México presenta niveles de corrupción similares a los que tienen países como Filipinas, Armenia y Mali, además se ubica como el país “más corrupto” entre las 34 naciones que integran la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE).

Lo anterior se deriva del Índice de Percepción de la Corrupción 2015, de Transparencia Internacional, en el que México pasó del sitio 103 al 95, un avance de 8 lugares, aunque de los 100 puntos que el país podría conseguir en las evaluaciones sólo obtuvo 35 de puntuación.

En ese sentido, el organismo señala que no hubo cambios significativos para el país respecto del Índice de 2014, ya que la evaluación que obtuvo fue la misma del indicador anterior y su avance fue porque siete países quedaron fuera de la evaluación.

El reporte de Transparencia Internacional sobre corrupción coloca a México en el lugar 34 de los 34 países que integran la OCDE, en el 7 de los que conforman los BRICS, en el 17 de los del G20 y en el décimo de los que forman parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el organismo, países como Trinidad y Tobago, Jamaica, Panamá, Perú, Brasil y Colombia registraron mejores evaluaciones que las de México porque cuentan con mejores controles, sistemas de castigo y monitoreo.

En América, Canadá aparece con el mejor ranking al obtener 83 puntos, mientras que los más bajos fueron Haití y Venezuela con 17 puntos de 100.

La evaluación más alta fue para Dinamarca, seguida de Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda y Holanda, mientras que las más bajas fueron para Corea del Norte y Somalia, con 8 puntos de los 100 posibles.

El Índice de Transparencia Internacional considera la percepción de corrupción en 168 países en el sector público.

Países miembros de la OCDE.
Países miembros de la OCDE.

Y mientras estos resultados devastadores se dan a conocer a nivel internacional, aquí en nuestro país nos enteramos, de acuerdo a un análisis publicado por el periódico Reforma el pasado 19 de enero, que bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto la deuda pública del país alcanzó los 8.2 billones de pesos, es decir, casi el doble de lo alcanzado por los presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

Al respecto, Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytic’s, declaró que este endeudamiento público tan exagerado “obedece a la poca mesura en el gasto público durante la administración actual”.

“Detrás de este crecimiento del endeudamiento público está el manejo fiscal y monetario del país. No hay que culpar al precio del petróleo porque si el precio sube, hay que ahorrar; pero si cae, hay que gastar menos”, concluye el análisis del periódico Reforma.

OHLPero como nuestro país está gobernado por mafias, estas no entienden absolutamente nada de economía de Estado ya que su único objetivo es depredar el patrimonio nacional y hacer negocios personales con recursos públicos, como lo demuestran los escándalos OHL y las mansiones faraónicas de los principales integrantes del gabinete presidencial, que se han enriquecido ilícitamente otorgando ventajosos contratos millonarios a empresarios nacionales y extranjeros a cambio de comisiones oprobiosas.

PÁG. 2. (2). Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, integrantes de uno de los gabinetes presidenciales más corruptos que ha tenido México en toda su historia
Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, integrantes de uno de los gabinetes presidenciales más corruptos que ha tenido México en toda su historia

Hoy, estos carteles políticos se han manifestado ya abiertamente como una variante más del crimen organizado, solo que más sofisticada pues a diferencia de los carteles de las drogas en los que sus integrantes arriesgan sus vidas en enfrentamientos sangrientos para disputarse los territorios por donde se realiza el trasiego de estupefacientes, los gremios delictivos conformados por las altas cúpulas de los gobiernos federal y estatales actúan de manera soterrada, protegiéndose a sí mismos, ya sea legislando de manera dolosa para poner en manos del mejor postor las riquezas naturales de nuestro país o dilatando, ignorando o archivando las acusaciones que la ciudadanía les hace para que respondan por sus latrocinios. Así, mientras el otro crimen organizado dirime sus diferencias a base de metralla, la clase política mexicana se roba miles de millones de pesos sin que una sola gota de sangre manche sus almidonados cuellos blancos.

En este lamentable panorama ya se encuentra en marcha el proceso electoral de junio de 2016, que será la antesala de la sucesión presidencial de 2018, y precisamente por todo lo aquí expuesto y el peso lapidario que representa para el Estado mexicano la impunidad en el genocidio de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se espera que la sociedad mexicana comience ya a arrebatarle importantes espacios de poder a la partidocracia corrupta, ya sea desde los mismos partidos que por su impopularidad no les está quedando más remedio que proponer a candidatos externos o a través de las candidaturas independientes auténticas.

La otra opción, que quizá sea la más viable, es la consolidación del Nuevo Constituyente a nivel nacional, promovido por el obispo Raúl Vera López, para reestructurar nuestra nación y revertir los graves daños que nos han hecho los clanes políticos delictivos que siempre han estado al servicio de la oligarquía voraz.

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