflictos bélicos entre naciones.
Ante esto, la respuesta de la ciudadanía no fue ni ha sido la que se espera de una sociedad verdaderamente consciente de que estos hechos nos afectan a todos, tanto física y moral como política y económicamente, pues todos navegamos en un mismo barco que se llama México. Desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a caminar por las calles evadiendo a nuestros muertos y tapándonos la nariz ante el hedor de las fosas clandestinas que con frecuencia se descubren a lo largo y ancho de nuestra patria.
Esta falta de movilidad social ha permitido a los regímenes de derecha y a la partidocracia criminal terminar de afianzar lo que el escritor peruano Mario Vargas Llosa definió el 30 de agosto de 1990 como “la dictadura perfecta”, a tal grado que las fuerzas armadas de nuestro país, esas que nosotros mantenemos con nuestro dinero, se han erigido como entidades del Estado aisladas y no sujetas a las leyes nacionales e internacionales que como nación nos hemos dado y convenido con organismos externos.
Hoy, el genocidio de Iguala ha evidenciado la grave crisis de violaciones a los derechos humanos que padecemos y ha provocado la condena de los máximos organismos internacionales no gubernamentales y oficiales, como la ONU y la OEA, a quienes los portavoces de la administración del presidente Enrique Peña Nieto han descalificado con declaraciones obtusas y aberrantes, específicamente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asumiendo con estas actitudes la misma postura que toman los regímenes dictatoriales, es decir, la de la negación de sus atrocidades.
Y a tal extremo ha llegado la impunidad del Estado mexicano que el secretario de la Defensa, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, se niega a que los soldados involucrados en las acciones del 26 de septiembre de 2014 en Iguala sean interrogados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH que, como lo refieren los diputados federales que integran la comisión especial para investigar estos hechos, por ser coadyuvantes de los padres y familiares de las víctimas y porque como nación hemos firmado acuerdos internacionales de defensa de derechos humanos con organismos como la ONU y la OEA (a la que pertenece la CIDH) tienen facultades legales para realizar dichos interrogatorios.
Así las cosas, el secretario de la Defensa estaría cometiendo el delito de obstrucción a la justicia e inclusive podría ser sometido a juicio por la misma CIDH y la Corte Internacional de La Haya.
Y en la misma situación se encuentra el secretario de la Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, cuyos elementos desde hace dos meses mantienen aterrada a la población del municipio de Tamazula, Durango, en donde los marinos han asesinado a dos jóvenes y agredido a todos los habitantes con actos terroristas como ataques armados, quema de vehículos y robos de dinero y alhajas en las casas de los pobladores de esta demarcación, luego de que un helicóptero de esta institución cayera entre los poblados de Topiba y Los Medios, y fallecieran sus tripulantes por el impacto, pero los marinos del Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, sin averiguaciones previas de por medio, decidieron tomar represalias con todos los pobladores de esta región.
Este panorama advierte al mundo entero de que en nuestro país ya se ha instalado un gorilato semejante, igual o peor a los que sometieron por varios años a los pueblos de Centro y Sudamérica en las décadas de los años setenta y ochenta, ocasionando miles de muertes de civiles inocentes.
Como sociedad, todavía estamos a tiempo para terminar con esta noche oscura que nos persigue desde el 2 de octubre de 1968. Todavía estamos a tiempo para evitar más exterminios si salimos a las calles y rechazamos por todos los medios a este régimen sanguinario y a la partidocracia criminal que lo sostiene.