Descendiente de peligrosas familias de abigeos emparentadas (Del Mazo-Montiel-Peña) que desde los inicios del siglo pasado asolaron los municipios de Acambay y Atlacomulco, en el Estado de México, despojando de ganado y propiedades a sus habitantes hasta convertirse en caciques políticos (libro Los Golden Boys, de Francisco Cruz Jiménez, pág. 31), Enrique Peña Nieto es quizá el presidente de la República más corrupto y entreguista que hemos tenido los mexicanos, después de Antonio López de Santa Ana.

Enrique Peña Nieto, el presidente más corrupto e ineficaz de los últimos tiempos.
Enrique Peña Nieto, el presidente más corrupto e ineficaz de los últimos tiempos.

Siempre cobijado por el grupo político Atlacomulco, creado por aquél nefasto gobernador mexiquense, Isidro Favela, en 1942, Enrique Peña Nieto comienza a despuntar su carrera bajo el amparo de su tío, el entonces gobernador saqueador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, como su secretario de Finanzas de 1999 a 2005. En 2006, Peña Nieto asume la gubernatura con el obvio papel de proteger los insultantes robos al erario que cometió su predecesor. Y es a partir de este momento que Peña Nieto inicia su escandaloso enriquecimiento ilícito proporcionando, como gobernador mexiquense, millonarios contratos a un selecto grupo de empresarios a cambio de jugosas comisiones.

Uno de esos grupos que a la postre sería el favorito de Peña Nieto es el grupo Higa, encabezado por el empresario Juan Armando Hinojosa, a quien desde entonces Peña Nieto ha dado contratos que ascienden a muchos miles de millones de pesos; contratos y relaciones que, por supuesto, han lesionado severamente el presupuesto público por las condiciones en que se han acordado (precios inflados de obras, específicamente, y exenciones millonarias de pagos de impuestos), y han beneficiado sobremanera al presidente de la República y a su séquito de colaboradores más cercanos.

Estas relaciones oscuras de Enrique Peña Nieto con este grupo empresarial en particular tuvieron su clímax con la denuncia de La Casa Blanca de la familia Peña Rivera, hecha por el equipo de reporteros dirigido por la periodista Carmen Aristegui, que dejó al descubierto la magnitud de la corrupción practicada por Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México y como presidente de la República.

Pero aún con el caudal de pruebas documentales en su contra por la comisión de incontables delitos, como fraudes, peculados y tráfico de influencias, entre otros, Peña Nieto no ha sido sujeto a una investigación seria y profesional; por el contrario, él y su gabinete montaron el triste espectáculo de nombrar a un secretario de la Función Pública sin escrúpulos para “investigar” la probable responsabilidad penal y administrativa de Peña Nieto en el asunto de La Casa Blanca, dando como resultado lo que ya todos sabemos: la exoneración total del presidente por este funcionario de marras, Virgilio Andrade Martínez.

Este teatro mal escenificado por supuesto que no dejó satisfecha a la sociedad mexicana, que desde el inicio de este sexenio ha mostrado su rechazo abierto a la imagen presidencial, tanto por sus actitudes torpes como por su ineficacia para gobernar.

Así, ante la complicidad delictiva que se ha dado entre los representantes de las instituciones del Estado para proteger a un presidente de la República a todas luces corrupto, una organización social, el Congreso Nacional Ciudadano, se dio a la tarea de preparar una denuncia de hechos y solicitar una averiguación previa ante la Procuraduría General de la República en contra del presidente Enrique Peña Nieto por los delitos que resulten de su relación con el grupo Higa, así como solicitar un juicio político, también en contra del mandatario, por traición a la patria y por la comisión de delitos graves en lo referente a la iniciativa de reforma energética que Peña Nieto presentó ante el Congreso de la Unión para su aprobación y que pone en manos de grandes empresas extranjeras nuestra principal fuente de ingresos: el petróleo.

Estas denuncias, respaldadas por 58 mil firmas de ciudadanos, fueron presentadas el pasado 23 de diciembre de 2015 en las oficialías de partes de la PGR y del Congreso de la Unión, en la ciudad de México, por los principales representantes de esta organización, Gilberto Lozano González, Julián Le Barón y Karina Rodríguez. Al término de este acto histórico, Gilberto Lozano declaró a los medios de comunicación y a cientos de ciudadanos que se dieron cita en estos lugares para atestiguar este hecho sin precedente: “Con Peña Nieto ya tenemos dos millones más de pobres, un 1% de aplicación de la justicia, cero% de crecimiento económico; hoy, los mexicanos tenemos que pedirle permiso a un extranjero para visitar nuestras playas porque nuestros gobernantes ya las han vendido casi todas; los mexicanos son un grupo de esclavos maquiladores que ganan el salario mínimo más bajo en todo el planeta. El Congreso Nacional Ciudadano no ve la solución a estos problemas en el gobierno ni en los partidos políticos, ya que nos han demostrado durante más de 100 años que son más de lo mismo, son gente que se queja en las tribunas del Congreso de la Unión para vivir del mismo sistema podrido y recibir cientos de millones de pesos en prerrogativas, sueldos, bonos y compensaciones para mantener a una casta de políticos que tenemos que erradicar de México.

Gilberto Lozano, Julián Le Barón y Karina Rodríguez, en las afueras del Congreso de la Unión, momentos después de presentar la solicitud de juicio político en contra de Enrique Peña Nieto.
Gilberto Lozano, Julián Le Barón y Karina Rodríguez, en las afueras del Congreso de la Unión, momentos después de presentar la solicitud de juicio político en contra de Enrique Peña Nieto.

“Por eso 58 mil ciudadanos valientes firmaron estas denuncias con sus nombres y apellidos, porque estamos convencidos de que podemos cambiar las cosas. No buscamos cargos públicos, somos ciudadanos mandantes que estamos exigiendo a nuestros gobernantes que cumplan con su deber, el deber de salvaguardar el patrimonio de todos los mexicanos… cosa que no han hecho”, finalizó Gilberto Lozano.

Y aunque se antoja casi imposible que ambas solicitudes prosperen, ya que tanto la PGR como el Congreso de la Unión forman parte del Estado fallido y criminal que padecemos, este ejercicio del Congreso Nacional Ciudadano no deja de ser una demostración auténtica de que amplios sectores de la población mexicana ya están hartos del sistema político delictivo que nos gobierna, y que cada día hay más estratos que buscan el cambio en instancias ajenas a los partidos políticos que, ante este tipo de presiones sociales y la total carencia de resultados en el aspecto económico, están ya muy próximos a desaparecer.

Es indudable que más temprano que tarde los ciudadanos quitarán a los partidos políticos el privilegio de decidir el futuro de nuestra nación, ya que hasta el momento solo han sido asociaciones mafiosas que se han beneficiado a sí mismas sin importarles, para nada, la pobreza extrema en la que vive la mayoría de los mexicanos.

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